Tres noticias positivas

La Procuraduría ha devuelto un poco de sensatez a esa discusión al reafirmar lo que ya todos deberíamos saber: que nadie está por encima de la ley

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Eli FeinzaigEconomista.

Hoy quiero comentar tres noticias positivas porque, así como somos implacables en la crítica de lo mucho que, lamentablemente, se hace mal en política pública en nuestro país, es importante destacar lo positivo y apoyarlo para que se convierta en realidad.

Las primeras dos noticias están muy relacionadas entre sí y tienen que ver con la salud de las finanzas públicas. Por una parte, la Procuraduría General de la República, que es el abogado del Estado, emitió un criterio despejando uno de los mitos más difundidos en el debate público nacional: que las convenciones colectivas, al ser un acuerdo entre partes, no pueden ser modificadas por ley.

Las convenciones colectivas son, en efecto, un acuerdo entre partes: son el producto de la negociación entre los representantes patronales, que son los jerarcas de las instituciones públicas que actúan en representación del Estado, y los representantes de los funcionarios, que usualmente son sus dirigentes sindicales. Mediante este tipo de convenciones se determinan algunas condiciones laborales, beneficios para la dirigencia sindical y, por supuesto, pluses salariales y toda clase de “incentivos” adicionales al salario base de los trabajadores.

Dice una máxima jurídica que todo contrato es ley entre las partes, y esta última parte de la frase se ha ido olvidando, convenientemente para algunos, hasta llegar a afirmar que la convención colectiva -que es un tipo de contrato- es ley, así no más, a secas. No señores.

Dado que yo no soy parte de ninguna convención colectiva, dichas convenciones no son ley para mí, ni para ninguno de los aproximadamente 4.800.000 costarricenses que no estamos cubiertos por una. Leyes son únicamente las que emanan del único órgano constitucionalmente autorizado para emitirlas en nuestra democracia liberal republicana: la Asamblea Legislativa.

En fin, la Procuraduría ha devuelto un poco de sensatez a esa discusión al reafirmar lo que ya todos deberíamos saber: que nadie está por encima de la ley. Para efectos prácticos, lo que esto quiere decir es que las cláusulas abusivas contenidas en algunas convenciones colectivas, tales como el pago de anualidades del 5%, 6% y hasta 10%, o el pago de cesantía sin límite de tiempo o con 20 años de límite, han quedado derogadas por el recientemente aprobado plan fiscal.

A esto se suman las recientes declaraciones de la ministra Rocío Aguilar sosteniendo una línea similar, al recordarles a las universidades públicas que tampoco ellas están por encima de la ley, y que las disposiciones de la reforma fiscal les serán aplicadas al pie de la letra. Y como los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior -el famoso FEES- provienen del presupuesto del Ministerio de Educación, esto quiere decir que cuando entre en vigencia en el 2020 la regla fiscal contenida en el Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que establece que el gasto público no podrá crecer más que un porcentaje del crecimiento económico (siguiendo parámetros que la propia ley define), el presupuesto de las universidades no podrá crecer en más que dicho porcentaje.

Estos dos pronunciamientos juntos le dan fuerza al elemento de contención del gasto contenido en la reforma aprobada. Y es una buena noticia, porque desde el propio 3 de diciembre, fecha en que se aprobó la ley, ya andaban sindicatos, universidades, la Caja del Seguro Social y otras fuerzas tratando de evadir su responsabilidad argumentando que la autonomía de sus instituciones significa que no se tienen que sujetar a las leyes de la república. Y aunque la afirmación es un disparate autoevidente, vivimos en un país donde a menudo dichos disparates llegan a convertirse en ley, práctica y costumbre.

La tercera noticia positiva es la presentación por parte del gobierno de un proyecto de ley para permitir la apertura en Costa Rica de sucursales de entidades bancarias internacionales. Hoy en día, si un banco extranjero quiere operar en el país, debe constituir una subsidiaria, que es una sociedad con personalidad jurídica independiente. Las casas matrices de dichas subsidiarias no tienen la obligación legal de apoyar a sus filiales nacionales en caso de tener problemas.

La sucursal, en cambio, es una entidad enteramente dependiente de su casa matriz y esta, necesariamente, no puede esquivar su responsabilidad. Con esto lo que quiero decir es que esa limitante establecida en nuestra legislación actual es como pegarse un disparo en el pie.

Este es un paso necesario para empezar a nivelar la cancha en un mercado bancario con una aún muy elevada concentración del sector público. La aprobación de este proyecto facilitará el ingreso de nuevos competidores al mercado nacional, que es necesario para presionar los márgenes de intermediación a la baja. Ello permitirá reducir los costos de financiamiento en el país, que es, después de los elevados costos de la electricidad, una de las principales quejas de los empresarios nacionales.

Faltaría aún bastante para terminar de nivelar esa cancha; entre otras cosas es necesario equiparar las cargas fiscales y parafiscales que enfrentan bancos públicos y privados, y crear un seguro para los depositantes de ambos tipos de entidad. Pero este es un buen primer paso que la Asamblea debería aprobar sin dilación.

Comentario editorial del día del 12 de marzo de 2019, en el programa A Las Cinco Con Alberto Padilla, transmitido por CRC 89.1 Radio.

 

Eli Feinzaig.
Economista, consultor y empresario. Liberal, demócrata y librepensador.
Presidente del Partido Liberal Progresista.  
#SoyLiberal

 

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