Sombras y luces de las elecciones presidenciales del 2018

En suma, tal vez nos encontremos en un punto de inflexión y la selección de nuevos instrumentos para enfrentar una nueva realidad política que las clases gobernantes se han negado a reconocer.

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Eduardo Carrillo Vargas.

Gana el partido Acción Ciudadana, PAC, a pesar de un rechazo sustancial y contundente a la gestión 2014-2018 que llevó al país a la peor crisis económica en 4 décadas; que rompió las reglas éticas esenciales con las que nació ese partido; y, que permitió el peor acto de corrupción en la historia del país, el cementazo, generado alrededor de la casa presidencial y con participación de los tres poderes del Estado costarricense. Gana el candidato del PAC, Carlos Alvarado, que en la primera ronda de febrero obtuvo el respaldo del 13% de la población adulta (poco más de 430 mil de los 3,32 millones inscritos en el padrón electoral) ¿Era este el voto duro del PAC, con algún aporte de su socio, el Frente Amplio (FA)? Según los datos disponibles en la segunda ronda del día de ayer ahora podría superar los 1.3 millones de votos obtenidos en el 2014, es decir, el 39% del padrón electoral. El partido Renovación Nacional (PRN), también fruto de esa minoría electoral de la votación de febrero solo había obtenido el 15% de respaldo popular.

El 72% de la población adulta les negó el respaldo a ambos, pero nuestra democracia nos obligó a decidir entre dos candidatos que no tienen el respaldo popular necesario para que podamos decir, sin duda alguna, que el proceso electoral es soberano.

Esta es la principal sombra del proceso electoral 2018 y se produce por un acto provocado por la casa presidencial. Ocurrió el 9 de enero, cuando la vicepresidenta, Sra. Ana Elena Chacón, en conferencia de prensa, declara en torno a la opinión consultiva de la CIDH que “el Estado acatará y reconocerá lo resuelto por la Corte Interamericana” de Derechos Humanos. En esa fecha los partidos PRN y el PAC ocupaban el 4º y 5º lugar, con poca o ninguna posibilidad de participar en la segunda ronda. El matrimonio homosexual se ubicó en el centro de la discusión política y ambos partidos se ubicaron rápidamente en los dos primeros lugares. El ardid de la casa presidencial había surtido el efecto aparentemente esperado. El Tribunal Supremo de Elecciones ha guardado silencio en torno a este hecho, al menos hasta hoy, cuando ya sabemos que el PAC continuara en el poder otros 4 años.

También hay luces en el entorno electoral 2018, igualmente visibles y contundentes, reflejadas en dos circunstancias. Primero y posiblemente por primera vez, el país adquiere consciencia sobre las consecuencias de su atomización política. Ambos contendientes electorales, del PAC y el PRN, entienden que no pueden gobernar, menos cuando un partido tradicional (PLN) logra la mayor representación en el congreso. Las dos minorías adquieren consciencia de su escasa legitimidad electoral y cuestionable capacidad de gobierno. Con claridad surge la idea de un gobierno de unidad nacional, mediante alianzas con la activa participación de los partidos tradicionales, en los que se encuentran las mentes más preclaras, especialmente en materia económica, problema No. 1 del país. La idea fundamental de un acuerdo político y de un gobierno de unidad nacional fue el motor de la campaña política. Un día después, mientras se escriben estas líneas, el presidente electo, don Carlos Alvarado, inicia sus contactos para involucrar a los partidos que tienen representación en el congreso. Nunca como ahora, esta idea de acuerdo y unidad nacional se han incrustado con tanta claridad en el discurso político.

Segundo, el país se encuentra en profunda crisis. El déficit fiscal es su principal señal, pero el Estado ha llegado a una situación de total ingobernabilidad. Ya no aporta al desarrollo con equidad, como lo hizo la Segunda República y su tamaño es inmanejable: más de 300 mil funcionarios y unas 330 entidades públicas, de las cuales más de 80 operan en algún régimen de descentralización que, según la Contraloría General de la República, no ha servido para lograr mayor eficiencia y sí para generar regímenes de privilegio. La ética de servicio público es un lejano difunto, sustituido por un patrimonialismo obsceno. En ningún momento político anterior se ha reconocido con tanta claridad la necesidad del cambio de fondo que la Administración Solís Rivera ofreció e incumplió. Una nueva consciencia política tal vez ha permeado a la totalidad del entorno político. La población la sentía en carne propia, por la creciente desigualdad y la persistencia de la pobreza en sus niveles históricos del 20%. Los indicadores negativos eran claros, como los expuso con claridad La Fragua en dos editoriales, uno de ellos más extenso y el otro más detallado.

Esta luz venía opacada por una sombra: la incapacidad de la clase política de reconocerla o, mejor, de actuar en coherencia. Es posible que ahora pueda constituirse en el centro de atención de un gobierno de coalición informal y, tal vez incluso, de que podamos crear las bases institucionales para su permanencia formal, con algún modelo político semi-parlamentario, idea sobre la cual también parece haber algún consenso. En suma, tal vez nos encontremos en un punto de inflexión y la selección de nuevos instrumentos para enfrentar una nueva realidad política que las clases gobernantes se han negado a reconocer. Esperemos que las luces se impongan sobre las sombras y así encontremos el camino que nos recuperar la senda del progreso, del bienestar en equidad.

 

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