Silvia Hernández Sánchez: Una ultima legislatura para la próxima década

Presidenta de la Asamblea Legislativa de Costa Rica Inauguración de la Cuarta Legislatura San José, 1ro de mayo 2021

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Muy buenas tardes, señoras y señores diputados, miembros de la prensa, costarricenses, familiares y amigos que nos acompañan por los diferentes medios de comunicación,

Quiero empezar agradeciendo la confianza que mis compañeras y compañeros diputados han depositado en mí para presidir esta Asamblea Legislativa en el último año de este período constitucional. Asumo este cargo con un enorme sentido de responsabilidad, consciente de la magnitud de la tarea que tengo por delante, pero también con gran humildad, convencida de que el éxito de su ejecución solo será posible mediante el diálogo, la negociación y los aportes de todas y todos los costarricenses.

También felicito a los diputados Carlos Avendaño Calvo, Rodolfo Peña Flores, Xiomara Rodríguez Hernández, Aida Montiel Héctor y Otto Roberto Vargas por su elección al directorio legislativo. Agradezco la voluntad que han demostrado por construir en conjunto y reconozco su compromiso al servicio del país.

Me honra convertirme en la cuarta mujer en asumir la presidencia del primer poder de la República en los casi 200 años de historia parlamentaria de Costa Rica. Me anteceden en este puesto tres mujeres distinguidas, Rose Mary Karpinsky, Rina Contreras y Carolina Hidalgo, quienes dignificaron con su labor este cargo. Con un enorme sentido del deber con el país, me comprometo a dejar el mismo legado para la próxima mujer que ocupará esta presidencia. Confío, que en un futuro no muy lejano.

El país esperó 14 años entre la elección de la primera y la segunda mujer presidenta de la Asamblea Legislativa. Eso es mucho tiempo. Afortunadamente, gracias a las mujeres que insistieron en abrirse espacios en la política y rompieron los “techos de cristal”, esta es la Asamblea Legislativa con más representación femenina en la historia del país. Es, también, la primera vez que se elige en la presidencia legislativa a dos mujeres en el mismo periodo constitucional. Desde aquí, hago un llamado para que continuemos con esta práctica en el futuro, con el fin de garantizar la paridad de género en los espacios de toma de decisiones.

Aprovecho esta oportunidad para reconocer la candidatura de mi compañera diputada María Vita Monge, a quien admiro y respeto, por compartir conmigo la convicción de que una mujer debía presidir esta Asamblea Legislativa en este último año. Con nuestras candidaturas, enviamos un mensaje claro a la ciudadanía sobre la Costa Rica que queremos ver reflejada en nuestras instituciones democráticas: una Costa Rica cada día más igualitaria, con las mismas oportunidades para hombres y mujeres.

Desde aquí, quiero también felicitar, a las y los trabajadores en su día, y dedicar este saludo especialmente a las y los trabajadores del sector de la salud, quienes desde hace más de un año han trabajado incansablemente – tanto en nuestro país como más allá de nuestras fronteras – para combatir y contener los efectos devastadores de la pandemia de la Covid-19. Gracias, muchas gracias por cuidarnos y por cuidar a Costa Rica.

El inicio de una nueva legislatura siempre trae oportunidades para reajustar el rumbo del país y mejorar la gobernabilidad del sistema político, con el fin de responder mejor a las necesidades de las y los ciudadanos, siempre atendiendo a los constantes cambios en el contexto nacional e internacional. En este caso, siendo la última legislatura de la actual Asamblea Legislativa, esa oportunidad es aún mayor si ponemos como prioridad el futuro del país y tomamos las decisiones ambiciosas que se requieren de cara a la próxima década.

Hoy enfrentamos retos institucionales y socioeconómicos ya conocidos, pero en este momento magnificados por la pandemia, sin conocer aún su alcance definitivo y efectos de largo plazo. Al mismo tiempo que combatimos una emergencia de salud pública sin precedentes en la historia moderna del país, más de un millón de personas continúan trabajando en la informalidad y casi medio millón están desempleadas. Aunque suene trillado, hay que repetirlo: las finanzas públicas permanecen deterioradas, a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho desde este recinto para sanearlas en las pasadas legislaturas. Asimismo, nuestra economía permanece profundamente dañada luego de que el año anterior se contrajera en un 4,5%, la peor contracción desde 1982.

En este escenario económico complejo, una ciudadanía cada vez más participativa y consciente de sus derechos reclama por mejores servicios públicos, por más oportunidades de empleo, por una mejor educación, por una pensión digna, por más certeza sobre el rumbo del país. Con recursos limitados y opciones de política pública comprometidas por la enorme estrechez fiscal que experimenta el país, debemos fijar las prioridades nacionales de manera clara, responsable, prudente y con datos que respalden cada una de las decisiones que tomemos en este parlamento.

Hago un llamado al Poder Ejecutivo para que en este último año aporte a la mesa de discusión legislativa una agenda clara y oportuna sobre sus prioridades, algo que hemos extrañado en pasadas legislaturas. Ello contribuiría considerablemente a centrar el debate público alrededor de propuestas específicas, disminuyendo la improvisación y la incertidumbre. De lo contrario, los niveles de polarización política seguirán creciendo – especialmente en un año electoral –, con lo que corremos el riesgo de perder tiempo valioso para impulsar reformas ambiciosas.

El Directorio Legislativo que hemos conformado para esta legislatura no es simplemente un directorio “de oposición”, como algunos han querido catalogarlo. Por el contrario, es una muestra de que esta Asamblea Legislativa tiene la capacidad de llegar a acuerdos políticos para proveer soluciones a los grandes problemas del país, a pesar de las diferencias ideológicas y partidarias. Esto ha sido así desde la primera legislatura en el 2018.

Asimismo, este Directorio Legislativo no ignora el rol fundamental que el Poder Ejecutivo tiene en implementar los acuerdos políticos que aquí construimos todos los días, y que son de una enorme trascendencia para el bienestar del país. De allí, que hagamos llamados recurrentes al gobierno para que implemente legislación ya aprobada y para que defina prioridades de política pública que faciliten nuestra labor.

Entonces, sin ignorar las realidades del año electoral en el que entramos, hago también un llamado respetuoso, pero vehemente, a los partidos políticos para que la campaña electoral no descarrile el trabajo legislativo, especialmente en un año en el que país requiere de la aprobación de proyectos de ley urgentes para estabilizar las finanzas públicas y reactivar la economía. Este es un compromiso que le pido también a cada uno de los precandidatos y a la precandidata que son parte de esta Asamblea Legislativa. Las discusiones legislativas que tenemos por delante no serán sencillas, y enfrentan desde ya un desgaste político propio del último año del periodo constitucional. Ninguna aspiración política a dirigir los destinos del país, individual o partidaria, puede tener como consecuencia dificultar el funcionamiento normal de los órganos de toma de decisión.

Los objetivos que construimos en las negociaciones para la conformación del Directorio que hoy asume funciones, más allá de su conceptualización, requieren de enorme empeño individual y colectivo para su concreción.

A las puertas de iniciar una agenda ordinaria, después de un histórico periodo en que la agenda ha sido responsabilidad del Ejecutivo, esta legislatura tiene la oportunidad de impulsar proyectos que faciliten la dinámica política y que mejoren sustancialmente la calidad de vida de las y los costarricenses. Para ello, propongo que prioricemos proyectos de ley que avancen tres agendas fundamentales: 1) la sostenibilidad fiscal, 2) la recuperación socioeconómica para un escenario post-pandemia y 3) la Costa Rica del futuro.

Son objetivos ambiciosos y corresponde reconocer que como fracciones políticas no abrazamos todos estos derroteros por igual. Ahí radica el reto que asumimos hoy con la ciudadanía. El hecho de que nos cueste un poco más ponernos de acuerdo sobre algunos de los elementos que componen cada agenda, demanda más negociación y apertura al diálogo.

Ignorar los temas porque no es sencillo ponernos de acuerdo, no elimina la urgencia de que existan soluciones. Omitir las discusiones y evitarlas, sólo se entendería – con justa razón – como una enorme irresponsabilidad respecto al mandato de representación otorgado por las y los costarricenses al conformar la actual Asamblea Legislativa.

Cuando abordamos la agenda de sostenibilidad fiscal, no podemos desconocer el hecho de que los proyectos de ley que acompañan el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional mantienen serios problemas de fondo. Llevar estos proyectos de ley a buen puerto requerirá de arduas negociaciones y de un enorme compromiso por parte de las distintas fuerzas políticas que apoyan el acuerdo con el FMI.

Sobre todo, requerirá de un trabajo serio, permanente y continuo por parte del Poder Ejecutivo, el que debiera tener como su máxima prioridad que esta agenda de proyectos avance con prontitud.

Al mismo tiempo que avanzamos la agenda para garantizar la sostenibilidad financiera del país, debemos continuar con la discusión de una agenda amplia de recuperación socioeconómica para un contexto de post-pandemia. Más temprano que tarde, tendremos que lidiar con los graves efectos sociales, económicos y humanos de la pandemia, los que hasta el momento no terminamos de conocer. Aceptar la gravedad de la situación es el primer paso para diseñar y avanzar las reformas que el país requiere.

No podemos llegar a ese momento, considerando que el Estado que tenemos y la gestión de los asuntos públicos como la conocemos hasta ahora, seguirá siendo la misma. Tampoco podemos costear la parálisis absoluta, por no querer prever que habrá un día después de la crisis sanitaria.

Para empezar, necesitaremos de un Estado menos endeudado y más digitalizado para hacer frente a los enormes desafíos que tenemos por delante. Es urgente que demos pasos decididos para reformar al Estado de manera ordenada y seria. Confío en que esta legislatura aprobará una ley de empleo público que tenga un impacto concreto y efectivo en la disminución del gasto público y que, a su vez, reduzca las desigualdades que permean al Estado. Confío, también, en que aprobaremos pronto la reforma integral a la ley de contratación pública, con el fin de agrupar en un único marco regulatorio los procedimientos de contratación administrativa de todas las instituciones públicas, para que estos sean más transparentes y eficientes.

El orgullo que sentimos por nuestro Estado de bienestar debe traducirse en reformas que le permitan servir a las y los costarricenses con estándares propios de la revolución tecnológica que vivimos. Por esa razón, espero que este año aprobemos varias iniciativas en materia de gobierno digital que le permitan al Estado llegar a todos los rincones del país y prestar servicios de manera rápida, segura y sostenible. La salud de nuestra democracia depende más que nunca de la mejora en la relación entre el Estado y los ciudadanos, medida sobre todo por la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos. Para ello, debemos también discutir proyectos de ley que aborden decididamente el problema financiero de varias empresas del Estado, además de proyectos que busquen mejorar la tramitación y prestación de servicios estatales.

Otro reto enorme que tiene el país para el contexto de post-pandemia es la reducción de la informalidad laboral y la reestructuración del financiamiento de la Caja Costarricense del Seguro Social. Esto permitiría no solo que la Caja pueda continuar atendiendo las demandas más urgentes de la ciudadanía, en especial aquellas relacionadas con el combate a la pandemia, sino también crear mejores condiciones para la creación de empleo y la atracción de inversión extranjera directa al país. Asimismo, los altos niveles de desempleo que afectan al país nos obligan a priorizar el proyecto para crear el fondo nacional de avales y garantías. Si el Poder Ejecutivo logra ponerse de acuerdo sobre sus alcances, esta iniciativa podría naturalmente contrarrestar el crecimiento del desempleo.

Debemos también concluir y aprovechar la incorporación de nuestro país a la OCDE. Esto nos beneficiará enormemente en las discusiones sobre recuperación y reactivación económica en el contexto de post-pandemia, además de que nos permitirá enviar un mensaje claro a inversionistas, calificadoras de riesgo, instituciones financieras internacionales, bancos de desarrollo y socios comerciales sobre el tipo de nación que deseamos ser: una nación desarrollada, con una gobernanza pública de calidad, con altos niveles de desarrollo humano y con estabilidad política y social.

También, y especialmente en momentos tan difíciles como los que vivimos, debemos continuar transitando por el camino reformista apoyando iniciativas de ley en materia de transformación digital, emprendedurismo, energías limpias, innovación e investigación. Estas políticas, de la mano de iniciativas privadas, ayudarán al país a salir de la presente crisis de manera más rápida y sostenida.

Lo urgente e inmediato, sin embargo, no excluye la posibilidad de iniciar discusiones sobre proyectos y temas de largo plazo, que nos permitirán darle forma a la Costa Rica del futuro. En esta legislatura, debemos de pensar más allá de nuestro paso por este recinto y tener discusiones francas e informadas sobre el país que queremos ser en la próxima década. La fatiga propia de la dinámica legislativa a las puertas del cierre del periodo constitucional, no debe impedir que abracemos una agenda visionaria.

El aumento de la pobreza y el cambio en la pirámide demográfica del país nos obligan a fortalecer las capacidades institucionales y financieras del Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense del Seguro Social. Este régimen funciona con pocas filtraciones, lo que ofrece una enorme ventaja, y podemos reflexionar sobre una posible universalización de su alcance. La importancia de este régimen será aún mayor en las próximas décadas, cuando más costarricenses requerirán de una pensión digna para vivir.

Asimismo, debemos discutir sobre el modelo educativo que queremos para la próxima década. La pandemia dejó en evidencia el enorme rezago que tienen nuestras escuelas y colegios públicos para adaptarse a condiciones de menor presencialidad. La pérdida de lecciones para miles de niñas, niños y jóvenes a causa de la pandemia también tendrá un impacto en el largo plazo que desde ya tenemos que empezar a atender.

Por último, en esa agenda de largo plazo, debemos reflexionar sobre nuestro rol como país ante la crisis climática. Costa Rica ha sido pionera en materia de protección de la biodiversidad y el medio ambiente, y también puede serlo en el combate al calentamiento global. Nos corresponde responder al imperativo moral que plantea la crisis climática, mientras potenciamos las oportunidades que representa esta transformación económica. Esto lo podemos lograr al impulsar iniciativas que fomenten la transformación de nuestra matriz energética hacia un modelo sostenible y que garantice la protección del medio ambiente, por medio de nuevas tecnologías. Además, debemos fomentar la atracción de inversiones verdes y el uso de tecnologías sostenibles en diversos sectores de la producción nacional, acercándonos a un modelo de economía circular.

Los grandes desafíos de largo plazo para el país sobre los que abramos discusiones de fondo deberán ir acompañados de propuestas tangibles de política pública y de iniciativas concretas de ley, si queremos transformar la trayectoria del país en estos y otros temas. Es una aspiración ambiciosa, pero necesaria: debemos pasar de la retórica a la propuesta, y de la propuesta a la acción.

Compañeras y compañeros,

Como Presidenta de la Asamblea Legislativa facilitaré un debate sano y equilibrado para avanzar las tres agendas de prioridad legislativa que mencioné: la de sostenibilidad fiscal, la de la recuperación socioeconómica para un escenario de post-pandemia y la de la Costa Rica del futuro. Esas agendas las construiremos y las sacaremos adelante entre todas las voluntades que aquí convergen. Confío en que aprobaremos un número importante de leyes en esta legislatura, pero sobre todo que lo haremos guiados por una gobernanza que facilite el respeto, el diálogo y la negociación.

La tarea que tenemos por delante es clara. Debemos enfocarnos en las necesidades urgentes de las y los costarricenses, mientras legislamos con una visión de futuro para la próxima década.

 

Muchas gracias.

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