Sobre el proyecto de justicia restaurativa

0

Angie Andrea Arce Acuña, Abogada (Dra.)

En el año 2006  se aprobó la ley de protección de víctimas y testigos y demás sujetos procesales, ley que fue impulsada tras un esfuerzo de familiares cuyas víctimas murieron a manos de un  homicida, asociaciones y fundaciones, en un contexto  de violencia, muerte y abandono  a los derechos de la víctima. Gracias a ese esfuerzo conjunto, se creó esa ley que dio por primera vez en este país derechos a las víctimas y dotó de contenido económico a la misma para poder alcanzar sus objetivos, creándose la Oficina de Atención a la Víctima, adscrita al Ministerio Público.

Este proyecto nació del dolor  de cientos de familias que perdieron un ser querido,  sin embargo doce años después un nuevo proyecto de ley llamado justicia restaurativa busca quitar esos fondos y trasladarlos para un programa de restauración de delincuentes.

El proyecto se base en justificaciones tales como queremos la paz social, una cultura para promover una cultura de humanización y trato al delincuente. Este proyecto tiene como objetivo evitar que los hampones vayan a la cárcel y es una nueva forma  de justificar la no construcción de mas cárceles.

No existen datos reales ni controles posteriores efectivos y verdaderos que garanticen a la población costarricense que esos premios que se darán a todo aquel delincuente que cometa un delito menor a una pena de cinco años, en realidad logre una resocialización y no más bien un permiso para continuar delinquiendo.

Se pretende más bien que dando oportunidades como pintar escuelas, o recoger basura va a cambiar la conducta de un delincuente que no es que delinque por primera vez sino que por primera vez entra a un sistema judicial.

Este proyecto no solo peca de permisivo sino que parece desconocer o haber hecho estudios sobre la delincuencia en Costa Rica y realmente a quienes son los que van a restaurar. En estos momentos críticos que está viviendo el país, en lugar de promover un ambiente de seguridad al ciudadano se favorece a la delincuencia. El programa dentro de su justificación establece que el tema de aumento del crimen en Costa Rica es una percepción subjetiva del ciudadano,  desconociendo el incremento en tasas de homicidios y narcotráfico que al país ya le ha costado comentarios a nivel internacional y muchas pérdidas humanas.

El proyecto de Justicia Restaurativa no contempla la ayuda integral a las victimas, el proyecto no incluye restaurar victimas, sino más bien beneficia a imputados desconoce absolutamente a pesar de que se menciona dentro del proyecto  los procesos de des victimización, como se exige por las Naciones Unidas. “En este mismo sentido, respecto a la reparación de las víctimas, la resolución 60/147 titulada “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional   humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, aprobada por la  Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 16 de  diciembre de 2005.  Se desconoce de forma efectiva una verdadera asesoría jurídica para la victima durante todo el proceso incluyendo la audiencia, no existe mecanismo para lograr un correcto tratamiento psicológico, social, económico que permita a los que han sufrido un hecho violento poder sentirse seguros y sanos en nuestra sociedad. Se violenta el principio de igual entre victima y ofensor, porque todo lo que allí se establece es para facilitar al imputado no enfrentar una causa penal, sin embargo la seria restauración hacia la victima no se plantea.

Este proyecto  patrocina la alcahuetería a costa de los recursos que se les asignó a la ley de protección de  víctimas y testigos,   pretenden que los únicos fondos destinados a protección de testigos, transporte, alimentación sirvan para restaurar delincuentes.

Este proyecto no solo ofende la dignidad de la víctima sino que además, representará a corto plazo, por lo permisivo, el aumento sin vuelta atrás de crímenes, femicidios, robos, delincuencia, aumento de prostitución, y una  imposible  contención del crimen ya que la justicia se vuelve para el delincuente un juego que se repara con trabajos de utilidad Pública.

Este proyecto no se opone abiertamente a la imposibilidad de ser aplicado en delitos utilizando cualquier tipo de armas, violencia sobre personas y cosas, y tampoco valora el impacto que el delito pudo tener sobre el Bien Jurídico y el daño social, pudiendo caer dentro de esta justicia restaurativa delitos que por política criminal requieren una sanción más fuerte y ejemplarizante.

No dice ni fundamente como a través de esas sanciones sin consecuencias van a resocializar ofensores que tienen años en este tipo de modo de vida, no se extraen programas verdaderos de reinserción a la sociedad como que tengan un trabajo, que le paguen a la victima, y que demuestren realmente que están haciendo algo para resocializarse, no proponen cursos obligatorios y su cumplimiento para manejo de ira, maltratadores y delincuencia en general.

En fin el proyecto como tal debe incluir a la víctima y sus derechos seriamente y además hacer un profundo análisis, del impacto que esto traerá a nivel de seguridad ciudadana, no pueden únicamente centrarse en una utopía de resocialización, sin ver la realidad de las calles y que lo que está acá es la vida de los ciudadanos.

La autora es Presidenta Instituto de Victimología de Costa Rica y Asesora Legal Fundación Rahab para la trata de personas.

También podría gustarte

Comentarios

Cargando...