Vladimir de la CruzHistoriador y politólogo.

(Conferencia impartida por  Vladimir de la Cruz, en el Club Unión, el jueves 5 de diciembre del 2019, organizada por la “Asociación Morista La Tertulia del 56”  y el club Unión)

La experiencia militar acumulada hasta 1870 implicó la divulgación y el desarrollo de cierta literatura sobre la milicia y el arte de la guerra. Desde 1840 se fueron reimprimiendo por disposición del gobierno libros, manuelas, textos relacionados con instrucción militar, de Lecciones sobre el arte de la guerra,   se procuraba «inspirar a las clases educadas de la sociedad en el gusto por los estudios militares…”, sobre el “Arte militar”, de la estrategia, de la concepción del plan de campaña, incluso se llega a hacer un análisis estratégico de la primera y segunda campañas de la guerra de 1856.

En 1869, existían como emplazamientos militares el Cuartel Principal, el Cuartel de Artillería,  la Comandancia de Alajuela   y la Comandancia de Cartago. A finales de este año se intentó dar un golpe de estado desde el cuartel de Alajuela en favor de Francisco Montealegre, sin ningún resultado.

La conspiración para derrocar al presidente don Jesús Jiménez se mantuvo, para lo cual se encargó al coronel Tomás Guardia Gutiérrez.

A partir de 1870 se inició una nueva etapa en la vida institucional del país. Importante papel desempeñaron a partir de ese momento hasta 1889 don Tomás Guardia Gutiérrez, don Bernardo Soto y don Próspero Fernández, todos con rango militar.

El 8 de agosto de 1870 inauguró sus sesiones la Asamblea Constituyente, día en que el presidente provisorio don Bruno Carranza presentó su dimisión; lo sucedió el general Tomás Guardia Gutiérrez, como Presidente Provisorio, nombrado por esa asamblea. El 10 de octubre   con apoyo de las provincias disolvió la asamblea.

En noviembre intentaron realizar golpes de estado con Guardia sin éxito. Guardia se vio precisado a armar el país, especialmente por las dificultades tenidas por revolucionarios centroamericanos que habían salido desde Costa Rica. Según Mercedes Muñoz el número de integrantes del Ejército de Operaciones en 1870 era de 34.000 hombres.

En l871 se promulgó el Código Militar que se complementó con la Ley de Organización del Ejército, con ésta se estableció una institución compuesta de tres secciones: ejército de operaciones, de reserva y la guardia nacional. En el primero estaban los que obligadamente prestaban servicio militar y que comprendía personas entre los 18 y 30 años; en la segunda los que tenían entre 30 y 45 años y excombatientes de la guerra nacional del 56 y de experiencia militar, y en la tercera los hombres menores de 55 años. Para la organización del Ejército se contrataron militares europeos y se adquirió armamento.

A partir de entonces el Ejército de­sempeñó un papel significativo en el man­tenimiento del poder, mas no decisivo en la definición del origen del poder.

El so­metimiento de lo militar por lo civil logrado en 1869 no impidió los conflictos y contradicciones políticas que procuraron re­solverse militarmente en el interior del ámbito civil.

Sin embargo, no son sustan­tivamente los militares los que conspiraron desde el poder militar o desde los cuar­teles hacia el civil, aunque a partir de este período se apreciaron más militares cons­pirando hacia el poder político, pero fuera de las guarniciones o comandancias. La circunstancia de que el propio presidente Guardia fuera militar y Jefe del Ejército acentuó esta situación y en cierto modo el control de lo militar por el gobierno civil. Hasta entonces ningún gobernante había reunido en sí mismo la autoridad de ambos poderes, como lo hizo Guardia. Por otra parte, en sus dos primeros años de gobierno, Guardia ascendió a 149 militares desde subteniente, hasta general, algunos de ellos directamente vinculados con su movimiento militar.

En la Constitución Política de 1871 en su Art. 22 se estableció contundentemente que la fuerza militar está supeditad al Poder Civil, que es pasiva, que jamás puede o debe deliberar. Los grados militares los seguía otorgando el Presidente.

Esta Constitución llegó prácticamente hasta el 8 de mayo de 1948, exceptuando el breve período de vigencia de la Constitución de 1917 hasta 1919.

En setiembre de 1873 los milicianos de la provincia de San José sumaban 3 000 hombres.

En l874 se estima que el ejército de operaciones había logrado preparar cerca de 14 000 hombres, según refiere Mercedes Muñoz, con obligatoriedad del servicio militar de unos 3 000 por año, y afirma que dicha preparación ofrece «garantía y respetabilidad en el exterior y orden y tranquilidad en el interior».

En mayo de l875 el presupuesto de la Secretaría de Guerra y Marina significaba el 37,4% del nacional mientras que el de Instrucción Pública apenas recibía un 8,4%, según afirma Roger Falla Esta notable diferencia porcentual no era contradictoria con el desenvolvimiento nacional en tanto educación y militarismo no eran excluyentes y aún no se desarrollaba con fuerza el proceso educativo; por el contrario, la milicia implicaba cierto grado de instrucción.

En 1875 existían los siguientes cuarteles: el Principal, el Presidencial, el de Artillería, las comandancias de Plaza de Cartago, Heredia, Alajuela y Liberia.

En 1878, preparándose para la guerra con Guatemala, el gobierno compró en San Francisco de California un barco de guerra, que denominó Irazú, pertrechado con cañones.

A finales de 1879 compró Guardia dos barcos más: en enero de 1880 fueron bautizados con los nombres de Alajuela, y Heredia. Para este momento también se contaba con el pailebot Liberia. Esto constituía la flota de guerra nacional. Con motivo de esta situación se llegó a crear en la estructura del ejército el grado de almirantazgo de marina. Según datos oficiales «el ejército de operaciones constaba de dieciocho mil soldados y que la reserva la formaban diez mil hombres».

El autoritarismo militar durante el período de Guardia se expresó en el aumento constante del presupuesto de la cartera de Guerra y Marina, el papel especial que en lo político desempeñaba la Comisión Permanente del Congreso, la mano dura contra los enemigos políticos; la promulgación de códigos, disposiciones e instituciones militares que dieron al ejército profesionalidad.

En 1882 el contingente militar de San José ascendía a 5 543 personas de las cuales poco más del 80% eran soldados y el resto poseía algún grado de oficial, entre los cuales había cuatro generales de división y cuatro de brigada.

El 21 de enero de 1884 se aprobó por la Comisión Permanente del Congreso el Código militar para el ejército de la República de Costa Rica, que   organiza al Ejército en una fuerza pública donde se define la composición, carácter, objeto y división de la fuerza pública y el Ejército; se clasifican las armas y se establecen los cuerpos, medios cuerpos, compañías sueltas, columnas y brigadas, divisiones, ejércitos, estados mayores, cuerpo de ingenieros y armamento. El número de efectivos militares era de 25 666 hombres. Igual que el Código de 1871 estableció obligatorio el servicio militar, con una edad de ingreso de 18 años. Con el Código de 1884 se creó la Inspección General del Ejército, de nombramiento del general en jefe.

La formación e instrucción del ejército se daba en la Academia Militar.

Con motivo del decreto del 6 de marzo de 1885, del presidente de Guatemala, general Justo Rufino Barrios, que proclamaba la Unión de Centroamérica en una sola república y asumía la jefatura militar de la región, el gobierno dispuso hacer la guerra a Guatemala. Nicaragua y El Salvador se opusieron a Guatemala.

El «Reglamento Orgánico de la Escuela Militar», fue decretado el 29 de setiembre de 1886. Este año se trasladó el régimen de pensiones de guerra de los militares de la Secretaría de Guerra a la de Hacienda. También llegó a aumentarse a 10 020 efectivos la fuerza militar de San José, en sus distintas ramas.

La existencia de la Escuela Militar no fue casualidad cuando en este mismo período se produce la gran reforma educativa. Por ello, acertadamente, Astrid Fischel indicó que los aparatos militar y educativo «no fueron mecanismos sociales excluyentes durante las primeras décadas de la experiencia de la reforma educativa. Si bien la educación creció y se desarrolló notablemente en el período 1885­-1919, es también cierto que el ejército no se debilitó en el mismo período».

La escuela reforzó la institucionalidad y la instrucción militar. Dice Mercedes Muñoz que «en la Ley General de Educación de 1886, quedó fijado que entre el ‘mínimun’ de instrucción obligatoria para los varones de primaria debía incluirse el conocimiento de ejercicios y evoluciones militares sencillas». El servicio militar obligatorio se mantenía con un potencial disponible este año de poco más de 40 000 hombres, con unos 26 000 en el ejército de operaciones.

En 1886 se enviaron a los Estados Unidos varios militares a especializarse en arreglo, mantenimiento y fabricación de armamento.

En 1889 se contrató al general Aristides Romain, de origen belga, como especialista en artillería, para la asesoría militar, al tiempo que se iniciaba un proceso de preparación de oficiales nacionales en el extranjero.

Como resultado de estos acontecimientos desde 1890 hasta 1902 políticamente se desempeñaron gobiernos autoritarios y surgieron los partidos políticos. Estos ayudaron a compensar la lucha por el poder y fortalecieron la salida política como alternativa al conflicto y contradicción inter oligárquica, aunque agudizó luchas en el escenario civil desde donde se pretendió tomar ocasionalmente el poder político.

El 22 de diciembre de 1897 se aprobó una nueva Ley de Organización General del Ejército de la República de Costa Rica

El 14 de enero de 1898 se emitió el Código de justicia militar de la República de Costa Rica. Con éste se organizaron y se establecieron las atribuciones de los tribunales militares; se reguló la competencia de la jurisdicción de Guerra en materia criminal y civil y respecto a los tribunales de justicia.

Este mismo año se publicó la Ordenanza para el ejército de la República de Costa Rica.

En mayo de 1902, luego que había sido reconocido como presidente electo Ascensión Esquivel, los cuarteles de San José, el Principal, la Comandancia de Plaza y el de Artillería se levantaron. Entre los insurrectos estaban Federico Tinoco Granados. En apariencia el intento de golpe tenía como propósito impedir la llegada de Ascensión Esquivel. El movimiento fue controlado y amnistiados los comprometidos en él. Probablemente por este movimiento miliar se le eliminó a Escudo Nacional los dos cañones, como símbolo militar, que tenía en su base.

Durante la administración de Alfredo González Flores, se impulsó por parte de los Estados Unidos, en América Latina, la modernización de los ejércitos, muchos de los cuales venían desde los mismos días de la independencia. Con tal propósito se impulsaba la creación de las llamadas guardia nacionales y guardias civiles en sustitución de estos ejércitos. En Costa Rica, don Alfredo González, recién iniciado su gobierno, se opuso a la creación de una guardia civil, alternativa a la institucionalidad militar existente, que se ubicaba dentro de la tendencia modernizante de estas estructuras. A pesar de ello la inversión en educación durante este gobierno fue 29,9 veces menor que lo que se destinó para material de seguridad nacional en la cartera de Guerra y Marina.

El 27 de enero de 1917 el ministro de Guerra, Federico Tinoco, se sublevó en el Cuartel Principal de San José. Este fue el único movimiento gestado en la propia insti­tución militar con éxito que desde 1870 se realizó contra el poder político, pero además el único en el cual los principa­les jefes del aparato militar actúan desde el poder para tomar más poder.

Junio de 1919 fue un mes de profundas y extensas protestas contra el régimen. A la lucha militar se sumó la lucha política y las movilizaciones en la capital y otras ciudades y pueblos.

Como resultado de la acción anti tinoquista el Ejército se debilitó y desprestigió como institución militar y tendieron a fortalecerse más las estructuras policiales. El hecho de que en la Constituyente de 1917 no se aprobara la pena de muerte fue también un triunfo de la conciencia civilista sobre la militarista.

A partir de 1921 empezó a destinarse más recursos del presupuesto nacional a Educación y Fomento, que a la cartera de Guerra y Marina.

Este año autoridades panameñas se establecieron en el territorio nacional, en la región de Coto, quienes cometían distintos tipos de atropellos contra la población costarricense.

El resultado final de esta situación, de la Guerra de Coto,  fue el cambio de nombre al Ministerio de Guerra y Marina en 1923, por el de Seguridad Pública.

Durante este período 1936 y 1948   se acentuó más la diferencia presupuestaria entre Educación y Seguridad.

Es interesante observar que aún ni durante el período de la II Guerra Mundial y a pesar de la declaración de guerra a Japón, Italia, y Alemania, en diciembre de 1941, se incrementaron sustantivamente los gastos y partidas en la Cartera de Seguridad.

Con motivo de esta situación se tomaron medidas especiales, «inspiradas todas ellas por el gobierno de los Estados Unidos, el cual, prácticamente tomó el control de todos nuestros asuntos relacionados con el estado de guerra», según refiere don Rafael Obregón Loría. Ellas fueron: el establecimiento de un campo de concentración en San José, al cual llevaron ciudadanos alemanes, italianos y japoneses; deportación de algunos de éstos a campos de concentración en Estados Unidos; posesión por parte del gobierno del Club Alemán, que fue convertido en campo de concentración para mujeres; establecimiento de una misión militar norteamericana en Costa Rica «para cuyo mantenimiento el gobierno contribuiría con una suma anual», establecimiento de una escuadrilla de aviones del ejército estadounidense, que se instaló en el aeropuerto de La Sabana; se decretó la censura de la correspondencia, las líneas telegráficas y radiotelegráficas; la confiscación de bienes de las personas pertenecientes a los países a los cuales Costa Rica les había declarado la guerra, los que se entregaron a una junta de custodia; se creó la Junta de Defensa Civil; se requisaron los barcos Eisenach, alemán y el Fella, italiano, que estaban en Puntarenas, para lo cual se movilizaron tropas. En 1942, el 15 de mayo, el gobierno rompió sus relaciones diplomáticas con Rumania y Hungría que se solidarizaron con el eje nazifascista.

En 1944 la Secretaría de Seguridad Pública estaba compuesta de la siguiente manera: secretario de Estado, general René Picado Michalski; subsecretario, coronel Daniel Gallegos; oficial mayor Rogelio Granados. La Sección del Ejército Nacional que en su Estado Mayor se componía por el cirujano mayor, Dr. Edwin Zamora, el auditor de guerra, Gregorio Martín, el capellán, Monseñor Ricardo Zúñiga, el juez instructor militar, Armando Soto Montoya. La Comandancia en Jefe y Casa Militar con el coronel Joaquín Lizano, secretario y Jefe de ésta con 47 empleados subalternos; el Registro e Instrucción Militar con 7 funcionarios; la Intendencia Militar con 10 funcionarios; el Cuartel Buena Vista con el coronel Raúl Zeledón de comandante y 145 empleados auxiliares; la Sección de Policía Nacional con el coronel Donato Iglesias y cinco empleados subalternos; el Cuartel de Policía Militar con el coronel Aníbal Morales A., con 736 empleados auxiliares; el Asilo de las Mercedes tenía un sargento y nueve policías; la Dirección General de Detectives, con el coronel Alfonso Sáenz, de director; la Dirección General de Tránsito, con el coronel Sigifredo Campos P. de director; la policía de Alajuela con el comandante de plaza y primero de policía, coronel Humberto Soto G. y 74 empleados subalternos más el destacamento de refuerzo en la planta de Tacares. La policía de Cartago con el coronel R. E. Alvarado de comandante de plaza y primero de policía y 66 empleados subalternos; la policía de Heredia con el coronel Franklin Zeledón de comandante de plaza y primero de policía y 64 empleados subalternos; la policía de Guanacaste, en Liberia, con el coronel Guillermo Faerron, de comandante de Plaza y primero de policía y 50 empleados subalternos, policía de Puntarenas con el coronel Salvador Arauz, de comandante de plaza y primero de policía y 76 empleados subalternos, la Policía de Limón con el coronel Enrique Esquivel de comandante de plaza y primero de Policía con 62 empleados subalternos. La sección de Bandas Militares tenía de director general de Bandas al coronel Roberto Cantillano, al director de la Banda Militar, el coronel Julio Mata y 65 empleados subalternos. Las bandas de Alajuela, Cartago, Heredia, Liberia, Puntarenas, Limón estaban dirigidas por un músico con grado de teniente coronel, además la Escuela Militar de Música cuyo director era el mayor Rafael Solano. Se incluía dentro de la Secretaría, la Sección de Cárceles, con la Penitenciaría de San José, el Presidio de San Lucas y las cárceles de Alajuela, Cartago, Heredia, Liberia, Puntarenas, Limón, San Ramón, Santa Cruz, Cañas y la de mujeres. Existía también una sección de marina y otra de aviación. Todo el personal de la Secretaría de Seguridad pasaba de los 3 000 hombres.

La situación política durante el gobierno de Teodoro Picado fue tensa, lo que provocó dos acontecimientos importantes, de carácter insurreccional: el llamado Almaticazo y la huelga de brazos caídos.

El primero se produjo el 24 de junio de 1946 cuando un grupo de personas, tomaron la radioemisora Alma Tica, con el propósito de pedir garantías electorales, a pesar de que el 1° de junio se había aprobado un código electoral. El segundo, se realizó en los últimos días de julio de 1947 cuando se paralizaron las actividades comerciales, industriales y de servicios de la ciudad de Cartago, con control de los grupos opositores, y luego el movimiento se extendió a San José. El objetivo era pedir garantías electorales; durante estos días de huelga, hasta el 2 de agosto, las autoridades militares cerraron las radioemisoras de la oposición y se produjeron distintos tipos de enfrentamientos, incluso armados, en la capital. El 3 de agosto se llegó a un arreglo en el cual se garantizaba por parte del gobierno que se entregaría el control de la fuerza pública a quien ganara las elecciones en febrero de 1948. Finalmente, con motivo de la nulidad del resultado presidencial de las elecciones estalló la llamada Guerra Civil de mediados de marzo a mediados de abril de 1948.

Estos últimos dos años la institución militar estaba sumamente debilitada, con deficiente armamento y pésima organización. Incluso en 1946 el gobierno había gestionado ante el de Estados Unidos cinco aviones, sin resultado, al igual que una solicitud en 1947 de adquisición de armamento automático; ni durante la guerra el Gobierno pudo conseguir armas. El ejército era una institución débil.

En 1947 los diputados  Fernando Volio Sancho y Fernando Lara Bustamante propusieron eliminar el ejército suspendiendo partidas de armas del presupuesto nacional.

El ambiente electoral se tornó tenso. Disputaron la Presidencia Rafael Angel Calderón Guardia y Otilio Ulate Blanco.

Con motivo de la tensión nacional en el gobierno de Teodoro Picado se había impulsado la creación del Código electoral de 1946 y la constitución del Tribunal Nacional Electoral, para garantizar al país, y a la oposición que no habría fraude electoral en febrero de 1948.

La huelga de brazos caídos organizada contra el gobierno a finales de julio de 1947 permitió que la oposición asumiera el control del Tribunal Nacional Electoral.

El resultado de las elecciones favorable a Otilio Ulate, en la Presidencia, se pasó al Congreso, con un pronunciamiento del Tribunal que contenía un voto Salvado, que dio pie para que el Congreso no ratificara el triunfo de Ulate, motivo por el cual se produce el levantamiento militar impulsado por José Figueres, con el pretexto de garantizar el resultado electoral asegurar la pureza del sufragio y entregar la Presidencia a Otilio Ulate.

Del 12 de marzo al 17 de abril se llevaron  a cabo enfrentamientos militares en todo el país. Figueres tenía contralada la situación y el territorio. Ya estaba en Cartago y se temía que el enfrentamiento por San José fuera sangriento. Ello condujo a un esfuerzo político que se materializó en las Conversaciones de Ochomogo del 17 de abril, y ratificadas en la Embajada de México el 19 de abril , que despejó el terreno para que Teodoro Picado dejara la Presidencia en su Designado Santos León Herrera, para terminar su gobierno constitucional y entregar el poder a Otilio Ulate. Figueres entra victorioso a San José el 27 de abril y el 1 de mayo le impone a Ulate el llamado pacto Ulate Figueres con el cual se queda en el Gobierno por 18 meses, estableciendo la llamada Junta Fundadora de la Segunda República.

Al terminar la guerra civil prácticamente habían dos ejércitos, el del Estado y el de Figueres.

Ya en diciembre de 1947, con motivo del Pacto del Caribe, Figueres había advertido de este movimiento insurreccional, de la instalación de la Junta Revolucionaria y de una nueva Constitución Política.

Al asumir Figueres no disolvió inmediatamente el Ejército institucional. El 8 de mayo al suspender la Constitución Política de 1871, que era la vigente, la que le daba sustento legal a la existencia del ejército, de hecho le liquidó su legitimidad, y en cierta forma, le eliminó, aunque en la realidad siguiera existiendo, pero ya débil.

El 25 de mayo Figueres señaló que el Ejército era aún necesario y creó el Departamento de Defensa, dependiente del Ministerio de Seguridad que él había creado.

Durante el ejercicio de la Junta Fundadora de la Segunda República discutieron sobre la necesidad y oportunidad de mantener el ejército. Era una realidad que se proponían eliminarlo.

El 1 de diciembre de 1948 Junta Fundadora de la Segunda República tomó la decisión de entregar el Cuartel Bella Vista a la Universidad de Costa Rica para impulsar el Museo Nacional. En ese acto se señaló la importancia de fortalecer la educación, y se ha asociado ese acto, con la ceremonia oficial que se hizo, como la de disolución del Ejército, o la de su abolición.

En este acto hablaron además de José Figueres, Uladislao Gámez, Ministro de Educación y Edgar Cardona,  Ministro de Seguridad, quien en el seno de la Junta Fundadora de la Segunda República, había hecho la propuesta de su abolición.

Cuando se produjo en diciembre de 1948 el Crimen del Codo del Diablo, ejecutado por efectivos militares de la Junta de Gobierno contra dirigentes comunistas presos en Limón, que sacados de la cárcel bajo el pretexto de trasladarlos a San José, fueron asesinados en un recodo del Río Reventazón, llamado el Codo del Diablo, a quienes ejecutaron este crimen, que fueron detenidos se les quiso juzgar por la Justicia Militar, lo que no se aprobó y fueron sometidos a Tribunales Judiciales ordinarios. Lamentablemente les facilitaron la fuga  cuando fueron condenados a prisión. El acto de someterlos a Tribunales ordinarios fue otro evento por el cual se limitó la presencia militar en el país, y se impidió un Fuero Militar existente para la Fuerza Pública, en ese momento, 1948, todavía bajo fuerza de las armas de la Junta Fundadora de la Segunda República.

Pero, ¿realmente se abolió ese día?

La Junta Fundadora de la Segunda República, dispuso, el 11 de octubre de 1948 en la resolución N° 749 «suprimir el ejército como institución permanente, confiándose la defensa del orden y la seguridad interna a las fuerzas regulares de la Policía Nacional, hoy denominada Guardia Civil», después de considerar el estado desastroso en que se encontraba y en virtud de tener su propia fuerza militar.

El 25 de noviembre de 1948  Junta Fundadora de la Segunda República había aceptado la idea de abolir el ejército.

El 27 de noviembre inició la desmovilización de la Legión Caribe.

El 1 de diciembre en el acto de la entrega del Cuartel a la Universidad se afirmó:  “La época de los cuarteles había quedado para la Historia. Inicia la época de las escuelas, colegios, universidades y museos”

El 13 de diciembre Junta Fundadora de la Segunda República, por Decreto Ley No. 302, crea la Tesorería del Ejército.

Cuando se integra la Asamblea nacional Constituyente, el 3 de febrero de 1949, se hace el anuncio de querer abolir el ejercito, y así se propone en el Proyecto de Constitución Política que la Junta propone a la Asamblea Nacional Constituyente, proyecto que le fue rechazado, pero sin lugar a dudas había quedado sembrada la semilla de la abolición en los constituyentes.

El 4 de julio de 1949 los diputados constituyentes Ricardo Esquivel Fernández, Juan Trejos Quirós y Enrique Montiel propusieron suprimir el Ejército, tema que se volvió a discutir el 18 de octubre y finalmente el 31 de octubre de 1949, la Asamblea nacional Constituyente aprobó el artículo constitucional que establecía la disolución o Abolición del ejército como institución permanente, confiando la defensa a la Policía nacional o Guardia civil.

Finalmente, el 7 de noviembre de 1949 se aprobó íntegramente la Constitución Política que estableció esta abolición

La proscripción del ejército se elevó a rango constitucional en 1949, en el artículo 12 de dicha carta que literalmente dice: «Se proscribe el Ejército como institución permanente. Para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policías necesarias. Sólo por convenio continental o para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares; unas y otras estarán siempre subordinadas al poder civil; no podrán deliberar, ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva».

¿Con la abolición del ejército se acabó el militarismo?

Los cuerpos policiales que se formaron a partir de 1949 fueron entrenados en sus mandos superiores, durante las siguientes tres décadas, prácticamente, en las academias militares de los Estados Unidos ubicadas en la Zona del Canal, especialmente en Fort Gullick, una de las 16 instalaciones militares que allí habían. La oficialidad de la Fuerza Pública se formaba en distintas disciplinas de carácter militar, incluso de guerrillas y contraguerrillas, en el contexto de la Guerra Fría en el Caribe y en el Continente. Durante esto años los gobiernos que alternaban en el ejercicio de la Presidencia de la República podían cambiar todos los mandos superiores de la Fuerza Pública, lo que hicieron, con lo cual constituyeron alrededor de sus partidos políticos, grupos de ciudadanos entrenados y preparados militarmente, que les permitió tener la oficialidad militar preparada para dirigir fuerzas de combate y de tipo militar, para cualquier situación. La adquisición de armamento par la Fuerza Pública siempre fue en estos años la necesaria y tan  moderna como la que se usaba en escenarios de guerra en otras latitudes. La Guardia Civil fue entrenada en luchas antipopulares, de antimotines, de carácter represivo. Desarrollaron la Fuerza Pública dentro de la estrategia de vincularla a operaciones civiles de carácter humanitario, asistencialista, como parte de la estrategia que los Estados Unidos impulsaba para darle rostro humano a las fuerzas militares. La asesoría militar norteamericana nunca ha faltado en la preparación de la Fuerza Policial costarricense. Otros países a los que se enviaba a entrenar oficiales o cuerpos especiales de la Fuerza Publica han sido, entre otros, Israel  Alemania Federal, antes de 1989, Corea del Sur, China Taiwan, Chile, bajo el gobierno de la Dictadura de Pinochet, Panamá, los propios Estados Unidos.

Durante años la Fuerza Pública del país estuvo segmentada en policías administrativas dependientes de diferentes Ministerios o instancias de Gobierno.  Esto fue superado cuando se ha impulsado un Comando central unificado de todas la fuerzas policiales del país. En el Gobierno de Francisco Orlich, 1962-1966, se impulsó la Academia de Policía. Luego fue la Academia del Murciélago, en Guanacaste, usada en el escenario de la guerra centroamericana como campo militar extranjero, de los Estados Unidos, de la misma Agencia Central de Inteligencia, en sus operativos contra revolucionarios en la región. En el proceso electoral de 1986, el candidato presidencial Oscar Arias Sánchez le dio plazo a la Embajada Americana, para que en caso de que él ganara las elecciones , sus fuerzas militares establecidas en la región de Guanacaste y en la Base de El Murciélago debían abandonar el país,  lo que se produjo el 7 de mayo de 1986, un día antes de asumir la Presidencia Oscar Arias.

En el gobierno de Oscar Arias Sánchez, 1986-1990, se declaró el 1 de diciembre como Día de la Abolición del Ejército, y en este Gobierno, bajo su impulso y el de su  Ministro de Gobernación, Rolando Ramírez Paniagua, se le eliminó a la Fuerza Pública el uso de rangos militares de Ejército, en su estructura administrativo, en su escalafón y en sus uniformes, y símbolos de distinción.

Así, el 24 de julio de 1987, el Presidente Oscar Arias Sánchez y su ministro de Gobernación, Rolando Ramírez Paniagua, suprimió los rangos militares. De nuevo se restablecieron en el Gobierno de Rafael Angel Calderón Fournier, 1994-1998 y nuevamente fueron suprimidos en el Gobierno de Miguel Angel Rodríguez, 1998-2002.

Hay en la Fuerza Pública tendencias militaristas para su preparación, más que policiales, que siguen existiendo y siendo un peligro latente en esta dirección.

Primera parte (I)

 

 


Vladimir de la Cruz

Político, historiador, profesor universitario y ex embajador de Costa Rica en Venezuela. Escribe para varios medios de comunicación. Fue candidato presidencial del partido izquierdista Fuerza Democrática en tres ocasiones.