Sergio Araya: Lectura de los últimos acontecimientos vividos por en Costa Rica: de la crisis pandémica global a la crisis política nacional

A las puertas de la conmemoración del Bicentenario de la vida independiente, la República de Costa Rica encara hoy un punto de inflexión en su devenir histórico.   En el pasado ante circunstancias similares en cuanto a su significado, trascendencia e impacto, hubo el norte de mira apropiado para su acometimiento en la dirección adecuada para el salto cualitativo requerido.  

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Sergio Araya AlvaradoPolitólogo.

En los últimos días,  la sociedad costarricense observa una intensa dinámica de naturaleza socio-política, caracterizada por la ocurrencia en simultáneo, de una secuencia de acontecimientos de similar significado,  en diferentes espacios que, más allá de su vertiginosidad, conmueven de forma real los cimientos de  una estructura  cuyos bordes aún no avizoraba la penetración de los efectos combinados de pendientes históricos de gran hondura y problemas propios de la actual coyuntura pandémica.

Como suele suceder en todo hecho social de impacto,  sus manifestaciones visibles son la resultante de dinámicas y sub-dinámicas multifactoriales, acaecidas casi de forma imperceptible y cuyo origen temporal, casi siempre se sitúa a considerable distancia del momento de su visibilidad colectiva

Entre los acontecimientos acaecidos de forma reciente se enumeran los siguientes:  la presentación por parte del Equipo Económico del Poder Ejecutivo el día 17 de septiembre, de una propuesta de contenidos a incluir en las conversaciones previstas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), anunciadas por el Presidente de la República desde el mes de julio; las protestas de distintos sectores sociales articulados en el movimiento autodenominado “Rescate Nacional” expresadas inicialmente en bloqueos de carreteras y puntos estratégicos del país, iniciadas el día 30 de septiembre y que fueron escalando en su nivel de agresividad, fuerza y violencia conforme transcurrían los días; el retiro de la propuesta gubernamental para las conversaciones con el FMI el 4 de octubre ante su rechazo generalizado que la tornaba inviable;  la renuncia el 8 de octubre a la dirección del movimiento Rescate Nacional de unos de sus referentes más connotados: el exdiputado y excandidato presidencial José Miguel Corrales; la convocatoria  conjunta a un diálogo multisectorial por parte de los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo el día 11 de octubre y su cancelación tan sólo tres días después; la denuncia penal interpuesta por el Poder Ejecutivo contra los líderes del Movimiento Rescate Nacional el día 15 de octubre; el acuerdo firmado por el titular de la organización empresarial Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) con líderes del “Movimiento Rescate Nacional” en la noche del propio 15 y su fuerte censura por parte del Presidente la República a mediodía del 16 y la suscripción por parte de los titulares de los cuatros Supremos Poderes de la República en la noche de ese mismo día, así como la Declaración emitida por todos los expresidentes de la República el día 17 de octubre.

De la secuencia antes esbozada sobresalen tres por su significado y alcance. A saber:

17 de septiembre: el inicio de una nueva etapa de la crisis. 

Sustentado en una narrativa gubernamental de que el país “no debe ni puede repetir” la crítica situación de los años 80, cuando el precio del dólar se quintuplicó y la pobreza llegó hasta el 54% de los hogares costarricenses y con un panorama socio-económico muy comprometido, donde los indicadores de contracción económica, desempleo abierto, subempleo, pobreza y pobreza extrema, entre otros registran elevados indicadores negativos, en algunos de ellos, como el desempleo, de alcance histórico, y ante un efecto concreto directo de todo lo anterior en las finanzas públicas del Estado, reflejado en la merma de alrededor de ¢1,2 billones, equivalente según el Ministerio de Hacienda a “4 veces el presupuesto anual del Ministerio de Obras Públicas y Transportes”, la Administración Alvarado Quesada apostó a concretar un Acuerdo con el organismo multilateral, como la alternativa para lograr ingresos económicos por el orden de los $1.750, que le proveyeren liquidez para atender obligaciones y responsabilidades afectadas por dicha disminución de los ingresos fiscales y que además le generara espacios de credibilidad ante otros organismos similares, agencias internacionales calificadoras de riesgo y potenciales inversores extranjeros.

Tras la presentación del contenido de la propuesta  intitulada “Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia” en la fecha antes referida, surgieron voces de crítica y oposición por parte de distintos actores políticos y sociales. Más allá de la diversidad de sus fuentes, los cuestionamientos podrían alinearse en dos grandes categorías.

En una de ellas se incluiría las expresiones de rechazo absoluto a la propuesta de alcanzar un acuerdo con el FMI y en la otra se aglutinaría a quienes cuestionaron el contenido de la propuesta, especialmente por su énfasis en la dimensión fiscalista, aproximadamente un 80% de sus medidas, pero coincidían con el Gobierno en la necesidad de acudir al FMI.

La diferencia central entre ambas posturas, a saber la concreción de un acuerdo con el FMI, marcaría de ahí en adelante la dinámica socio-política reproducida en las semanas subsiguientes, reflejado en los distintos métodos de canalización de sus agendas y en el  reconocimiento recibido por parte de las autoridades políticas públicas de su legitimidad como posibles interlocutores.

Así quienes se oponen al acuerdo con el FMI elevaron el tono de su protesta. Algunos de quienes enarbolan esta postura, articulados en el autodenominado Movimiento Rescate Nacional,  optaron por la vía de hecho para dotarse de fuerza política.

En paralelo a ello, el Gobierno descartaba validarlos como interlocutores, en tanto tales bloqueos persistieran.

Se abría de esta forma una nueva dimensión de la crisis pandémica. Centrada muchos meses en la sanitaria que le dio origen y en las económica y social derivadas directamente de aquella y de forma indirecta por los modelos de atención adoptados para su abordaje, se abría las puertas a la dimensión política.

30 de septiembre: cuando lo político comenzó a ser afectado. 

Desde el último día del mes septiembre y por espacio de más de quince días, el país enfrentó bloqueos de decenas de carreteras y puestos fronterizos estratégicos, caracterizados por una amplia participación de representantes de sectores sociales. Si bien conforme transcurría el tiempo, la afectación se generalizó a todo el territorio nacional, sus principales focos se situaron en las regiones históricamente más deprimidas y con altos niveles de rezago en materia de desarrollo humano integral.

Más allá de su base plural, el Movimiento Rescate Nacional reivindicó su vocería, especialmente a través de algunos actores con un común denominador: su paso por la Asamblea Legislativa.

A partir del 30 de septiembre las figuras de los exparlamentarios José Miguel Corrales Bolaños, Célimo Guido y Óscar Campos se convirtieron en las figuras más reconocidas del movimiento.

Conforme avanzaron los días y ante la ausencia de acercamientos entre las autoridades públicas y los voceros del movimiento de protesta, la tensión siguió en aumento, expresado en el número  de los enfrentamientos entre policía y manifestantes así como en su grado de virulencia, arrojando, durante un lapso de  15 días de movilizaciones-, un registro de más de un centenar de heridos y otras tantas personas detenidas.

Las tesis firmes y radicalmente opuestas del Gobierno y los manifestantes alrededor del posible acuerdo con el FMI, provocaron que medidas como el retiro de la propuesta del 17 de septiembre, decisión anunciada por el Presidente de la República  el día 4 de octubre mediante cadena nacional, con el propósito de , acabara con las protestas. Esto a pesar de que, en dicha intervención el Mandatario indicó que lo hacía por haber “acogido con humildad” el llamado de la población” en esa dirección.

En ese sentido, el llamado aludido, parecía entonces provenir exclusivamente de los sectores agrupados en la postura más cercana a la tesis oficial de la inevitabilidad del acuerdo con el FMI.

A estas alturas, el conflicto social escalaba y, como suele suceder en tales escenarios, emergen otros acontecimientos que tienden a complejizar aún más el hecho y amenaza con hacerlo incontrolable.

Informaciones variadas pululan por doquier. Algunas posiblemente construidas, con o sin intención deliberada; otras sustentadas en situaciones reales, pero magnificadas o minimizadas, según el enfoque e intereses, del respectivo emisor.

En el actual contexto histórico, donde las comunicaciones virtuales dominan la escena, con sus ventajas y oportunidades de veloz multiplicación y débil capacidad de filtración previa; pero también con sus amenazas y negativas inherencias, como son las llamadas “fake news” y “verdades alternativas”, así como su sobreabundancia de contenidos, difíciles de ser adecuadamente procesados y menos aún, rigurosamente reflexionados, convergió con la clásica instrumentalización de la comunicación en tiempos de conflicto, dado por resultante una auténtica “Torre de Babel” generadora de ruido, opacidad y paralizante incerteza,

Lo anterior  devino en el caldo de cultivo idóneo para profundizar la de por sí precaria confianza social vigente y con ello, agrietar aún más los ya endebles puentes de diálogo intersectoriales, debilitados durante mucho tiempo por una gobernanza errática, reactiva y en mucho no sólo desconectada de los sentires y necesidades de amplios segmentos del fraccionado cuerpo social existente, sino además promotora de una lógica de acción binaria, donde la confrontación de opuestos absolutos ganó espacio en detrimento de la cooperación entre distintos en aras de alcanzar su bien común.

Enfrentamientos abiertos entre civiles y efectivos de las fuerzas policiales y arengas incendiarias en ascenso explosivo, junto a la ampliación en tiempo y dureza de bloqueos, cuyo clímax se observó en la auténtica batalla campal ocurrida en frente de la Casa Presidencial el día 12 de octubre, paradójicamente fecha de la conmemoración del Encuentro de las Culturas.

Aunado a esta escalada del conflicto, y en parte corresponsable de aquel, se suma la renuncia intempestiva de uno de los voceros más emblemáticos del movimiento Rescate Nacional, José Miguel Corrales el antes citado día 8 de octubre. Su salida, amén de sorpresiva para muchos, no estuvo exenta de polémica, al afirmar en un video hecho público en redes la posible penetración del narcotráfico en el movimiento, acuerpando de manera indirecta, argumentaciones similares esgrimidas en días previos por las autoridades de seguridad pública del país y utilizadas como válida justificación para mantener la postura oficial de no dialogar con sus vocerías.

Ambas aseveraciones, las institucionales y las esgrimidas por uno de sus miembros más reconocidos, así como las fuertes declaraciones de los que permanecían  al frente del mismo, donde proliferaron calificativos de dictatorial, represor y tergiversador endilgadas a las autoridades del Ejecutivo, contribuyeron a darle una nueva configuración al conflicto.

A partir de estos hechos, el movimiento fue catalogado por el Gobierno de la República como un grupo desestabilizador y conculcador de derechos y ello lo llevó a denunciarlos ante el Ministerio Público por los delitos de sedición, entorpecimiento de servicios públicos, obstrucción de vías e instigación pública.

Lo anterior, ocurrido el día 15 de octubre, implicó una evolución del conflicto, donde la dimensión política de la  crisis, confirmó su acto de aparición.

Huelga señalar que las medidas antes citadas fueron en parte, la respuesta del Poder Ejecutivo a las demandas provenientes de distintos sectores que le reclamaban acciones concretas para acabar con el conflicto. Ejemplo de lo anterior los comentarios posteados el día 8 por el Expresidente Óscar Arias Sánchez  en sus redes digitales y recogidas por distintos medios de comunicación.

He aquí algunas de esas, que por su fuente y por ser síntesis del sentir de muchos de esos sectores, incluidos algunos medios de comunicación, es oportuno transcribir:

En estos días hemos visto con sorpresa, con indignación y preocupación el ascenso del país de una espiral de bloqueos y enfrentamientos perpetrados por un grupo minúsculo que se ha rogado de manera ilegítima la representación del pueblo. Ellos pretenden ahora imponernos su voluntad por la vía de la fuerza, esto es algo que como sociedad no podemos permitir, sin importar nuestra filiación política o nuestra tienda ideológica debemos rechazar categóricamente estas acciones y exigir el cumplimiento de la ley. la ingobernabilidad solo se vence reafirmando el poder de quienes fueron electos para gobernar, en ninguna democracia los grupos de facto están por encima de los representantes elegidos en las urnas por el pueblo. Costa Rica es un estado de derecho, eso quiere decir que nuestros conflictos se resuelven en las instituciones, no en las calles, las únicas personas que han recibido un mandato para actuar en nombre de la ciudadanía son las autoridades electas hoy quiero sumarme a quienes exigen de nuestro gobierno acciones más enérgicas, hoy quiero insistir en la importancia de que nuestros conflictos se ventilen en las instancias previstas para esos afectos y que usemos herramientas políticas para navegar este momento crítico” (Pérez, 2020)

Paralelo a lo anterior, la oferta de diálogo planteada en cadena nacional por los dos titulares de los Supremos Poderes Ejecutivo y Legislativo, el día 11 amén de excluir al movimiento Rescate Nacional, ahora catalogado de sedicioso, enfrentaba problemas de aceptación por los sectores a los cuales se había invitado de manera expresa. Tópicos relacionados con las cuotas de representación de los sectores sociales y la metodología propuesta por el Informe Estado de la Nación, en su condición de facilitador técnico del proceso, se tornaron en objeto de cuestionamientos que dieron al traste incluso con su instalación.

Simultáneamente a los acontecimientos descritos, distintos sectores iniciaron acciones tendientes a des-escalar el conflicto y  a la vez identificar opciones programáticas orientadas a dar respuesta a los problemas detonadores de la crisis, entre ellos, e tema fiscal.

Sobresale el planteamiento de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular dado a conocer el día 07 de octubre.  Específicamente su llamado a la convocatoria a un Foro multisectorial de diálogo social cuyo objetivo central es identificar de manera inclusiva, transparente y respetuosa el rumbo del país y la concreción del bienestar común.

En su momento, esta iniciativa fue percibida como un espacio paralelo al convocado cuatro días después por los Presidentes de la República y del Directorio Legislativo respectivamente, e incluso fue catalogado como el indicador más evidente de la existencia de un peligroso vacío de poder, derivado del debilitamiento de la figura institucional en el poder, atribuida a lo que muchos sectores consideraban la ausencia de acción proactiva del poder político formal en la gestión de la crisis, responsable en gran medida, según dicha lectura, del agravamiento de la misma y de su ampliación a la dimensión política.

En concordancia con los acontecimientos desencadenados durante la tensa semana del 12 al 16, en una suerte de confirmación práctica del vacío de poder antes advertido, la plataforma de diálogo ofrecida por la Asamblea General de Trabajadores del Banco Popular devino en la potencial válvula de escape de la explosiva coyuntura. La sumatoria de más de 72 organizaciones, entre ellas las que rechazaron el llamado efectuado desde el poder político formal, así parece confirmarlo.

La crisis política escaló también de nivel con el diálogo sostenido entre dos titulares de la UCCAEP y los voceros del Movimiento Rescate Nacional, hecho acaecido el día 15 de octubre.

Asombro, indignación, rotundo rechazo y algunas voces de apoyo matizado por el supuesto impacto directo conseguido por dicho encuentro, a saber: el levantamiento unilateral de los bloqueos, convergieron como reacción ante un suceso desarrollado bajo la absoluta discrecionalidad y del cual se supo públicamente tras  darse a conocer en redes un breve documento suscrito por los participantes de la reunión y en el que, encabezado por una proclama alusiva al esfuerzo conjunto por recuperar la soberanía y la paz nacional, se instaba a a realización de un diálogo social, transparente y sin exclusiones.

Aunque el texto circulado en redes digitales no lo señalaba en forma explícita, firmantes del documento en representación de ambos sectores, coincidían en arrojarse el logro de la suspensión inmediata de los bloqueos aún vigentes en distintos puntos del territorio nacional.

De las posturas más furibundas en contra de este acto, sobresale la expresada por el Presidente de la República al mediodía del día 16. En un inusual tono enérgico y con un discurso fuerte cargado de calificativos duros, Carlos Alvarado Quesada reiteró la categorización de grupo sedicioso y amenazador de la institucionalidad democrática, dada por su Administración al grupo líder de los bloqueos y catalogó como “una mancha a la democracia” la ocurrencia de tal acto, señalando que los titulares de la UCCAEP suscriptores del documento resultante de aquella reunión “habían dado la espalda a la democracia”.

La tensión provocada por este acto, especialmente observada en redes digitales, llevó a dos actos inmediatos de valor simbólico relevante.

A saber; la suscripción el propio 16 en horas de la noche de un Manifiesto de los Supremos Poderes, donde amén de reiterar el llamado al diálogo nacional, plasmaba el cierre de filas de sus titulares en torno a la democracia, la institucionalidad del país y la Constitución.

El día 17 es dada a conocer una carta firmada por seis de los últimos siete expresidentes, donde también reafirman su compromiso con la constitucionalidad, al estado de derecho, las autoridades y  la policía que actúa en ejercicio de sus competencias, así como con  las libertades públicas de la población.

Empero en esa misma misiva pública, los Ex – Jefes de Estado hacían suya la valoración presente en un segmento considerable del imaginario colectivo, en cuanto a la inacción gubernamental en el peor de los escenarios, o al menos tardía en el escenario más benevolente. El quinto párrafo de la misiva así lo señala: “Las autoridades legítimamente establecidas deben ejercer sus competencias con efectividad y sentido de urgencia, y con vehemencia exhortamos al gobierno de la república a asumir esa responsabilidad” (Arias, Calderón, Chinchilla, Pacheco, Rodríguez, & Solís, 2020)

Conclusión 

La crisis pandémica de carácter global encontró a Costa Rica en una situación sumamente vulnerable. Problemas estructurales combinados con situaciones conflictivas de carácter coyuntural, agudizados con una gestión errática de los conductores políticos actuales recrean el escenario ideal para la existencia de una gran crisis integral, donde lo sanitario, lo económico, lo social y lo político, exhiben señales de agotamiento. La polarización presente en la sociedad desde tiempo atrás, alimentada por una lógica binaria de confrontación, hoy azuzada por los efectos de los rezagos históricos, magnificados por el impacto de la pandemia y su abordaje institucional potencia una persistente desconfianza colectiva, aceleradora de la pérdida de cohesión social, y de la reducción de maniobrabilidad de la institucionalidad política pública, deviniendo en un triste círculo vicioso, donde los problemas centrales, como la pobreza, desigualdad y asimetrías siguen creciendo y abonando más “leña a la hoguera”.

A las puertas de la conmemoración del Bicentenario de la vida independiente, la República de Costa Rica encara hoy un punto de inflexión en su devenir histórico.

En el pasado ante circunstancias similares en cuanto a su significado, trascendencia e impacto, hubo el norte de mira apropiado para su acometimiento en la dirección adecuada para el salto cualitativo requerido.

La generación del bicentenario inspirada en sus ancestros, debe asumir ese legado y estar a la altura de los actuales acontecimientos.

Es la Patria, la casa común, la que está en juego.

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