Sergio Araya: Reducción de la campaña electoral en tiempos de COVID-19 ¿solución o problema?

Antes bien, tanto tal argumentación esgrimida, como el propósito de incluir en la reducción de la dinámica electoral los espacios avocados al cumplimiento de las pocas actividades formales  reproducidas por los partidos políticos, complementarias a la propia campaña electoral, activa dudas razonables en torno a los objetivos subyacentes a dicha conexión.

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Sergio Araya AlvaradoPolitólogo.

A propósito de una posible negociación entre fuerzas políticas con representación parlamentaria, tendiente a acortar el periodo de campaña electoral correspondiente a los próximos comicios nacionales programados para el día 6 de febrero de 2022, huelga elaborar algunas reflexiones generales.

Ha sido una constante en la discusión pública del país la conveniencia de hacer ajustes a distintos aspectos del proceso electoral contemplado en la legislación vigente, entre ellos, lo concerniente a su extensión temporal y a su costo económico.

Incluso, la misma norma autoriza a hacer variaciones a la magnitud del presupuesto contemplado para su financiación, tal y como ha sido lo usual en los últimos procesos comiciales, en donde la tónica ha sido disminuir el monto total previsto para la atención de este fin.

Desde la perspectiva del análisis existen corrientes a favor y en contra con respecto a la mantención del modelo electoral adoptado por la sociedad costarricense.

A diferencia de otros países, en Costa Rica se concibe razonable destinar recursos económicos públicos  al proceso electoral y todo lo que en él se desarrolla.

En primera instancia se garantiza el sostenimiento permanente de la autoridad pública organizadora y reguladora de lo electoral, así como de los rubros inherentes a la gestión de cada proceso electoral específico, sea de alcance nacional o de carácter municipal.

La independencia del Tribunal Supremo de Elecciones, consagrado en la Carta Magna se expresa de manera operativa en la forma en que es integrado, donde es resorte de la Corte Suprema de Justicia y no de la Asamblea Legislativa, la selección e instalación de su Magistratura; en la imposibilidad legal recaída en la totalidad de sus funcionarios, fijos y ocasionales, de poseer activa participación en el quehacer político partidista  imperante; en su asignación como autoridad y referente obligatorio en materia de consultas sobre reformas en materia jurídico-electoral y en la dotación de un presupuesto propio manejado de forma autónoma.

Adicionalmente, la potestad constitucionalmente dada de financiar actividades de corte electoral e incluso de alcance permanente, como son los componentes de capacitación y organización, de los partidos políticos formalmente inscritos y que hayan intervenido en la dinámica político-electoral nacional, refuerza la trascendencia dada por el constituyente de 1949 al instituto del sufragio y a la figura del partido político, como pilares del sistema democrático representativo mediante el cual se organizó políticamente la sociedad costarricense.

El artículo 96 constitucional reza literalmente:

…El Estado contribuirá a sufragar los gastos de los partidos políticos, de acuerdo con las siguientes disposiciones: 1) La contribución será del cero coma diecinueve por ciento (0,19%) del producto interno bruto del año trasanterior a la celebración de la elección para Presidente, Vicepresidentes de la República y Diputados a la Asamblea Legislativa. La ley determinará en qué casos podrá acordarse una reducción de dicho porcentaje. Este porcentaje se destinará a cubrir los gastos que genere la participación de los partidos políticos en esos procesos electorales, y satisfacer las necesidades de capacitación y organización política. Cada partido político fijará los porcentajes correspondientes a estos rubros. 2) Tendrán derecho a la contribución estatal, los partidos políticos que participaren en los procesos electorales señalados en este artículo y alcanzaren al menos un cuatro por ciento (4%) de los sufragios válidamente emitidos a escala nacional o los inscritos a escala provincial, que obtuvieren como mínimo ese porcentaje en la provincia o eligieren, por lo menos, un Diputado…” (Tribunal Supremo de Elecciones)

La adopción de las disposiciones antes citadas se inscribe en los fines de fortalecimiento de la cultura democrática de la sociedad y la institucionalidad política del país.

No obstante lo anterior, como suele suceder en muchas aristas del quehacer humano, ocurren brechas entre el deber ser inspirador del orden establecido y lo que ocurre en la práctica concreta.

Los aportes otorgados por el Estado al proceso, especialmente en lo tocante al sub-sistema de partidos políticos contribuye poco en su fortalecimiento institucional y, a través suyo, en la consolidación de la cultura democrática aspirada.

Antes bien, según evidencian de forma recurrente distintos estudios de opinión, los partidos políticos poseen un nivel bajo de legitimidad, traducido en una adherencia ciudadana en descenso.

Los recursos destinados a las actividades electorales contribuyen poco a formar conciencia social capaz de orientar una voluntad política informada y materializada en la decisión del voto emitido en las urnas; por el contrario, un alto porcentaje de ese aporte es empleado en campañas mediáticas, similares en forma y fondo, a sus pares del ámbito del comercio de bienes y servicios.

Empero más allá de estas evidencias de debilidad, es una quimera suponer que la reducción formal del proceso electoral tenga un impacto directo que no sea en la cantidad de fondos públicos destinados para su financiación; en la restricción de ciertas tareas propias de quienes ostentan cargos de poder en el Ejecutivo o en la dotación de atribuciones reguladoras al órgano electoral público, de actividades de naturaleza proselitista desarrolladas por los partidos y de auscultación de la opinión pública efectuado por distintos actores del entramado social.

El Código Electoral contempla como periodo oficial de campaña cuatro meses calendario, contados a partir de la convocatoria a elecciones por parte del Tribunal Supremo de Elecciones  hasta la fecha en que se efectúan y es en ese lapso donde entran a regir las regulaciones aludidas en el párrafo anterior, así como se cuantifican las actividades objeto de la financiación pública. Empero, en la práctica cotidiana,  el país  vive en una suerte de “permanente campaña electoral”, tal y como se advierte en el comportamiento de los propios partidos políticos, cuya estructura parece únicamente movilizarse en torno a objetivos y acciones de orden esencialmente electoral, sea a su interior, sea hacia el entorno.

A partir del reconocimiento de esta realidad, la propia legislación electoral ha incluido procesos internos de las agrupaciones políticas dentro del ámbito de su jurisdicción y cuyas fechas de ejecución tienden a situarse en periodos de tiempo anteriores al inicio de la campaña electoral propiamente dicha, a saber: renovación de sus estructuras de dirección; procesos de selección de sus candidaturas a puestos de elección popular. Esto sin demérito del respeto a la llamada autorregulación organizativa de los partidos políticos, la cual empero debe supeditarse al cuerpo jurídico superior del que forman parte las normas propias de cada uno de ellos.

Es por lo anterior que, más allá de reiterar el otrora usual llamado a reducir el periodo de campaña formal, que en la práctica justifica la reducción de la asignación presupuestaria prevista por concepto de aporte estatal, que en sí es incluso predecible por su alta tasa de aceptación popular, evocar el carácter excepcional de la presente coyuntura histórica por la presencia de la Pandemia provocada por el SARS-Cov2 y la necesaria concentración de fuerza y atención en el abordaje de sus efectos en las dimensiones sanitaria, económica y social, particularmente en lo tocante al posible acuerdo suscrito por el Gobierno de la República con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para otorgarle mayor viabilidad y legitimidad, parece innecesario y más bien, abre portillos a la suspicacia y la sospecha.

Por otra parte, si esa reducción supone además afectar las fechas de ejecución de los procesos  internos de los partidos políticos establecidos en la normativa,  a la  vez que sigue sin evitar “la dinámica de campaña permanente de hecho”, sí puede dar al traste con la poca actividad institucional-formal reproducida por aquellos,  mediante la  cual del todo no permanecen inmovilizados en época no electoral.

En síntesis: reducir el plazo electoral formal y disminuir el monto de aporte estatal, amén de no ser algo novedoso, empero parece poco apropiado justificarlo a la luz de la presente crisis pandémica y su implicación en la profundización de problemas tangibles en los órdenes económico, social e institucional del sistema político costarricense.

Antes bien, tanto tal argumentación esgrimida, como el propósito de incluir en la reducción de la dinámica electoral los espacios avocados al cumplimiento de las pocas actividades formales  reproducidas por los partidos políticos, complementarias a la propia campaña electoral, activa dudas razonables en torno a los objetivos subyacentes a dicha conexión.

Más bien, el proceso de renovación del relevo en la conducción de las agrupaciones, así como la definición de quienes aspirarán en su nombre a ejercer los altos cargos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo a partir de mayo de 2022, podría contribuir a transparentar el diálogo en torno a tan sensibles temas e incluso, convertirlos en ejes de discusión nacional, en clara correspondencia con los propósitos planteados por la actual Administración a través de su estrategia de diálogo “Costa Rica escucha, propone y dialoga”, favoreciendo una potencial elevación del contenido de la discusión política del país, tan venida a menos con el devenir de los años.

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