Un Estado fragmentado y disfuncional, con presiones hacia una mayor dispersión

El actual presupuesto público alcanza la enorme cifra de 23 billones de colones y eso equivale a más del 70% del PIB nacional

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Eduardo Carrillo Vargas, (Ph.D. Administración).

No puedo omitir ser reiterativo, pero hay fuerzas negativas que insisten en desarticular el Estado. Si los recursos públicos -que salen del bolsillo de todos- no se ordenan en torno a las metas comunes de bienestar y desarrollo, la población seguirá pensando que todo es chorizo y que el sistema, nuestra democracia, no sirve para nada. Lo cual abre un portillo para los populismos de moda.

Es una cuestión aritmética: el Gobierno Central tiene algo más de un tercio de los recursos públicos y el resto de las instituciones la diferencia que posiblemente alcance a algo más del 60%. El país necesita de todos los aportes estatales para su desarrollo, en parte porque fuera del gobierno central se encuentran empresas y servicios críticos para el desarrollo: educación superior, salud, energía, combustibles, puertos y aeropuertos e, infraestructura. Y, si bien el Gobierno central tiene un ejército de burócratas, más de 300 mil, sus acciones son determinantes del crecimiento y del sector privado que aporta los trabajos e ingresos para la mayoría de los costarricenses.

Mi reiteración va en dos sentidos: primero el fiscal. No es cierto que el Gobierno nacional, es decir, de todo el Estado, tenga un problema fiscal. El actual presupuesto público alcanza la enorme cifra de 23 billones de colones y eso equivale a más del 70% del PIB nacional. Aclaro que la cifra puede ser mayor, según el método de cálculo ¿Mucho o poco? Según he venido argumentando, basado en cifras oficiales de organismos internacionales, para Noruega, Suecia y Finlandia la cifra comparativa es 52%, Y, para Brasil, Argentina y Uruguay es 38% (promedios). Si faltan recursos es producto de un monumental despilfarro, al cual se agrega la dispersión institucional de nuestro Estado, conformado por más de 330 entidades, más de 80 de ellas en algún régimen de autonomía que, según la CGR no ha servido para aumentar eficiencia. Sí para crear regímenes de privilegio contrarios al espíritu del artículo 33 de la Constitución Política.

La rebelión contra el Estado es, en la nueva jerga, viral. El Poder Judicial fue uno de los primeros en pretender “casa aparte”. Aún cuando son ellos los que tienen que velar por la correcta aplicación de nuestro estado de derecho, en especial el principio de igualdad ante la ley (art 33 de la Constitución) varios magistrados quisieron demostrar con vehemencia que ellos son una categoría especial de costarricenses, sin la cual el Estado no funcionaría (de que serviría un Estado con Poder Judicial, pero sin congreso y sin gobierno). Por fortuna, ese pensamiento fue sepultado por la decisión final que aprobó el mencionado proyecto.

Hace algunos meses, la junta directiva de la CCSS dispuso que no aplicaría la regla fiscal. Esta normativa ya es parte de nuestra constitución en su artículo 176. Explícitamente dice que “Las Municipalidades y las instituciones autónomas observarán las reglas anteriores para dictar sus presupuestos”. Un titular de prensa de esta semana reza “Rectores se alían para exigir que saquen a las ‘U´ de reforma fiscal” y, según otro, “Japdeva se le revela al MOPT por atención de embarcaciones”.

En parte esto ocurre porque nuestros presidentes, en especial los dos más recientes, parecen ignorar las bases jurídicas de nuestro Estado. Para empezar, hay amplia jurisprudencia que confirma, al margen de la estructura descentralizada de una parte del Estado, que el Gobierno es nacional y es función del Poder Ejecutivo. Esto es consustancial a nuestro carácter de Estado Unitario, sobre el cual también hay bastante jurisprudencia. Por otra parte, es común escuchar por doquier la palabra RECTORÍA. En administración pública esto significa que la decisión política es responsabilidad del presidente, conjuntamente con los ministros de cada ramo. Finalmente, podemos volver a la Constitución, artículo 188, para reafirmar el ámbito autoridad del Gobierno. Dice textualmente: “Las instituciones autónomas del Estado gozan de independencia administrativa y están sujetas a la ley en materia de gobierno”. Nuestra jurisdicción aclara que la función de gobierno compete al Poder Ejecutivo y, agrego yo, que se ejecuta de dos maneras: una a través de las Políticas de Estado que determinan la dirección a seguir y, otra, de los mecanismos de control, para asegurar que esas políticas se apliquen. Todo lo que ponga en riesgo la ejecución de esas Políticas de Estado es campo de control e intervención gubernamental (de nuevo, Poder Ejecutivo).

Parece lógico preguntarse si el Presidente de la República conoce las raíces jurídicas de su autoridad nacional. Con un ministro de la presidencia con amplio conocimiento y experiencia jurídica, seguro que Carlos Alvarado debe conocerlo. Es posible, por otra parte, que el proceso electoral nos haya hecho una mala jugada. Carlos Alvarado alcanzó en febrero solo el respaldo del 13% del padrón electoral. El acontecimiento del 9 de febrero, determinante de los resultados, puede haber producido el quebranto del sistema electoral, pero no ha motivado investigación alguna del TSU. Pero esto es enano de otro cuento.

El hecho es que el Presidente Alvarado tiene una pequeña minoría de diputados y ello limita su capacidad de gobierno. En esta perspectiva su estrategia de llamar a un gobierno nacional (que no se produjo) fue inteligente. Pero, de cualquier manera, es una presidencia débil. Sin embargo, ha encontrado respaldo en un congreso que parece tener voluntad para lograr acuerdos. Si el presidente quiere mostrar autoridad de gobierno, es posible que ese respaldo legislativo se mantenga. En hora buena si lo hace, porque el país la necesita para realizar las reformas que nos lleven por un mejor camino. Debería empezar por prescindir de aquellas figuras políticas que están abiertamente en desacuerdo con su política o que actúan al margen de nuestra institucionalidad.

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