Sin igualdad de género, el desarrollo sostenible no es desarrollo

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Lilliana Sánchez Bolaños, Politóloga (Msc.).

El último informe del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL: El feminicidio, la expresión más extrema de la violencia contra las mujeres, publicado en el mes de Noviembre pasado señala que aproximadamente 2795 mujeres  fueron víctimas de feminicidio en veintitrés países de América Latina y el Caribe en 2017.

La violencia contra la mujer es definitivamente una flagrante violación a los derechos humanos, es una ofensa a la dignidad humana, a la vida, a la intimidad y es una manifestación de las relaciones históricamente desiguales de poder entre hombres y mujeres.

Cada día, mujeres de todas las edades sufren distintas manifestaciones de violencia. Se esconden en el silencio del hogar los gritos, las burlas, los golpes, la muerte a manos de sus parejas. En sus lugares de trabajo y estudio así como en los espacios públicos las mujeres son víctimas del acoso callejero, de abuso, hostigamiento explotación sexual, entre diversas formas.

La Organización Mundial de la Salud ya la ha calificado como un “problema de salud global equivalente a una epidemia”, señalando que alrededor de una de cada tres (35%) mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida (OMS: Violencia contra la mujer), también consultar el Informe mundial sobre la violencia y la salud, de la misma Organización.

En nuestro país el Poder Judicial indica que se presentaron en promedio por cada 10.000 habitantes, 100 denuncias por violencia doméstica ante los Juzgados competentes. El año 2016 registró la mayor cantidad de casos terminados en materia de Ley contra la Violencia Doméstica, 64.509 expedientes en total, mostrando un incremento de 3,84% (2.384 casos) en relación con el 2015. La tasa de denuncias a nivel nacional ante el Ministerio Público relacionadas con la Ley de Penalización contra las Mujeres representa alrededor de 41 denuncias por cada 10.000 habitantes.

Entre el 2010 y el 2016 se recibieron 326.881 solicitudes de medidas de protección, para un promedio de 132 por día. El Poder Judicial señala “el incumplimiento de medidas de protección” y el “maltrato” como las principales causas de denuncias. El maltrato marca un crecimiento paulatino, pasando de 27,3% en el 2012 a 37,0% en el 2016, mientras que el incumplimiento de medidas de protección oscila entre el 31% y el 34 %. Del 2007 al 2015 se recibieron 139.501 casos nuevos en las fiscalías penales por delitos contemplados en la Ley de Penalización contra las Mujeres (LPVCM).

El 8% del total de casos asociados a las leyes de penalización de la violencia contra las mujeres y violencia doméstica corresponden a mujeres menores de 19 años.

La Fuerza Pública es el ente encargado de atender las llamadas de auxilio de aquellas personas que se encuentran en una situación de violencia intrafamiliar y de pareja. Alrededor de un 60% de los Informes reflejan la existencia de violencia psicológica, donde se le degrada o controla las acciones y las decisiones a la persona violentada, por medio de la intimidación u amenaza, humillación u otras formas que la perjudican en la salud psicológica y de desarrollo personal, por parte de su agresor.  Por otra parte, la infracción a la Ley, por violencia física, se reporta entre 32% a 37% de todos los informes policiales para los años 2014 al 2016.

El sistema 911 contabiliza, que casi un 9% de la totalidad de las llamadas que les ingresan se refieren a personas que se encuentran en una situación de violencia intrafamiliar.

Debemos eliminar la violencia en todos los espacios de la vida de las mujeres. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, al reconocimiento, goce y ejercicio y protección de todos sus derechos consagrados en instrumentos, nacionales e internacionales. El Estado costarricense debe condenar toda forma de violencia contra la mujeres y para ello está llamado a adoptar por todos los medios y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia en todas sus manifestaciones.

Por ello es fundamental la existencia de instituciones como el Instituto Nacional de la Mujer y la Defensoría de los Habitantes a fin de que nuestro Estado pueda responder adecuadamente a esta grave problemática. Se han dictado políticas públicas desde el año 2007 a través de las cuales ha sido posible profundizar en acciones concretas que efectivamente inciden sobre el derecho de las de las mujeres a una vida libre de violencia.

Sin embargo estos retos exigen también un cambio cultural mediante una acción integral en materia de educación en derechos humanos que promueva, en todos los niveles, actitudes y aptitudes para asegurar el pleno goce de derechos en condiciones de igualdad y rechazo a la violencia de género.

Los países que han ratificado la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, definieron metas e indicadores para la igualdad de género y la construcción de sociedades pacíficas e inclusivas. La medición de los feminicidios es particularmente importante para dar respuestas a la meta

5.2 : Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y … y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, … y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.

16.1: Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo. En el marco de la Conferencia Estadística de las Américas, el indicador de feminicidio ha sido incorporado en el Conjunto de indicadores priorizados por el Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030, lo que insta a los países a mejorar los registros administrativos y su indicador nacional.

Los países latinoamericanos tienen muchos desafíos fundamentales -como lo demuestra el gráfico del informe del Observatorio-, en esta materia ya que se hace necesario comprender que todas las formas de violencias que afectan a las mujeres están determinadas, más allá de su condición sexual y de género, por diferencias económicas, etarias, raciales, culturales, de religión, y de otros tipos.

Debemos avanzar en políticas públicas para su erradicación integrando en éstas la diversidad de las mujeres y las variadas características en que se expresa la violencia contra ellas.

Ante todo no debemos de olvidar que:  “Sin igualdad de género, el desarrollo sostenible no es desarrollo ni es sostenible” (división de asuntos de género, CEPAL)

 

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