Sergio Iván Alfaro Salas/ Ministro de la Presidencia 2015 -2018 y Diputado 2007 – 2010

La Administración Chaves ya ha convertido en su marca personal el culpar a otros de lo que ellos no han sabido gestionar, acompañado del lanzamiento apresurado de propuestas que son inviables o que carecen de sentido con tal de mostrarse dinámicos y decididos en su estrategia de redes sociales. En la penosa situación de los anuncios sobre el racionamiento eléctrico esto no ha sido la excepción.

Sobre la mala gestión en el ICE

En este caso, la polvareda de los anuncios de racionamiento se levanta de seguido al muy criticado, violento y vacío discurso presidencial del 2 de mayo que, a algunos días de distancia, ya parece más otro movimiento mediático de distracción que una necesidad de gestión de emergencia. Aun así, los cortes de electricidad parece que vendrán con certeza y con consecuencias reales para la gente.

Los datos que se han revelado y otros que son de acceso público, han dejado bien claro que la responsabilidad de la inadecuada gestión de las reservas de agua en los grandes embalses recae de forma absoluta en la gestión de la actual administración. Los jerarcas sometidos al dictum presidencial han dejado ver su desesperación por entregar aparentes resultados muy llamativos para que el señor Chaves pueda sobredimensionarlos y presumir en su show semanal y, cuando las noticias no son buenas, facilitar un argumento, aunque sea falso, que permita culpar a un tercero.

En el caso particular, resulta plenamente demostrable que ya en diciembre del 2022, el Instituto Meteorológico emitió un pronóstico formal en el que dijo que para marzo 2023 la condición de La Niña habría decaído y el fenómeno pasaría a una fase neutra. Al tener el fenómeno de El Niño (ENOS) un ciclo temporal muy conocido y estudiado, los conocedores de la materia ya podían, desde antes de ese pronóstico formal de diciembre de 2022, prever que la situación climática cambiaría (Aquí puede consultarse la colección de boletines https://www.imn.ac.cr/boletin-enos Boletín diciembre del 2022:  https://www.imn.ac.cr/documents/10179/524227/%23156%28diciembre%29 ).

Por otro lado, el plan de expansión de la generación vigente que yo obtuve del sitio web del ICE en julio de 2023 (pueden verlo aquí), escribe en su portada el año 2023 pero, si se observa la página 5, es muy claro que el documento está planteado originalmente desde 2020. Este documento es una actualización no muy profunda, al punto que dejaron la huella de la fecha 2020 por todo lado, hasta en los encabezados de cada página.

En este documento queda claro que desde al menos el 2022 (sino es que desde 2020) estaba planteada la expansión recomendada para entrar a generar en el 2024, incluso señalando el tipo de fuente a utilizar (como muestra el gráfico siguiente). Esta planificación se la encontraron las autoridades actuales cuando asumieron su puesto en mayo de 2022 y no fue sino hasta marzo de 2024 que adjudicaron algunos de los proyectos previstos y recomendados en ese plan. Así que se pasó todo 2022 y 2023 sin adjudicar lo que tenía que entrar en funcionamiento en 2024. Sabemos  que el actual Presidente del ICE fue anteriormente Gerente de Electricidad de la misma entidad, por lo que me parece impensable que no priorizara esta necesidad en su gestión.

Con estos elementos es posible concluir, en mi opinión, que la prioridad de la administración Chaves fue impulsar una operación financiera anclada en generar y exportar toda la electricidad que pudieran en 2022 para que las utilidades de esa exportación se vieran reflejadas en el estado financiero y, en consecuencia, impactaran las tarifas eléctricas a la baja en 2023.

Esta decisión permitiría exhibir un rimbombante logro de gobierno, como efectivamente se hizo en la conferencia de prensa del 26 de abril de 2023 (ver vídeo), elogiando los resultados financieros del año 2022 como un éxito de gestión gerencial del Instituto, cuando en realidad lo que hicieron fue una mala gestión al comerse las reservas para enfrentar la temporada de sequía que ya sabían que vendría.

Todo ese proceso de toma de decisiones relacionado con el uso de los recursos de reserva y las advertencias sobre las previsiones climáticas para 2023 y 2024 debe estar documentado, así que si quieren investigar la ruta crítica de decisiones el material estará ahí.

Sobre el lanzamiento de una idea sin sentido para salir al paso

Como parte de la argumentación alrededor de los racionamientos de electricidad y buscando hacer cargar culpas en otras espaldas, propiamente las de Irene Cañas, el gobierno señaló que la responsabilidad de la escasez de energía recaía en la decisión de la anterior presidenta ejecutiva de detener el PH Diquís y, con el fin de reafirmarlo, las autoridades indicaron la posibilidad de retomar la construcción de dicho proyecto.

A pesar del conocimiento técnico limitado que uno puede tener. Esta propuesta resulta realmente extraña y disociada de la evolución de las tecnologías de aprovechamiento de otras fuentes de energía y de su almacenamiento, así como de la evolución a la baja de los costos de esas tecnologías alternativas. También está disociada de la realidad material del impacto ambiental de un proyecto como ese.

Según muchos expertos, la construcción del PH Diquís generaría un daño irreparable e injustificado al Humedal Térraba-Sierpe, el más importante de Centroamérica y calificado como sitio RAMSAR y, también, el proyecto afecta directa e indirectamente territorios indígenas. Estas dos condiciones por sí mismas auguran una disputa legal y técnica enorme, que tardará años en resolverse y una enorme cantidad de recursos para financiar todo lo relacionado con la disputa (abogados, peritajes, estudios científicos, etc.) y con la consulta obligatoria a las comunidades indígenas.

Además, según este reportaje https://delfino.cr/2018/11/quiero-entender-por-que-el-ice-dio-marcha-atras-con-el-p-h-diquis (Nov. 2018), PH Diquís es un proyecto que requiere una inversión enorme de ₡2.000.000.000.000 colones ($3.225 millones con TC de ₡620), para generar 650 MW. Y, como todo proyecto de esa magnitud, tendrá un buen poco de costos paralelos e inesperados, así como enormes riesgos constructivos.

Para ilustrar comparativamente esa inversión, en este enlace https://ornatesolar.com/blog/the-5-largest-solar-power-plants-in-the-world se reportan las 5 plantas solares más grandes actualmente y también facilita unos datos que pueden servir, otras fuentes confirman la inversión reportada en estos dos proyectos, veamos:

  • La planta número 1, ubicada en India, es de 2245MW y la inversión reportada es de $1.300 millones (806.000.000.000 colones con TC 620). Comparados con los datos de PH Diquís, resulta un 36% de la inversión por 3,45 veces la cantidad de potencia.
  • La número 2, ubicada en China, es de 2200MW y la inversión fue de $2.300 millones (1.426.000.000.000 colones con TC 620). Comparados con los datos de PH Diquís, resulta un 71% de la inversión por 3, 38 veces la cantidad de potencia.

Todo esto sin cuantificar económicamente el impacto ambiental evitado sobre el humedal. Que, en caso de desarrollarse el proyecto, a mi juicio, es posible argumentar jurídicamente que esa externalidad negativa deba ser incorporada a los costos y, en consecuencia, a los precios de venta de la energía que produzca.

Por último, el argumento en favor de estas grandes hidroeléctricas es que son una garantía de energía firme para dar soporte a fuentes variables, como son casi todas las renovables. Sin embargo, en muchos lugares esa garantía está comenzando a brindarse con otros sistemas de almacenamiento, como parques de baterías, normalmente asociados a las plantas de generación, para poder recargar las baterías con los excedentes.

Este artículo del New York Times sobre el uso de los grandes parque de baterías en Estados Unidos de América es un buen ejemplo de ello (Giant Batteries Are Transforming the Way the U.S. Uses Electricity https://www.nytimes.com/interactive/2024/05/07/climate/battery-electricity-solar-california-texas.html?unlocked_article_code=1.qU0.a7bm.q9tFILTsiu_u&smid=wa-share) y no el único, ya que hay múltiples ejemplos de instalaciones de este tipo en la Unión Europea.

En conclusión, a mi juicio, queda más que claro que las autoridades de la Administración Chaves sacrificaron las reservas de agua para la generación hidroeléctrica para obtener un logro mediático de cortísimo plazo, generando la materialización de un riesgo que era previsible y prevenible. A la vez que, con la finalidad de culpar a otros y hacer creer en su estrategia mediática que tienen a mano una solución, proponen retomar el PH Diquís sin haber valorado de ninguna forma la viabilidad material o financiera de realizarlo en las condiciones actuales.

Para terminar, no quisiera soslayar que también existe un sentimiento amplio de que la gestión y planificación de largo plazo por parte del ICE ha quedado en deuda y es muy posible que esa condición sea una responsabilidad de mucho más larga data que el actual gobierno ya que desde finales del siglo XX se impuso al ICE una serie de condicionantes para su operación (sobre todo financieros). En lo personal, mi reclamo podría centrarlo en mi expectativa de que el ICE, lleno de personal preparado y capaz, liderara de forma proactiva y decidida la adopción de cambios tecnológicos en el aprovechamiento de fuentes alternativas, así como la transformación del modelo, incorporando nuevas dinámicas como la generación distribuida, para dar un ejemplo. Hoy las fuerzas que podrían liderar estos cambios no necesariamente están centradas en el desarrollo sostenible, equitativo y solidario con que fue fundado el ICE, de ahí la importancia de prestar mucha atención a las decisiones que están en curso.