Sophia Pickles

LONDRES – Una fábrica puede parecer valiosa desde el punto de vista económico, pero si contamina tanto que destruye el ecosistema circundante, no genera valor agregado. Esto debería ser un principio central de las políticas de la Unión Europea, que está procurando asegurarse el acceso a 34 materias primas consideradas «fundamentales» para diversos sectores: las energías renovables, la digitalización, el área del espacio y la defensa y la atención de la salud.

Dentro de las cadenas globales de suministro, el proceso de extracción de minerales esenciales a partir de la mena (antes de la fundición, el refinamiento y otras transformaciones que los hagan utilizables) está muy concentrado (y no dentro de Europa). En 2021, China procesó el 50% del litio, el 56% del níquel, el 80% del galio, el 60% del germanio y el 69% del cobalto. Por eso esas cadenas de suministro son propensas a experimentar cuellos de botella y muy vulnerables a perturbaciones económicas y geopolíticas.

Si una potencia procesadora de minerales críticos, como China, decide usar su suministro como herramienta o castigo, la UE se hallará en una situación complicada. En julio, China anunció su intención de restringir la exportación de galio y germanio, necesarios ambos para la fabricación de semiconductores. Esa decisión tiene derivaciones de seguridad nacional en Europa, donde se prevé que la demanda de galio se multiplique por 17 de aquí a 2050.

Esta vulnerabilidad es una de las razones por las que la Comisión Europea está decidida a conseguir que a principios de 2024 se apruebe la Ley Europea de Materias Primas Fundamentales. Además de fortalecer la capacidad de la UE para el procesamiento de minerales y establecer «asociaciones estratégicas» con países poseedores de grandes reservas, esta ley es un componente clave de la estrategia de la UE para asegurarse el acceso a los materiales que necesita.

Para aumentar el atractivo de las asociaciones estratégicas (y al mismo tiempo distanciarse de su pasado extractivista) la UE ha incluido en la ley de MPF un compromiso con el agregado de valor en los países donde se extraigan y procesen los minerales. Aunque el significado de ese compromiso es imaginable hasta cierto punto (por ejemplo, apoyar el desarrollo de capacidades de procesamiento de minerales en aquellos países donde no existan), ni la ley de MPF ni otros documentos publicados hasta ahora definen con claridad los criterios para la medición del valor agregado.

Como señala un nuevo estudio de la Fundación Heinrich Böll, esto impide a los ciudadanos de los países productores (y a los europeos) tomar decisiones informadas en relación con estas asociaciones estratégicas, que de todos modos no son legalmente vinculantes. Una persona entrevistada para el estudio, con experiencia en el tema, observó que «sin una definición clara, el “valor agregado” no es más que un eslogan político para mostrar. No significa nada en la práctica si no se explicita el contenido del concepto».

La Comisión Europea ya ha dado algunas señales respecto de ese posible «contenido». Durante la Semana de las Materias Primas, que celebró la UE el mes pasado en Bruselas, representantes de la Comisión hicieron declaraciones públicas que dan motivos para pensar que se apunta a un valor agregado de naturaleza económica, con énfasis en la creación de empleo y la generación de ingresos para las comunidades locales. Pero aunque son objetivos deseables, la propuesta no tiene en cuenta los enormes costos ambientales y sociales del procesamiento de minerales.

En Namibia, se ha dado el caso de una importante fundición de cobre en Tsumeb que contaminaba el aire, el suelo y el agua del lugar, hasta tal punto que los residentes mostraron niveles elevados de plomo y arsénico. En Chile, la extracción de litio provocó una grave escasez de agua, ya que consume el 65% del suministro de la región del desierto de Atacama y contamina las fuentes de agua dulce. A las comunidades locales casi no se las consultó sobre estas actividades, en violación de los principios consagrados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas.

Si se envenena a las personas del lugar para darles empleo, ¿se puede hablar en realidad de un «valor agregado»? ¿Y qué decir de los ingresos por minerales, si para acceder a ellos hubo que destruir el ecosistema local? ¿Se beneficia realmente la economía local con actividades que la privan de recursos ecológicos y sociales esenciales?

Tendría que ser evidente que las ganancias económicas a corto plazo de la extracción y el procesamiento de minerales no sirven de nada si traen consecuencias ambientales y sanitarias devastadoras (que por supuesto, conllevan costos económicos a largo plazo). Por eso la Comisión Europea debe incorporar los aspectos ambientales y sociales en la determinación del valor agregado en relación con la ley de MPF y otras iniciativas similares.

Pero eso es sólo el comienzo. Incluso en términos estrictamente económicos, el concepto de valor agregado exige una mirada más completa. Un informe reciente señala que del PIB generado al aumentar el procesamiento de níquel en una de las dos regiones productoras más importantes de Indonesia (Morowali), menos del 5% se quedó allí. Es decir que las comunidades locales no sólo soportan los inmensos costos ambientales de la extracción de níquel, sino que no obtienen casi nada de los ingresos. En estos casos, la UE no debería considerar que existe «valor agregado».

Y también hay que pensar en los métodos de la industria. El procesamiento de minerales, como sector, no está tan controlado como, por ejemplo, la minería. Los expertos señalan que las técnicas de refinamiento «verdes» (si tal cosa puede existir) todavía son un área incipiente, en el mejor de los casos. Y hasta ahora, la mayoría de los avances en la industria del procesamiento de minerales apuntaron a mitigar los riesgos financieros y geopolíticos para las empresas, no a mejorar los indicadores sociales y ambientales.

La fabricante de vehículos eléctricos Tesla asegura que diseñó una técnica de procesamiento de litio «innovadora» que está «pensada para consumir menos reactivos peligrosos» que el proceso convencional y crear subproductos «utilizables». Según proclama el director ejecutivo de la empresa, Elon Musk, uno podría «vivir en medio de la refinería y no sufrir ningún daño». Pero la empresa no ha publicado ningún detalle; la Fundación Heinrich Böll se comunicó con Tesla para pedir más información, pero no obtuvo respuesta.

Sin una reforma, el procesamiento de minerales puede añadir algo de valor económico para algunos países en algunos casos, pero con un costo social y ambiental enorme. Si la UE no amplía su perspectiva más allá de algunos indicadores económicos, sus inversiones en el área no harán más que perpetuar los males del sistema fósil actual, y al hacerlo dañarán la salud de las personas, destruirán ecosistemas y agravarán la «brecha de la descarbonización». Y eso no cambiará por mucho que se hable de «valor agregado».

Traducción: Esteban Flamini

Copyright: Project Syndicate, 2023.
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Sophia Pickles

Sophia Pickles, a former member of the United Nations Group of Experts on the Democratic Republic of the Congo, is a former campaign leader and supply chain investigator at Global Witness.