El documento Un Nuevo Pacto Social, se genera a partir de la convocatoria que hace nuestro Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros, que, desde el año 2018 toma consciencia de la urgencia de retomar la cultura histórica de nuestro país y establecer un proceso de encuentro entre la ciudadanía responsable y los liderazgos políticamente maduros, se encontraran en procura de establecer las pautas y las acciones necesarias para recuperar la patria y el país, como de manera reiterada a lo largo de nuestra historia patria se ha hecho, ejemplo de ello el Pacto de Concordia, el establecimiento de las Garantías Sociales.

Nuestra convocatoria reunió inicialmente a un grupo de personas críticas, que formularon una propuesta inicial, como punto de partida, invitando luego a otras personas para socializar los puntos de vista. Cómo llevar el documento a otros espacios y personas, el proceso electoral nacional, son algunas de las condiciones objetivas que han pausado su discusión y puesta en marcha, pues los procesos disruptivos en la historia de los países y los pueblos tienen su momento y por lo visto, el nuestro todavía vive los procesos necesarios del fermento político.

Esta publicación será sin duda otro esfuerzo del proceso de acumulación para el decantamiento que definirá inexorablemente el Nuevo Pacto Social que urge Costa Rica para asumir los retos de lo que queda de esta centuria. 

La construcción de un nuevo pacto social

¿Por qué un nuevo pacto social?

Costa Rica ha tenido a lo largo de su historia varios pactos sociales que han permitido articular fuerzas sociales, grupos y personas alrededor de objetivos comunes, empezando por el Pacto Social Fundamental Interino, del año 1821, conocido como Pacto de Concordia y culminando con el pacto de los años cuarenta del siglo anterior, con el cual se reformó la Constitución Política de 1871 para introducir un Capítulo de Garantías Sociales. Se aprobó el Código de Trabajo, se fundó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se abrió la Universidad de Costa Rica y posteriormente, luego de la Guerra Civil, se consolidaron estas garantías e instituciones. En efecto, la post guerra civil permitió no solo mantener y fortalecer las entidades y las reformas de los primeros años de la década, sino que además cimentó una banca nacional para impulsar la producción, descentralizó el poder mediante la creación de distintas entidades autónomas, algunas de ellas verdaderos medios de desarrollo nacional como los casos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Consejo Nacional de Producción (CNP), así como galvanizó las políticas públicas que en materia de educación y salud se venían impulsando desde años atrás. Todo lo anterior, además, mediante una nueva Constitución Política (1949), que fortaleció la institucionalidad electoral, creó el servicio civil para permitir el cumplimiento de los principios de independencia, neutralidad, eficacia en la administración pública y nombró al pueblo como depositario de la soberanía nacional en sus artículos segundo y noveno. Una Constitución que estableció la obligación del Estado de procurar el más adecuado reparto de la riqueza (art. 50), que estableció la igualdad entre todas las personas trabajadoras, aplicando una legislación social enmarcada en una política permanente de solidaridad nacional (art. 74).

Ese gran pacto de la década de los años cuarenta del siglo anterior, que permitió tantos avances en los campos de la economía, agricultura, salud, educación; que contribuyó a la promoción social para alcanzar la igualdad, una mejor distribución de la riqueza, proclamados en la Constitución de 1949, ha venido perdiendo impulso, decayendo en su apoyo social, hasta el punto que hoy se puede hablar de un pacto roto, donde las políticas que se han ido impulsando, en medio de grandes resistencias sociales, han sido insuficientes para lograr el mayor desarrollo de los habitantes.

Los servicios de salud, en manos de quienes forman parte de la estructura administrativa y operativa de la C.C.S.S., se han deteriorado, la institución misma padece por falta de un adecuado financiamiento para mantener estándares y servicios mínimos aceptables.

Por otro lado, el modelo educativo actual produce desigualdad entre las personas, produciendo estudiantes de primera, segunda y tercera categoría, según el centro de enseñanza o el lugar donde se ubica el centro educativo.

El I.C.E., otrora institución señera e impulsora del desarrollo nacional, hoy marcha sin rumbo, dentro de un clima de estancamiento y mediocridad. El C.N.P. garante del impulso de la producción nacional, de la democratización agrícola, ha sido limitado a funciones puramente testimoniales, mientras los agricultores nacionales pierden la batalla frente a modelos de producción, de comercialización que solo les ofrecen pobreza y ruina.

Las Universidades públicas, encabezadas por la Universidad de Costa Rica, sufren por los intentos del poder público de limitar su autonomía, por la ausencia de autocrítica sobre su gestión, quehacer en relación con las necesidades y expectativas de la comunidad nacional. Mientras todo esto ocurre, esos centros de enseñanza se vuelven sobre sí mismas, aislándose peligrosamente de las necesidades de la sociedad y el Estado.

Por su parte, la banca pública compite con la privada para repartirse los créditos dedicados al consumo, obteniendo altos índices de competitividad ante las autoridades financieras del país, que dan igual tratamiento a los bancos privados, públicos, cooperativas de ahorro y crédito y a otras entidades financieras, como si todas tuvieran que ser valoradas con los mismos raseros económicos.

En cuanto a la legislación laboral del país, reformada en al año 2016, con vigencia en el 2017, no solo ha fracasado en su intento de acortar el tiempo de los juicios laborales, obligando a miles de trabajadores y empleadores a buscar arreglos apresurados antes que esperar una decisión judicial que tardará años en llegar, acrecentando los costos de los proceso judiciales, sino que además ha sido objeto de distintas leyes posteriores, que han constituido una verdadera contrarreforma laboral, limitando arbitrariamente el derecho de huelga o convirtiendo en inexistente el derecho a la negociación colectiva.

Ante este brote de contradicciones, el Estado costarricense ha optado por abrazar un conjunto de políticas fiscalistas, en el medio de un diseño que solo busca cercenar su campo de actividad, eso cuando no es presa de la corrupción que afecta a la sociedad como un todo, incumpliendo el mandato constitucional del artículo 50 constitucional. Pero, además, es un Estado que desprecia o cuando menos ignora la soberanía del pueblo, garantizada en el artículo 9 constitucional, mediante un proceso de centralización del poder público en manos del Poder Ejecutivo, a la par que se debilitan otros poderes formales, como los municipales, los consejos de distrito, las asociaciones comunales, las organizaciones sindicales, entre otros.

Como contrapunto, algunos poderes fácticos se han fortalecido, otorgando un poder desmesurado a sectores financieros, productivos e incluso mediáticos, cada vez más concentrados en pocas manos. Todos en común, sectores dominantes y el resto de la sociedad, ven con pasividad cómo el país se hunde en una creciente desigualdad, dañando el tejido social e incrementando la delincuencia como medio de sobrevivencia.

Los partidos políticos costarricenses hace tiempo que dejaron de ser grupos de ciudadanos interesados en conseguir transformar positivamente la sociedad, convirtiéndose en unos parias de los sistemas de financiación tanto privados como públicos, alimentando el clientelismo, la despolitización de la sociedad y el empequeñecimiento del pensamiento creativo.

Es evidente entonces que Costa Rica debe alumbrar pronto, urgentemente diríamos nosotros, un nuevo pacto social, frente a la crisis social que ya no acepta como válidos los presupuestos del pacto anterior, pero que tampoco encuentra el camino del nuevo pacto que requiere. Mientras el viejo pacto social ya solo arroja sombras, el sol del nuevo pacto espera el transcurso de la larga noche que permita la llegada del nuevo día.

¿Qué es un pacto social?

Es un acuerdo social, el cual normalmente marca una época histórica, entre distintos sectores sociales, económicos, culturales, grupos y personas, para impulsar un proyecto común de sociedad y Estado. El pacto social implica tanto ventajas como sacrificios para unos y para otros, por lo que no puede plantearse en términos en los que solo algunos van a disfrutar de las transformaciones que propicie mientras otros deben asumir el papel de perdedores. Se trata entonces de encontrar un equilibrio de intereses que nos permita a todos como sociedad, cumplir un programa mínimo de objetivos, rescatando la idea de que la soberanía pertenece a todas y cada una de las personas ciudadanas; al SOBERANO.

¿A qué tipo de pacto social aspiramos?

En las últimas cuatro décadas hemos experimentado un proceso de destrucción del modelo costarricense que emerge de la Segunda República, para ser sustituido poco a poco por los condicionamientos que establece la globalización, alterando los criterios de sociedad que nos habían caracterizado: libertad, solidaridad, comunidad, democracia económica, trabajo, paz. Dando espacio a un comportamiento cultural, estructural de individualismo, corrupción, impunidad, narco tráfico, desigualdad, violencia, intolerancia, autoritarismo, descrédito institucional y de los institutos fundamentales de la república como la justicia, el sufragio, la transparencia, la rendición de cuentas. Se ha venido sustituyendo el modelo de equilibrios por uno de desequilibrios sociales, culturales, políticos y económicos, los cuales atentan contra la sostenibilidad en el mediano y largo plazo.

El instrumento ha sido el miedo, para construir disciplina, obediencia en el pueblo; en manos de los grupos económicos y políticos dominantes. La educación ha sido fundamental en la construcción del miedo, la subordinación, el autoritarismo, el legalismo, aunque sea inmoral. Así encontramos el normativismo estatal como imposición, la ignorancia de la ciudadanía para asegurar la ausencia de la ciudadanía responsable, incrementando la distancia de la política, del encuentro, de la búsqueda conjunta de soluciones, de propuestas, de construcción estratégica de país, estableciendo que la amenaza de la persona es el “otro”, su vecino, y el adversario, la competencia.

Hoy no sabemos con exactitud qué es democracia, libertad, sufragio, rendición de cuentas, persona ciudadana, autoridad, delegación de autoridad, “administrado”, estado social de derecho, servidor público, funcionario público, trabajador, colaborador, sociedad civil, gobernabilidad, gobernanza, para poner algunos conceptos sobre la mesa.

Vivimos pues la crisis del sistema de representatividad. “Ese no me representa” es el grito de la ciudadanía. La persona ciudadana se siente con la necesidad de participar en la toma de decisiones, se reconoce como parte, aunque no sabe cómo hacerlo. Por ello, el Nuevo Pacto Social supone, como primer paso fundamental, el ejercicio de la participación de la ciudadanía responsable en la toma de decisiones. La democracia representativa que jugó su papel en el pasado, hoy es absolutamente insuficiente para lograr la participación de todas las personas ciudadanas en el manejo de la cosa pública. La crisis de representatividad produce por demás, peligrosas tendencias hacia el abandono, el desinterés, permitiendo que pequeños grupos de poder se adueñen de los recursos, de las instituciones del país, como ya está sucediendo en otras partes del mundo.

En nuestro país, un Nuevo Pacto Social debe tomar en cuenta como segundo paso el espíritu dialógico, teniendo como punto de partida lo que establecen los Art. 9 y 11 constitucionales, reconociendo el papel de la persona ciudadana como El Soberano, el único dueño del poder, que debe ejercerlo responsablemente, interviniendo en la toma de decisiones. Se debe convocar al debate, la propuesta, a la ciudadanía en general, limitando el papel de aquellas personas que han sido cuestionadas por su contribución al deterioro de la institucionalidad, de la situación de crisis a que hemos sido expuestos.

Como tercer paso se debe someter a escrutinio la construcción misma del sistema institucional, especialmente en lo que tiene que ver con el concepto de ciudadanía, la naturaleza del sufragio, así como en todo aquello que refiera a los espacios para la definición de las estrategias de desarrollo, los presupuestos participativos, la formulación de políticas públicas, el control político ciudadano, la precisión del papel del funcionario público y los procedimientos para asumir la responsabilidad de sus actos.

El aparato estatal debe revisarse, eliminar la duplicidad de funciones institucionales, de modo que resulte ágil, eficiente, que pueda transparentar el efectivo uso de los impuestos, de los recursos públicos en general. El control político de la ciudadanía debe ser efectivo, por lo que el referéndum como instrumento de legislación en manos de las personas ciudadanas debe ser llevado a la práctica, incluyendo la posibilidad de establecer el referéndum revocatorio para puestos de votación popular, cuando no cumplan adecuadamente con las funciones que les corresponden.

Debemos recuperar la soberanía alimentaria, nuestra capacidad de abastecimiento alimentario, restituyendo la infraestructura necesaria para ello, desde luego, dejando de lado la dependencia tecnológica de las transnacionales químicas, sustituyéndolas por las capacidades nacionales tecnológicas, el cuidado del medio ambiente, de la salud humana. Se trata de emprender el camino para bajar los costos, aumentar la productividad, mediante sanas formas de competencia, construyendo esquemas de distribución que sustituyan las grandes cadenas de mercadeo, recuperando la movilización del dinero en manos de los más vulnerables, dando espacio a las pymes, reconociendo su valor en la economía nacional, recuperando el papel de la clase media a través del emprendimiento.

Debemos además definir un acuerdo hacendario o nuevo pacto fiscal, un pacto fiscal de largo aliento que dé sustento al pacto social acordado, repartiendo de manera justa y equitativa las cargas y beneficios fiscales.

Creemos que quienes deben participar en este proceso de construcción de un nuevo Pacto Social deben ser personas ciudadanas, alentando de esta forma un diálogo directo, sin intermediarios. Lo anterior no quiere decir que en determinado momento no se puedan unir grupos y sectores al diálogo social programado. Todo lo contrario, creemos que habrá un momento en la construcción del nuevo pacto social en que deberán sumarse grupos, sectores, bajo las condiciones que se fijen en el arranque del proceso.

¿Qué elementos deben considerarse para un nuevo Pacto Social?

Entre los elementos para un nuevo Pacto Social, deben considerarse los siguientes:

  1. La persona ciudadana es el centro de la toma de decisiones políticas de la República.
  2. El Estado está al servicio del ser humano, que es el centro del desarrollo, del ejercicio pleno de la libertad, pues el desarrollo de los pueblos se construye con personas
  3. La esperanza, el bien común y la solidaridad, serán guías en la construcción de este
  4. La participación ciudadana tiene mayor preponderancia que los esquemas de representatividad, pues ninguna forma de representación puede usurpar el poder del Soberano, tal como ha sucedido muchas veces en la La representatividad debe ser una forma temporal y ordenada de delegación de responsabilidades, sin que ello implique en ningún caso enajenar de manera permanente ni total la soberanía.
  5. La educación debe estar al servicio de la construcción de ciudadanía, la solidaridad, el emprendimiento, el sufragio, el referéndum, la soberanía y abastecimiento alimentario, el respeto a los derechos humanos, el desarrollo de la cultura, la memoria histórica, las artes, el deporte; la tolerancia, el disenso y el libre debate de
  6. El país debe impulsar una cultura de diálogo social, de negociación entre personas, grupos y sectores. La ausencia de esa cultura ha contribuido no solo a convertir la sociedad en un mosaico de grupos estancos, sino que ha debilitado la capacidad de las personas ciudadanas para crear consensos, avanzar en lo económico y en lo
  7. La persona ciudadana es El Soberano. Dueña única del poder en la República.
  8. Todos somos iguales ante la Constitución y las
  9. Un funcionario público no puede tener más poder y atributos que la persona ciudadana, el funcionario público está al servicio de la persona ciudadana y las personas que forman la comunidad nacional (art.11 Constitución Política).
  10. El garantismo, el formalismo, no puede dar paso a la corrupción y la impunidad, sin que ello implique irrespeto a las normas del debido proceso.
  11. Las áreas estratégicas deben estar en manos de la ciudadanía: la salud, el agua, la energía, el medio ambiente, la naturaleza, la educación, la cultura, los derechos de la persona, sobre todo el derecho al trabajo, que no deben no ser concebidos como mercancías.
  12. Las universidades públicas deben estar al servicio del pueblo, de la estrategia de desarrollo que se establezca en este nuevo pacto social y rendir cuentas por
  13. La ciudadanía debe escoger sus representantes en los órganos que constitucionalmente le pertenecen, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República, la Asamblea
  14. El sistema electoral debe ser reformado a fin de establecer el referéndum revocatorio y facilitar a la persona ciudadana la escogencia de quienes mejor representen sus ideas e intereses. El sistema de partidos políticos debe ser reformado, empezando por el acceso en condiciones de igualdad en la participación, la propaganda, lo mismo que a la financiación política.
  15. Debe discutirse y llegarse al acuerdo sobre el papel, el número de instituciones que requiere el Estado, así como la forma de controles ciudadanos sobre su desempeño, rendición de cuentas, evaluación de resultados de sus jerarcas y funcionarios (art.11 Constitución Política).
  16. Debe impulsarse un nuevo pacto fiscal, que establezca una mejor distribución del ingreso nacional, que contribuya a limitar las desigualdades sociales.

Un pacto social que alumbre la construcción de una propuesta país.

En una primera etapa debemos entender que lograr un Nuevo Pacto Social, pasa por reconocer la urgencia de establecer una propuesta país, que en el pasado ha sido pospuesta, más por cálculo de dirigentes políticos, financieros y gremiales, que por no ser necesaria.

Esta decisión de posponer la tarea no ha resuelto la condición deficitaria en el ámbito económico, educativo, científico, cultural, ambiental, así como tampoco del apremiante abastecimiento alimentario. Tampoco ha permitido la libertad, el disenso para construir consensos, alentando de esta manera la desigualdad, la ausencia de oportunidades, entre otros.

Un pacto construido sobre las coincidencias y no sobre las diferencias.

La sociedad costarricense hoy es más diversa que nunca, las diferencias son mayormente manifiestas en todos los ámbitos. La identificación de las coincidencias es punto medular para construir un Nuevo Pacto Social, que permita trabajar en la articulación de una propuesta, que, en vez de dividir la sociedad, más bien la una, bajo las definiciones acordadas de construcción con una activa participación ciudadana. Inventariar esas coincidencias es una necesidad nacional, hay que trabajar con empeño en esa tarea, en especial detectando coincidencias sustanciales, medulares, estructurales.

Las diferencias se reconocen y se respetan, pero no pueden ser una patente de corso para impulsar el odio, la intransigencia, la intolerancia y la libre pero responsable expresión de las ideas.

En este Nuevo Pacto Social, las diferencias se debaten solo con la fuerza de las ideas, las propuestas, los argumentos y el respeto a la persona, jamás con la fuerza o los intereses mezquinos de colectivos que se comportan como colmenas enemigas, la construcción de un tejido social de alto valor humano, solidario y basado en el bien común será el principio que nos rija.

Un pacto articulador y no desagregador

No es posible construir un pacto social sin alejarse del equipaje de los prejuicios. Por eso es necesario inventariar las fuerzas sociales de todo tipo, movilizadoras, participativas de los espacios sociales, a fin de integrarlas con el mismo propósito, sin descalificaciones previas. Todas deben ser convocadas, más no todas llegarán a la formulación.

Un pacto para el bienestar general

La construcción de un Pacto solo tiene sentido, si el esfuerzo de su diseño es directamente proporcional al sueño de generar un espacio vital de bienestar.

Ese concepto es la inspiración, la guía. Es el propósito fundamental. El bienestar es armonía, respeto a la condición de persona ciudadana, a sus derechos, libertad, necesidades y aspiraciones. Pero si además queremos que el bienestar trascienda lo individual, debemos pensar en la justicia, como medio para el bienestar social. Bienestar para la sociedad; para todas las personas, es entonces y, ante todo, justicia social.

La democracia económica, la justa distribución de la riqueza, la lucha contra la desigualdad, la violencia en todas sus formas, incluida la violencia que se ejerce en los hogares o en los centros de trabajo; en fin, la solidaridad nacional, será norte de este esfuerzo. Interiorizar eso es esencial a la hora de ir poniendo las bases de un gran pacto nacional.

Un camino estratégico hacia el pacto

Construir un Nuevo Pacto Social demanda una estrategia que debe ser elaborada en conjunto. Implica tener claras las fortalezas, oportunidades y amenazas, los valores que deben animar el proceso, tales como la trasparencia, la tolerancia, la honestidad, el trabajo en equipo, la fraternidad, la unión, la apreciación de lo técnico, la ejecución eficiente y eficaz, la inclusividad y el compromiso patriótico.

Estrategia que debe además considerar la estructura institucional de nuestro país, a fin de que corresponda a una República realmente Participativa, en sus objetivos, gestión técnica, gestión política, entre muchas otras acciones necesarias para el músculo y la legitimación que requiere un esfuerzo de tal magnitud.

La dignidad, la búsqueda de la paz y el respeto a la libre autodeterminación en las relaciones internacionales.

La historia de la humanidad está marcada por el surgimiento de conflictos y luchas entre pueblos e imperios, que nacen y se destruyen entre sí, por intereses particulares, por la apropiación y generación de lo que se considere que es riqueza; en la actualidad de los recursos naturales y la hegemonía regional, continental o mundial.

Actualmente la globalización ha abierto horizontes impensables hace medio siglo, donde las corporaciones empresariales se asumen gobiernos en sí mismos, por encima de las naciones y repúblicas, llevando el debate y el conflicto -sin importar sesgos ideológicos, políticos o económicos- a términos confusos entre el globalismo y el soberanismo, donde ha surgido como un fuerte poder fáctico además del económico, la manipulación de los pueblos a través de una comunicación mediática y de las redes corporativas de masas.

La pérdida de significado de la democracia, la libertad, la verdad o la mentira, así como la autodeterminación de los pueblos, han dado paso a la legitimación del espacio militar, de lo que se deriva de ello, para mantener una seguridad internacional sustentada en los intereses corporativistas.

Costa Rica, país que se declaró en neutralidad perpetua desde los 80´s y que ha demostrado a lo largo de la historia su espíritu de paz y de respeto a la autodeterminación, siendo el más vivo ejemplo las luchas libertadoras de Mora y Cañas en 1856, ha visto en los últimos lustros, perder su dignidad y su prestigio internacional, al sumarse sumisa e indecorosamente a intereses ajenos al bienestar nacional, a cambio de favores a grupos o personas nacionales sin sentido de patria.

Un Nuevo Pacto Social se sustenta en la paz, por lo requiere rescatar la dignidad, la neutralidad, como el espacio por excelencia para propiciar el diálogo internacional, el respeto al libre debate de las ideas, teniendo como contraparte la construcción de la participación activa de la persona ciudadana en la toma de decisiones, donde se construye responsablemente como El Soberano, respetando sus pares, bajo el principio del bien común, la solidaridad, donde se reconoce como principio fundamental la condición de libertad natural del ser humano y su derecho a la rebelión, al disenso, a la oposición, al cambio, a la búsqueda y la construcción de otros o nuevos caminos cuando el Pacto Social se rompe.

Mientras el viejo pacto social ya solo arroja sombras, el sol del nuevo pacto espera el transcurso de la larga noche que permita la llegada del nuevo día.
¡Quedamos todas las personas ciudadanas convocadas!

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