Tania Molina Rojas.
La transformación del crimen organizado y su creciente capacidad para penetrar las estructuras económicas, políticas e institucionales constituyen uno de los mayores desafíos que enfrenta Costa Rica. Para profundizar en esta compleja realidad, La Revista conversa con Tania Molina, reconocida criminóloga, investigadora y escritora, licenciada en Ciencias Criminológicas y diplomada en Investigación Criminal y Seguridad Organizacional. Egresada del Centro Hemisférico de Defensa William J. Perry, en Washington D. C., se ha especializado en crimen organizado transnacional, redes ilícitas, derechos humanos y Estado de derecho, además de desempeñarse como consultora y asesora en política criminal y gestión de riesgos. Es autora de Futuro Secuestrado y Crimen Organizado Transnacional: una mirada hemisférica, y una autoridad reconocida en Costa Rica en el análisis de la seguridad y la criminalidad, además de colaboradora permanente de La Revista.
A partir de los planteamientos desarrollados en Futuro Secuestrado, conversamos con ella sobre el avance del crimen organizado, las debilidades de la respuesta estatal y las reformas que Costa Rica debería emprender para evitar que este fenómeno termine comprometiendo su institucionalidad democrática. Estas son sus respuestas.
- En su libro Futuro Secuestrado usted plantea que Costa Rica enfrenta una transformación profunda del fenómeno criminal.
¿Cuál considera que es hoy el principal error del Estado al enfrentar esa realidad?
El principal error es de diagnóstico. Costa Rica sigue tratando un problema de tercera y cuarta generación del crimen organizado con herramientas diseñadas para la primera: más policías, más leyes, más penas. En Futuro Secuestrado argumento que el crimen organizado contemporáneo no combate al Estado — lo habita. Coopta instituciones, financia candidatos, corrompe funcionarios y construye gobernanza paralela en los territorios donde el Estado no llega. Mientras el país siga respondiendo con operativos y conferencias de prensa en lugar de inteligencia financiera, reforma institucional y presencia real del Estado en los territorios vulnerables, seguiremos atacando síntomas y dejando intactas las causas. El futuro que el libro describe no es inevitable — pero sí es el destino si no cambiamos el abordaje. Que debe ser preventivo y de contención al mismo tiempo.
- ¿Hasta qué punto el crimen organizado ha logrado infiltrar estructuras económicas, políticas o institucionales en Costa Rica, y cuáles son las evidencias más preocupantes?
La evidencia más contundente no es anecdótica — es sistémica. La extradición de un exmagistrado de la Sala Tercera, ex ministro de seguridad y ex director de la DIS; acusado de vínculos directos con el narcotráfico mientras ejercía funciones de control judicial, ilustra que la infiltración no ocurrió en los márgenes del sistema sino en su centro. A eso se suman casos de dirigentes de clubes de fútbol extraditados, empresas fachada documentadas por el ICD, y una apreciación del colón que los propios analistas del sistema financiero atribuyen parcialmente al ingreso masivo de dólares de origen no declarado. En el ámbito político, la presencia de dinero de origen incierto en financiamiento de campañas es una hipótesis que las investigaciones no han descartado. Lo más preocupante no es que haya casos individuales — es que el patrón sugiere penetración en capas: barrial, empresarial, institucional y política. Eso es lo que en criminología llamamos captura del Estado, y Costa Rica está en sus etapas intermedias.
- ¿Cree que el país aún está a tiempo de revertir la expansión de las organizaciones criminales o ya entró en una etapa de consolidación?
Estamos en lo que yo llamaría una ventana crítica — abierta, pero que se estrecha. Costa Rica todavía tiene activos que países como El Salvador o Honduras ya perdieron cuando llegaron a esta encrucijada: una Sala Constitucional con cierta independencia, un fiscal que resistió presiones, una prensa que investiga, una sociedad civil activa. Esos no son ornamentos — son los mecanismos que distinguen un Estado que puede revertir la infiltración de uno que ya no puede. Pero esos activos se erosionan. Cada vez que se debilita la independencia judicial, cada vez que la inteligencia queda en manos de operadores políticos, cada vez que se normaliza una medida que habría escandalizando hace cinco años, la ventana se cierra un poco más. El libro no es una profecía — es una advertencia. Y las advertencias solo sirven si se leen a tiempo.
- En el debate público suele hablarse de ‘mano dura’.
¿Qué políticas sí han demostrado resultados y cuáles responden más al discurso político que a la evidencia científica?
La evidencia criminológica es consistente en cuatro décadas: la severidad de la pena tiene efecto disuasivo marginal; lo que disuade el delito es la certeza de la sanción — la probabilidad real de ser detenido, investigado y procesado. Las políticas que sí funcionan son las que atacan esa variable: inteligencia criminal de calidad, fiscalías con recursos reales, persecución del financiamiento ilícito y presencia institucional sostenida en territorios vulnerables. Lo que no funciona — aunque produce imágenes poderosas — son los polígrafos como política de depuración, los uniformes naranja anunciados con música de fondo y las giras a cárceles para jóvenes. Scared Straight, el programa estadounidense más estudiado de ese tipo, mostró que los jóvenes participantes tenían tasas de reincidencia más altas que los que no participaron. La mano dura vende votos. La evidencia vende resultados. Raramente son la misma cosa.
- ¿Qué lecciones debería aprender Costa Rica de países como Colombia, México, El Salvador o Italia?
De Colombia: que la militarización sin reforma institucional produce victorias tácticas y fracasos estratégicos — y que los programas que más redujeron violencia no fueron los operativos sino las intervenciones territoriales que llegaron antes que el crimen. De México: que cuando el crimen organizado captura suficientes niveles de gobierno, la reversión se vuelve generacional, no electoral — y que el costo de no actuar a tiempo se mide en décadas. De El Salvador: que el populismo punitivo puede reducir indicadores de corto plazo al precio de la democracia y el Estado de Derecho, y que ese precio no viene con etiqueta de advertencia — se paga después. De Italia y específicamente de la experiencia antimafia: que el modelo más efectivo de desarticulación del crimen organizado no es policial sino judicial y financiero — seguir el dinero, atacar el patrimonio, usar a los colaboradores de justicia de forma sistemática. La Fiscalía Antimafia italiana es el referente que Costa Rica debería estudiar con más atención que el nefasto modelo Bukele.
- ¿Cómo debería reformarse el sistema de inteligencia, investigación criminal y persecución del lavado de dinero?
Tres reformas son urgentes e interdependientes. La primera es una Fiscalía de Delitos Económicos con recursos humanos, tecnológicos y presupuestarios reales para seguir el rastro del dinero — no con dotación actual sino con capacidad comparable a la escala del problema. La segunda es una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) que pueda cruzar información de múltiples fuentes en tiempo útil, no meses después de que el dinero ya fue lavado y reinvertido en bienes raíces o negocios formales. La tercera es la independencia real de la DIS respecto al ejecutivo de turno — porque una inteligencia que responde al gobierno de turno no es inteligencia del Estado, es inteligencia del partido. Sin esas tres reformas, cualquier otra medida opera sobre síntomas. Con ellas, Costa Rica tendría la capacidad de atacar la estructura económica del crimen organizado, que es donde reside su poder real.
- ¿Qué peso tienen la prevención, la educación y las oportunidades económicas frente a las respuestas estrictamente policiales?
En Futuro Secuestrado argumento que la prevención no es la alternativa blanda a la respuesta policial — es la condición de posibilidad de cualquier respuesta sostenible. El crimen organizado recluta donde el Estado no está: en el barrio sin cancha, sucio, poco iluminado, que invita al delito, en la familia sin ingreso, en el joven sin escuela que termina sin mercado laboral que lo reciba. Ningún operativo policial resuelve esa ecuación. Lo que la evidencia criminológica muestra — de manera consistente en distintos contextos — es que las intervenciones más costo-efectivas son las que ocurren en la primera infancia y la adolescencia temprana, antes de que el reclutamiento ocurra. Es lo que amplío en Futuro Secuestrado, cuando hablé de romper el paradigma adulto céntrico, para hacer política pública entendiendo a los niños y adolescentes. Costa Rica gasta hoy más en respuesta que en prevención, y lo hace en el momento equivocado del ciclo. Eso no es una crítica moral — es una crítica técnica. Llegamos tarde y pagamos más.
- ¿Qué riesgos observa en el creciente uso político del tema de la seguridad y cómo afecta eso la construcción de políticas públicas sostenibles?
El mayor riesgo es que la seguridad deje de ser una política pública para convertirse en un activo electoral, y que esa conversión cambie los incentivos de quienes toman decisiones. Una política diseñada para producir resultados electorales en el corto plazo prioriza la imagen sobre la evidencia, el operativo sobre la investigación, el clip viral sobre el expediente. Y las políticas de seguridad que producen titulares pero no resultados tienen un costo que la ciudadanía paga en cuerpos, no en votos. Hay además un riesgo institucional específico: cuando la seguridad se convierte en bandera política, los mecanismos de control que deberían supervisarla — la Asamblea, la Contraloría, la sociedad civil — se inhiben por no querer aparecer como ¨defensores del crimen¨. Esa inhibición es exactamente el espacio que el crimen organizado necesita para operar con mayor comodidad dentro de las instituciones.
- Si hoy pudiera reunirse durante una hora con la Presidencia de la República y los tres Supremos Poderes, ¿cuáles serían las cinco medidas urgentes que recomendaría implementar en el próximo año?
Primera: fortalecer la Fiscalía de Delitos Económicos con presupuesto, personal especializado y autonomía real para perseguir el capital emergente del crimen organizado — sin eso, todo lo demás es cosmético. Segunda: garantizar la independencia operativa de la DIS respecto al ejecutivo mediante un mecanismo de supervisión parlamentaria con dientes reales. Tercera: activar la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD con capacidad tecnológica para cruzar información de movimientos atípicos en tiempo útil, no retrospectivamente y darle autonomía operativa para que no dependan del poder ejecutivo de turno. Cuarta: diseñar e implementar un programa de presencia integral del Estado en los diez territorios de mayor vulnerabilidad criminal del país — no solo policial, sino educativa, económica y de salud — con indicadores medibles y rendición de cuentas pública. Quinta: establecer un mecanismo de evaluación independiente de las políticas de seguridad con participación de academia y sociedad civil, para que las decisiones en esta materia estén basadas en evidencia y no exclusivamente en criterios electorales o comunicacionales.
- ¿Cuál es el escenario que visualiza para Costa Rica en los próximos diez años si mantiene las políticas actuales, y cuál sería el escenario si se adoptaran las reformas que propone?
Si Costa Rica mantiene el rumbo actual — respuestas de corto plazo, políticas de imagen sobre evidencia, debilitamiento gradual de las instituciones de control, ausencia del Estado en los territorios vulnerables — el escenario en diez años es el de una democracia formalmente en pie pero estructuralmente capturada: elecciones que ocurren, pero donde el crimen organizado tiene capacidad de influir en candidatos y resultados; instituciones que funcionan, pero donde la corrupción interna es sistémica; y una violencia que ya no se mide solo en homicidios sino en territorios donde el Estado simplemente no tiene autoridad real. Ese escenario no es inevitable, pero es el destino lógico si no cambiamos el curso. El escenario alternativo, si se adoptan las reformas que propongo, que no son todas, sino, algunas de mayor impacto, es más lento, más caro en el corto plazo y menos espectacular en los titulares. Pero produce algo que ningún operativo puede producir: instituciones que resisten, comunidades que confían en el Estado y un crimen organizado que encuentra una Costa Rica mucho más difícil y costoso de habitar. Con menos brechas e incentivos para quedarse y destruirlo todo. Ese es el futuro que el libro dice que todavía podemos elegir. El asunto es si lo elegimos antes de que ya sea demasiado tarde.
Las respuestas de nuestra entrevistada plantean una advertencia que trasciende el ámbito de la seguridad pública: el avance del crimen organizado no puede entenderse únicamente a partir de las cifras de homicidios, decomisos o acciones policiales, sino también desde su capacidad para penetrar instituciones, economías y territorios donde el Estado ha perdido presencia. Futuro Secuestrado coloca así sobre la mesa una discusión impostergable para Costa Rica: la necesidad de fortalecer sus instituciones, anticiparse a la captura de espacios públicos y privados y construir políticas de seguridad sustentadas en la prevención, la inteligencia, la investigación financiera y la evidencia. El futuro que se describe no está necesariamente escrito, pero, como advierte la autora, el margen para actuar puede estrecharse. La decisión de impedir que ese futuro sea efectivamente secuestrado corresponde, en última instancia, al Estado y a la sociedad costarricense en su conjunto.