Sindicalismo ¿movimiento laboral o político?

Lo que está en juego…es el deseo de profundizar la capacidad de veto que ha desarrollado el sindicalismo…sobre las grandes decisiones nacionales del aparato estatal

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Eduardo Carrillo Vargas.  (Ph.D. Administración).

Los daños que las huelgas de los sindicatos públicos imponen al país son contundentes y evidentes por sí mismos. Sobre la actual huelga indefinida, seguro que el gobierno valorará el daño y los costos que todos habremos de pagar. Sí conviene subrayar, que ese daño se descarga principalmente sobre los más débiles, sobre las clases populares que más dependen de servicios esenciales, como educación y salud. También que, precisamente en los momentos más difíciles, la huelga le impone al país un alto costo económico, precisamente cuando el Estado se encuentra en situación de crisis fiscal.

Dos acontecimientos han revelado las grotescas falacias del movimiento sindical. Uno, las declaraciones del vicepresidente, Sr. M. Rodriguez, exdirigente sindical, que exponen las grandes mentiras contenidas en la retórica sindical; Otro, el pronunciamiento de la Facultad de Economía de la UCR en favor del proyecto fiscal y negando cualquier perjuicio a las clases populares. De hecho, si seguimos la ruta que quiere imponer el sindicalismo, serían los trabajadores mismos y los sectores más frágiles los que cargaría con el pesado fardo de la crisis. Los sindicatos públicos parecen tener una corta memoria o esconden la realidad de lo ocurrido por la crisis de fines de la década de 1970, cuando la pobreza alcanzó niveles superiores al 50%.

Dicho esto, quiero referirme a factores estructurales que han conformado un entorno negativo para el país, en la búsqueda de mejores niveles de desarrollo. Primero, se dice que el derecho a la huelga es constitucional. Sin embargo, el artículo 61 de la CP que dice “Se reconoce el derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga, salvo los servicios públicos…” Y, aunque hemos creado nueva legislación, nuestra estructura jurídica es engañosa en la medida que adoptamos nuevos códigos contrarios a la letra/espíritu de la CP, como ha ocurrido con la más reciente reforma laboral. En todo caso, la jurisdicción es clara en cuanto a la prohibición de huelga en servicios esenciales, como lo son la educación y la salud.

Un tema legal asociado, es si el gobierno puede dispensar la aplicación de la Ley a ciertos individuos y grupos. Me refiero explícitamente a la negociación que con mucha frecuencia resulta en que a los huelguistas ilegales se le paguen sus remuneraciones durante el período de huelga. La cuestión de fondo aquí es si el presidente y sus ministros tienen autoridad para aplicar la ley en forma selectiva, favoreciendo a unos grupos corporativos, en perjuicio del bienestar general de todos, que pagamos las planillas respectivas. Todo, además, en contradicción con el principio de igualdad ante la ley, también regulado por el artículo 33 de la CP.

Segundo, ¿constituye el sindicalismo público hoy un movimiento político? No hay en la huelga actual ningún argumento laboral contra abusos patronales. Si hoy hay abusos, estos son laborales (pluses y privilegios) en perjuicio del Estado. Entonces ¿cuál es el tema específico de la huelga? un proyecto legislativo, que responde a la iniciativa del poder ejecutivo. Lo que está en juego, en realidad, es el deseo de profundizar la capacidad de veto que ha desarrollado el sindicalismo, con complicidad política, sobre las grandes decisiones nacionales del aparato estatal. Se dio con mucha claridad en la anterior administración, cuando forzó la salida de la Dra. Sáenz como Presidente Ejecutiva de la CCSS y usar la mesa de trabajo para detener el incremento del aporte laboral al régimen IVM, dejando el sistema de pensiones en serio riesgo.

¿Atentado contra la democracia? Lo logrado, con la complicidad del entonces presidente Solís, es solo un escalón de un largo proceso. El sindicalismo público, que solo representa el 14% de la

fuerza laboral y, posiblemente, una membresía inferior al 8%, busca tener una participación determinante de las grandes decisiones políticas y en puntos determinantes de las decisiones gerenciales. Ya lo han logrado con su participación en algunos nombramientos de personal y con su representación en cuerpos directivos. Su motivación principal es imponer un patrimonialismo agresivo (recursos públicos al servicio de privilegios de unos pocos) que para efectos prácticos acabó con la ética de servicio público.

Pero debemos ver más allá de estos objetivos específicos. Cuando los sindicatos intentan imponer sus decisiones a los poderes de la República, se están apoderando de la autoridad soberana. De nada sirven las elecciones, si el presidente tiene que seguir la voluntad sindical y si al primer poder se le impide legislar. Queda debilitada la decisión soberana adoptada en elecciones libres y el compromiso programático que debe ejecutar el presidente con el concurso de los ministerios y los demás poderes de la República. Es la institucionalidad democrática manipulada por una minoría corporativa, como viene ocurriendo en varios países de la región. Un cascarón sin contenido democrático.

Tercero, el sindicalismo actúa con creciente impunidad por errores que han cometido nuestros políticos. Cuando la Constituyente del 49 adoptó el artículo 61 antes mencionado, es posible que obedeciera a una visión correcta, que los políticos luego ignoraron. Me refiero a las diferencias sustantivas entre el sindicalismo público y el de la empresa privada (por cierto, muy exitoso: el solidarismo). El punto central es que, en el sector privado, para proteger los abusos del lucro, los países han promovido legislación especial para fortalecer el poder negociador del trabajador. Pero el Estado no tiene lucro. Las “conquistas laborales” del sindicalismo público se vierte contra los más débiles de la sociedad (el niño y todo quien busca recuperar la salud), principales beneficiarios de servicios públicos esenciales. Y sus costos los pagamos todos por partida doble: por la pérdida de acceso a servicios públicos y, por la reducción de los recursos del Estado para promover el crecimiento, empleo y el bienestar colectivo.

¿Qué hacer entonces? Los problemas acumulados a través de décadas de decisiones políticas erradas no se resuelven con facilidad. Algunos simplemente no tienen solución. Pero las opciones existen mientras haya voluntad política:

  1. una ley marco que defina, para la totalidad del Estado (gobierno central, entidades descentralizadas y régimen municipal), los principales derechos laborales, en coherencia con el principio de igualdad ante la ley del referido artículo 22 de la CP, sería el eje principal de los correctivos. Normaría lo fundamental y reduciría el atomizado campo conflictivo de las negociaciones;
  2. asumir una postura de gobierno fuerte reduciría mucho el espacio para el chantaje sindical. El gobierno debe demostrar que el interés nacional no sucumbe frente al interés corporativo sindical, porque está en juego el respeto a la soberanía, base de nuestra democracia;
  3. las huelgas deben tener un costo que los trabajadores tienen que asumir. El no pago de las remuneraciones de los huelguistas ilegales debe mantenerse siempre, porque es mandato legal;
  4. el Poder Ejecutivo, conjuntamente con el Poder Judicial, deberían de agilizar los procesos de declaración de ilegalidad de las huelgas; y,
  5. crear nuevos mecanismos para asegurar un diálogo permanente con el sindicalismo para lograr justicia laboral, sin que ello debilite la capacidad del Estado de cumplir con sus fines superiores.

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