Una nueva degradación de nuestro (des) prestigio financiero

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Dennis Meléndez Howell, Economista (Ph.D.).

Para muchos, una sorpresa. Para la mayoría una noticia más que anticipada: “Fitch degrada la calificación de la deuda de Costa Rica”. Ahora, ¡oh novedad!, las calificadoras de riesgo advierten a los inversionistas que no compren títulos de deuda de Costa Rica y, a los bancos, que no presten dinero al país. Es demasiado peligroso.

¿A qué se debe esto? A la irresponsabilidad del gobierno anterior y al partido que lo llevó al poder.

Por varios años, en complicidad con los sindicatos del Sector Público (recuérdese el pacto del Melico), se negó la existencia del problema fiscal.

De la manera más irresponsable, los diputados del PAC, con el diputado Mendoza -después Ministro- a la cabeza, boicotearon la reforma fiscal que había sido aprobada en el 2013. Y, una vez en el poder, en parte gracias a esa descarada mentira, dijeron que no harían nada durante los primeros dos años de la Administración Solís Rivera, porque, según ellos, con medidas administrativas y aumentos en la eficiencia en el cobro de los impuestos, cerrarían la brecha fiscal.

Pero, de la forma más burda, no hicieron nada por contener el gasto y, menos, el menor esfuerzo por innovar en la recaudación tributaria, más allá de lo que ya se venía haciendo.

El ministro de Hacienda, Edgar Ayales, dejó lista una reforma tributaria, consensuada con la mayoría de los grupos políticos. Pero no, no hubo ningún interés en resolver el gravísimo problema fiscal.

No sólo eso: siguieron la fiesta de despilfarros y gastos innecesarios. Solo el primer año, el gobierno aumentó en casi un 20% el presupuesto, sin contenido de ingresos. Y en el mayor irrespeto, el entonces presidente del Congreso, Henry Mora, lo aprobó de manera inconstitucional, sin que le trajera ninguna consecuencia.

Contrario a lo que recomendaba una administración fiscal responsable, aumentaron la burocracia y la gastadera en rubros improductivos. Y para cerrar con broche de oro la nefasta administración, el gobierno anterior escondió gastos ineludibles del 2018, ocultando un enorme hueco fiscal de de más de novecientos mil millones de colones, en un acto prácticamente criminal.

Probablemente, si eso lo hubiera hecho otro partido político, el escándalo hubiera sido mayúsculo y habrían activado todos los mecanismos de prensa y judiciales y, a estas alturas, estarían en la cárcel muchos exfuncionarios. Hay que reconocer que en eso, la mano negra de los aliados de la izquierda son mucho más creativos.

Y, como si lo anterior no hubiera causado tanto daño, sin que nadie se percatara y, aún hoy, nadie entiende, se dieron el lujo de despilfarrar mil millones de dólares que pidieron prestados al FLAR, para sostener artificialmente el tipo de cambio y de esta forma, esconder la inflación. Esa deuda hay que empezar a pagarla en abril de este año.

Eso es un crimen de lesa patria, que deberían estárselo cobrando a las autoridades del gobierno anterior, algunas de ellas, renovadas en el gobierno actual. Pero no, simplemente se llenaron la boca diciendo que habían mantenido estable el tipo de cambio y la inflación por debajo de la meta. Otro hecho que, en cualquier otro país, tendría en la cárcel a más de uno.

Mientras tanto, las calificadoras de riesgo solo miraban indolentes. Los órganos de control guardaron silencio cómplice y los diputados de oposición, o no se dieron cuenta de la debacle financiera que creó el gobierno anterior o se hicieron, convenientemente, de la vista gorda.

Al entrar este gobierno, no le quedó más remedio que tratar de encontrar soluciones. Es claro que, lo mínimo que tenía que hacer, tan solo para empezar, era tramitar, a golpe de tambor, una reforma tributaria, apenas para empezar a darle algo de oxígeno. Pero es indudable que, si el gobierno pretende quedarse solo con eso, la quiebra del país será inevitable.

Es urgentísima una reforma del Estado, que implica, irremediablemente el cierre de una gran cantidad de entes públicos cuya una finalidad parece ser sólo mantener el empleo de funcionarios, independientemente de si su labor agrega algo, en términos netos, al bienestar del país; de si sus funciones son necesarias o si desempeñan eficientemente alguna función productiva. No queda más remedio. Sobran entidades públicas. Hay muchas que deberían ser útiles pero gastan más de lo que producen. Hay que actuar ya para evitar un descalabro total.

Hay quienes se cuestionan la utilidad de haber aprobado el último paquete fiscal, porque, a su decir, no impidió el mal de ojo que nos cayó en nuestras calificaciones de riesgo. De todas maneras, dicen, a pesar de haber pasado el paquete, nos califican ahora como inversiones basura.

No entienden que el orden fiscal no es para quedar bien con las  calificadoras. Más bien, se tardaron demasiado las en hacernos esa degradación. En la de menos, si la situación empeora, sus clientes pueden reclamarles el porqué no lo hicieron desde hace mucho tiempo. Algo así como lo que les ocurrió con las hipotecas en Estados Unidos, en la década pasada.

No. La reforma fiscal había que aprobarla, sí o sí, no por las calificaciones de riesgo, sino para empezar a poner orden en el desbarajuste que vive este país desde hace varias décadas, cuyos actores principales han sido los sindicatos del sector público, pues nunca han querido entender que, los empleados públicos serán las primeras víctimas de tanta irresponsabilidad.

Se aprobó la reforma como un primer paso para poner orden. Quien creyera que los mercados financieros se iban a conformar con eso es sumamente ingenuo. Faltan muchos pasos y muy significativos, para poder recobrar la confianza de los inversionistas externos. Sin estos pasos  previos, en ausencia de un acuerdo con el  Fondo Monetario Internacional,  el gobierno puede irse olvidando de colocar los seis mil millones en eurobonos que está pretendiendo.

 

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