Carlos Carrasco/Latinoamérica21

En lo que queda de año, en América se esperan elecciones en Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Brasil, Chile y Uruguay. En todo el mundo se esperan en total unas 50 elecciones. Si bien los contextos de cada país son diferentes y existen marcadas diferencias en algunos casos, también es cierto que existen temas comunes o problemas regionales y globales que afectan a más de uno.

Uno de estos temas es la migración y sus efectos en los países. En los últimos años, ha sido evidente cómo la migración se volvió una parte central de los discursos de campaña de candidatos de todo el espectro político. En muchas ocasiones se han presentado narrativas que estigmatizan a personas migrantes y refugiadas, promoviendo acciones xenófobas.

Por eso, en este nuevo superciclo electoral que trae el año 2024, es muy probable que la migración vuelva a jugar un papel central en la discusión pública. Pero, precisamente por su papel central, este tema puede servir como una escala para conocer las posiciones políticas de los actores públicos y así determinar si hay posiciones más liberales o más coercitivas en sus planteamientos. A continuación, se proponen al menos cuatro ideas que pueden servir de medidor.

Libertad de movilidad

Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho a salir del propio país, a tener una nacionalidad y a solicitar asilo son elementos inalienables de la dignidad humana. Es decir, más allá de posiciones ideológicas, esta debería ser la base mínima para la discusión pública. Esta posición tiene su origen en los hechos ocurridos durante el Holocausto.

Si bien en cada país la aplicabilidad de estos derechos universales es variada, la voluntad de cumplir o no estos derechos por parte de los políticos y lo que se refleja en sus narrativas es un primer baremo que se puede considerar a la hora de evaluar posiciones políticas. A continuación, se muestran ejemplos de posturas que nos permiten identificar discursos que vulneran estos derechos.

En julio de 2023, el parlamentario alemán Thorsten Frei propuso suprimir el derecho individual de asilo. Si bien esta propuesta tuvo reacciones de rechazo, incluso por parte de políticos de su propio partido (Unión Demócrata Cristiana), marca un precedente para cuestionar los derechos fundamentales que sustentan las instituciones democráticas y el estado de derecho. Por otro lado, en mayo de 2023, durante un discurso de campaña, el expresidente Donald Trump afirmó que, si volvía a ganar la presidencia, acabaría con la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes ilegales. Esta propuesta implica no solo la violación de un derecho humano fundamental sino también un retroceso, ya que transfiere una responsabilidad individual o estatus migratorio (padres) a otra persona (hijos), como si las faltas o irregularidades fueran hereditarias. Asimismo, en diciembre de 2023, el secretario de Trabajo y Pensiones del Reino Unido, Mel Stride, indicó que las cifras de migración legal son muy altas y que les preocupa. En América Latina también existen antecedentes de prácticas similares. Por ejemplo, en Chile los tribunales apoyaron la expulsión de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) con padres migrantes, a pesar de que los niños y niñas tienen nacionalidad chilena.

 

Estigmatización por nacionalidad

Otro aspecto que debe ser un indicador para identificar a políticos y narrativas que atentan contra la dignidad humana es la estigmatización basada en la nacionalidad, en la raíz de la cual existe el interés de atribuir a grupos sociales o étnicos responsabilidades de determinados individuos. Además, la discriminación por razón de nacionalidad está prohibida en el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, algo que ratifican otras entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

A pesar de estas garantías de derechos, en la práctica también se puede observar a políticos que hacen estigmatizaciones basadas en la nacionalidad, lo que promueve la construcción de ideas de xenofobia e invalida la condición de sujetos de derecho de miembros de ciertos grupos.

Entre los ejemplos más llamativos, la región latinoamericana es uno de los lugares donde esta práctica discriminatoria es más evidente. En abril de 2023, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró el estado de emergencia en las fronteras y responsabilizó directamente a venezolanos y haitianos del aumento de la criminalidad sin presentar pruebas. Esto no solo niega la responsabilidad del Estado en la seguridad pública, sino que también promueve una visión del crimen no como un fenómeno realizado por individuos sino por grupos que por el solo hecho de pertenecer a una nacionalidad ya son delincuentes.

Otro caso que se puede identificar es México: luego de un incendio en un centro de detención migratoria con más de 40 personas muertas, el presidente Andrés Manuel López Obrador culpó a los propios migrantes por esta situación. Se repite la tendencia a negar responsabilidad del Estado y atribuirla a un determinado grupo. En República Dominicana, el presidente Luis Abinader señaló la intención de financiar la mecanización de los diferentes sectores de la construcción con el objetivo de reducir la mano de obra extranjera proveniente de Haití. Finalmente, durante enero de 2024, en medio del conflicto armado interno que atraviesa Ecuador, el exgeneral de la Policía Nacional del Perú y exministro del Interior Eduardo Pérez Rocha responsabilizó a la migración venezolana de la situación en ese país.

 

Devoluciones en caliente

Las expulsiones en caliente, o retornos más rápidos de migrantes, es otro indicador para identificar políticas y prácticas que van en contra de los derechos individuales de las personas y violan el estado de derecho. Normalmente, estas expulsiones de personas migrantes o refugiadas se llevan a cabo sin acceso a los debidos procedimientos y sin que estos puedan impugnar este acto mediante un recurso judicial efectivo. Además, en algunas ocasiones se trata de expulsiones colectivas, no individuales, en las que las personas no tienen la oportunidad de explicar sus circunstancias, solicitar asilo o recurrir la decisión.

En este caso de las expulsiones, más allá de declaraciones o narrativas particulares de políticos, se puede identificar que son políticas y acciones de las instituciones del Estado. Pero estas prácticas deben identificarse adecuadamente y determinar quiénes son los responsables de la toma de decisiones que apoyan o promueven dichas políticas. A continuación, se muestran algunos ejemplos.

En marzo de 2023, el gobierno de Gabriel Boric en Chile obtuvo apoyo en el Parlamento para modificar una ley que permite acelerar las expulsiones de migrantes en su territorio. En Perú, también durante el año 2023, el gobierno emitió un decreto que modifica la ley de migración para permitir la rápida expulsión de extranjeros con estatus irregular en el país. En ambos casos se trata de modificaciones de leyes que previamente se establecieron bajo un marco de protección de derechos y fueron modificadas en detrimento de los derechos individuales de los migrantes. El fenómeno migratorio requiere mejores capacidades del Estado para abordar sus múltiples desafíos, pero parece más fácil restringir los derechos individuales que mejorar las capacidades de las instituciones. Asimismo, existen precedentes similares en otras regiones. Por ejemplo, en reuniones ministeriales de la Unión Europea se han hecho llamados para implementar deportaciones rápidas. Esto es algo que también ha sucedido en Estados Unidos y de lo que se informó con preocupación en los medios.

 

Contra el voto migrante

Finalmente, un último aspecto que debe considerarse al evaluar las narrativas políticas sobre la migración es la posición respecto del voto de los migrantes en sus países de residencia. Según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, toda persona tiene derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, a votar y a ser elegido para cargos públicos.

Si bien este derecho se adapta a la legislación de cada país, se pueden encontrar prácticas por parte de actores políticos que van en detrimento de este derecho hacia los migrantes. En algunos casos, estas prácticas se basan en la instrumentalización de los migrantes; en otros casos, se basan en la estigmatización del derecho al voto de los migrantes o en la imposición de barreras estructurales que impiden el libre ejercicio de este derecho.

Por ejemplo, un estudio en el contexto de las elecciones intermedias de Estados Unidos en 2022 indicó que 1 de cada 3 personas temía que los inmigrantes influyeran en las elecciones. Esto está en línea con expresiones en redes sociales y televisión de periodistas como Tucker Carlson. En España para las elecciones municipales solo pueden votar los inmigrantes cuyos países de origen tengan algún acuerdo de reciprocidad, tratados internacionales o que sean de la Unión Europea. Se estima que más de 6 millones de inmigrantes e hijos de inmigrantes no pueden votar ni ser votados por los ciudadanos. En la región latinoamericana también hay casos desafiantes: en enero de 2024, un candidato a la Ciudad de México fue denunciado por utilizar a migrantes haitianos para actividades de proselitismo. Sin embargo, estas personas no tienen derecho a votar en el país. En el caso de Argentina, los migrantes residentes no pueden ejercer el derecho a votar en las elecciones nacionales pero sí en las provinciales y municipales. En la Ciudad de Buenos Aires los extranjeros representan el 16% del padrón electoral. Pero la participación no es alta y el diálogo de los partidos políticos con esta población no es dinámico. Hay poco interés en que los migrantes ejerzan su derecho al voto.

 

La cuestión de la migración frente a la democracia y la libertad

La migración es un fenómeno que pone de relieve las contradicciones de los sistemas políticos actuales, donde es difícil preservar un sistema de libertades y convivencia a través de una seguridad ciudadana efectiva. Se cuestionan acuerdos, así como derechos fundamentales y universales que tienen casi 80 años de vigencia. No se trata de un problema de izquierda o de derecha; en los ejemplos anteriores se puede observar cómo gobiernos de diferente tipo han acordado violar derechos inherentes a la dignidad humana.

El verdadero problema parece estar vinculado a la imposición de una visión colectiva sobre una visión centrada en los individuos. Es un desafío existencial. Las visiones que promueven a las personas migrantes como grupos homogéneos que deben ser controlados son perjudiciales para los derechos humanos. Además, ante cualquier incapacidad por parte de los Estados para garantizar la seguridad o el bienestar económico, se convierten en el principal chivo expiatorio. En el pasado, cuando estas visiones colectivas y empaquetadas fueron impuestas y aceptadas por la sociedad, regímenes como el nazismo o el comunismo soviético no tardaron en surgir.

Por estas razones, en un momento electoral importante para muchos, se recomienda prestar especial atención a las posiciones políticas sobre la migración respecto de estas cuatro ideas presentadas: libertad de movilidad, estigmatización por nacionalidad, expulsiones repentinas y posición frente al voto migrante.

Debemos estar atentos a posiciones que, lejos de resolver los desafíos que enfrentan las sociedades, optan por soluciones fáciles y buscan vulnerar los derechos de las personas migrantes. Es necesario promover la defensa de la dignidad individual de cada persona en esa situación. El ataque de los políticos hacia las personas migrantes puede sentar un precedente para avanzar en la vulneración de otros derechos y atacar las instituciones democráticas de los países. Por la libertad de todos, aprovechemos este año electoral para no ser indiferentes con la migración.

 

Carlos Carrasco  es Doctora en Investigación de la Comunicación por la Universidad Anáhuac, México. Profesora de la Universidad Anáhuac y de la Universidad Panamericana, Ciudad de México
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