Vladimir de la Cruz: El fusilamiento de Mora y Cañas y la abolición de la pena de muerte

Aquel día del 30 de setiembre de 1860, repetido el 2 de octubre de 1860, se escribió, como lo dijera el gran Historiador Rafael Obregón Loría, “la página más triste y sangrienta de la historia de Costa Rica”. Pero fue a la vez la simiente para abolir la pena de muerte en Costa Rica y declarar desde 1877, que la “la vida de los habitantes de Costa Rica era inviolable.”.

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Juan Rafael Mora Porras

Vladimir de la CruzHistoriador y politólogo.

 El 30 de setiembre y el 2 de octubre de 1860 se cometieron dos crímenes, dos asesinatos, injustos, viles, vengativos políticamente, contra los Héroes de la Guerra de 1856 y 1857, el Presidente y ya Benemérito de la Patria, Juan Rafael Mora Porras, y su cuñado, el General José María Cañas Escamilla, perpetrado por los actores de los oscuros intereses políticos y económicos que se movieron contra ellos, sobre todo después del golpe de Estado contra el Presidente, el 14 de agosto de 1859, que lo obligó a marchar al El Salvador.

Se les aplicó, por juicios sumarísimos, la pena de muerte, por fusilamiento, en Puntarenas, donde habían atracado, a su regreso de El Salvador, y por haber sido traicionados en su regreso, donde fueron capturados y sometidos a juicio, prácticamente sin oportunidad  de defensa alguna.

La pena de muerte existía en Costa Rica desde la conquista y la colonia. La lucha por el control del territorio y de las poblaciones indígenas impuso la violencia de la muerte física contra las autoridades indígenas que se resistieron, contra los indígenas que los enfrentaron o a los que se fugaban de la dominación española y capturaban. También se aplicó por conquistadores contra españoles que les ofrecían algún grado de indisciplina o resistencia a sus procederes arbitrarios.

Quemar  personas vivas, amarrarlos  a unos palos y saetearlos, ahorcarlos, arcabucearlos, eran parte de los métodos que se usaban para quitar la vida. En el siglo XVII no se conoce que en Costa Rica las autoridades coloniales hubieran aplicado la pena de muerte. En el siglo XVIII la muerte de Pablo Presbere fue con arcabuz porque no había quien supiera aplicar el garrote. Luego de su muerte su cabeza fue cortada y exhibida.

En el siglo XIX la pena de muerte siguió aplicándose, en el período independiente, hasta que en 1878 se dejó de aplicar y en 1882 se abolió dicha pena de muerte de manera definitiva.

En las constituciones políticas aprobadas desde 1821 hasta el Código General de Carrillo no se señala el castigo de la pena de muerte, para ciertos delitos y delitos políticos. Antes del Código de Carrillo se podía aplicar la pena de muerte incluso a los leprosos que huían del Lazareto, el hospital de leprosos, donde los recluían.

En la legislación de Carrillo  de 1841 sí se establecen los casos bien definidos y la forma en que se imponía la pena de muerte, y en las que por razones políticas se podía aplicar la pena de muerte.

En la Constitución Federal de 1824 se estableció la pena de muerte, de aplicación en Costa Rica mientras pertenecimos a la República Federal. En la Constitución de 1847 se redujo la pena de muerte a ciertos casos.

José María Montealegre

Cuando le dieron el golpe de Estado al Benemérito Presidente Juan Rafael Mora Porras, el 14 de agosto de 1859, los militares traidores Máximo Blanco y Lorenzo Salazar, nombrando Presidente a José María Montealegre, quien había estado casado con una hermana del Presidente Mora, en la Constitución Política que aprobaron el 27 de diciembre de 1859, establecieron la pena de muerte, en tres delitos, entre ellos el de “alta traición”, lo que se mantuvo en la Constitución de 1869 y en la Constitución del 7 de diciembre de 1871.

La pena a aplicar desde entonces era la del fusilamiento, y se establecía que sería pública, fuera de la población y en sitito inmediato a ella, entre las once y doce de la mañana. El condenado a muerte debía sufrir su castigo en las 24 horas siguientes a la notificación de su sentencia. Ejecutada la persona su cadáver debía permanecer hasta las 6 de la tarde en el sitio de su muerte, y luego entregado a sus parientes. A quienes se consideraban traidores su sepultura se haría en el campo, en sitio retirado, fuera de cementerios públicos, sin permitir poner señal alguna sobre su sepulcro. Se estimaba que si en la situación política que justificara la aplicación de la pena de muerte hubieran participado menos de nueve personas dos al menos serían ejecutados. En la época el Jefe de Estado, así se decía en el Código de Carrillo, o el Presidente, podía conmutar la pena.

Durante esos años hasta el derrocamiento de Aniceto Esquivel, en setiembre de 1877, con el General Tomás Guardia, de nuevo en el poder,  por Decreto del 24 de setiembre de 1877, nombró un Gran Consejo Nacional, que el 18 de octubre dispuso que “la vida de los habitantes de Costa Rica es inviolable”.

Con esa disposición el General Guardia se mantuvo en el ejercicio del poder hasta su muerte en 1882, y que pese a la suspensión de la Constitución, lo que era frecuente en el siglo XIX, al restablecerla  el 26 de abril de 1882 se incluyó el principio de que “la vida de los habitantes de Costa Rica es inviolable”, principio que llegó a la Constitución de 1917 y a la de 1949, nuestra actual Constitución Política.

Entre 1821 y 1859 en varias ocasiones se aplicó la pena de muerte. Durante la Guerra Nacional contra los filibusteros también se aplicó contra los que capturasen en el territorio nacional, desde la Batalla de Santa Rosa, el 20 de marzo de 1856 se aplicó contra los 19 filibusteros capturados ese castigo. El Presidente Mora frente a las amenazas de regreso de Walker, el 7 de agosto de 1857, comunicó por Decreto que quienes invadieran el territorio, se les aplicaría la pena de muerte.

La Guerra contra los filibusteros no había agotado las contradicciones de grupos con el Presidente Mora y lo que él representaba. Las había suspendido y postergado. Contra él permanecían confabulados quienes consideraban que no debía seguir en la política, con posibilidad de un tercer período gubernativo de 6 años, para un total de 16 al frente del país. La Constitución Política de 1947  ya había establecido el plazo de gobierno de seis años reelegible indefinidamente.

El Presidente Mora había constituido con Crisanto Medina, de origen argentino, un banco, y con Vicente Aguilar una sociedad comercial, que afectaba intereses establecidos, y que por disputas entre ellos se disolvió, convirtiéndose Aguilar en uno de sus más fuertes enemigos. El Presidente Mora también se enfrentó a la Iglesia Católica, por impuestos que le estableció, lo que condujo a una amenaza de excomunión para el Presidente por parte del Obispo, lo que provocó que el Presidente expulsara al Obispo del país, acusando la oposición política al Presidente Mora de hereje. Con el Banco se enfrentó a grupos económicos que se sintieron afectados. A ello se sumó el interés del Presidente de impulsar algunas expropiaciones para impulsar obras públicas.

Así, el 14 de agosto de 1859, con la complicidad de los militares traidores Lorenzo Salazar y Máximo Blanco, comandantes de los principales cuarteles de la capital, se produce el Golpe de Estado, que lo desconoce y con el cual se proclama Presidente a José María Montealegre. Al destituirlo se ordenó su destierro junto con los Generales, distinguidos en el campos de batalla contra los filibusteros, José Joaquín Mora, su hermano, José María Cañas Escamilla, su cuñado, y su sobrino Manuel Argüello Mora. El 19 de agosto fueron expulsados desde Puntarenas hacia El Salvador, donde fueron recibido  por el General Gerardo Barrios con gran entusiasmo.

Contra los golpistas había también una resistencia en el interior del país. Hubo hasta intentos de liberarlo antes de su destierro, e intentos de levantamientos en Guanacaste, San Ramón. Mora había redactado una Proclama en diciembre de 1859 convocando “ a las armas” contra “ los malvados que se sublevaron el 14 de agosto”, acusando a los militares “Salazar, Blanco, Pacheco y Zarret” de traidores. Su llamado a las armas  era por “la legalidad” y por “el deber de morir por salvar la patria de la inevitable ruina que se conduce por la fuerza”.

En 1860 se organiza el retorno del Presidente Mora. Hay movimientos insurgentes que fracasan en su apoyo.

El 13 de setiembre el gobierno se entera de la llegada de Mora, por un traidor que los acompañaba, dándole tiempo para su captura. El 14 de setiembre se toman los cuarteles de Esparza y Puntarenas. El 17 el Presidente Mora desembarcó en Puntarenas, donde tuvo gran recibimiento. El 27 y 28 de setiembre se dieron los últimos combates. Hasta el 30 de setiembre se ocultó el Presidente Mora en la casa del cónsul inglés, donde terminó entregándose, en la mañana, previa conversación con el delegado del Ministro de Guerra, Francisco María Iglesias, quien le comunicó que sería fusilado a las 3 de la tarde, junto con Ignacio Arancibia, quien había tomado el cuartel de Esparza. De inmediato un Consejo de Notables, en la capital, ordenó el  Consejo de Gobierno el fusilamiento del General José María Cañas, quien fue ejecutado el 2 de octubre, a las 9 de la mañana,  en el mismo sitio que Mora y Arancibia.

El Tribunal Militar que asumió la responsabilidad de la muerte del Presidente estuvo integrado por Francisco Montealegre Fernández, Francisco María Iglesias Llorente, los generales  Máximo Blanco Rodríguez y Florentino Alfaro Zamora y Pedro García Oreamuno.

José María Cañas Escamilla

El asesinato del Presidente Mora y del General Cañas, particularmente impactaron a la sociedad costarricense. La pena de muerte siguió aplicándose en los años siguientes.

En 1876, cuando el Presidente Tomás Guardia se dirige al Congreso señaló que él desde el principio de su Administración había proclamado el respeto a la vida humana, situación que había tratado de establecer desde la Constitución de 1871. Al poder actuar con amplios potestades públicas Tomás Guardia pudo decretar el 18 de octubre de 1877 que la “la vida de los habitantes de Costa Rica era inviolable.”

En total, durante el siglo XIX, fueron fusiladas 64 personas.

La muerte del Presidente Juan Rafael Mora y del General Cañas impactó en lo personal al General Tomás Guardia Gutiérrez, quien durante los sucesos de la Guerra Nacional, contra los filibusteros había participado, a las órdenes del General Cañas, a quien admiraba y quería mucho.

El asesinato cometido fue el factor más importante que influyó en el General Tomás Guardia Gutiérrez para  insistir durante la década de 1870 en abolir la pena de muerte hasta que lo logró establecer el 18 de octubre de 1877.

El asesinato de Mora y Cañas, su fusilamiento, fue así la causa directa para abolir la pena de muerte en  Costa Rica. Fue una decisión madurada, sumamente sentida, durante bastante tiempo, por el General Tomás Guardia  que así la decretó.

Aquel día del 30 de setiembre de 1860, repetido el 2 de octubre de 1860, se escribió, como lo dijera el gran Historiador Rafael Obregón Loría, “la página más triste y sangrienta de la historia de Costa Rica”. Pero fue a la vez la simiente para abolir la pena de muerte en Costa Rica y declarar desde 1877, que la “la vida de los habitantes de Costa Rica era inviolable.”.

¡! Gloria eterna a los grandes héroes de 1856 y 1857 !!

¡! Gloria a los combatientes de nuestra Gran Gesta Patriótica Nacional !!

¡! Gloria eterna a los héroes Juan Rafael Mora Porras y José María Cañlas Escamilla !!

¡! Gloria eterna al General Tomás Guardia Gutiérrez, quien abolió, en nombre y memoria de los Héroes nacionales Mora y Cañas, la pena de muerte en Costa Rica y declaró inviolable la vida de los habitantes de Costa Rica!!

 

 


Vladimir de la Cruz
Político, historiador, profesor universitario y ex embajador de Costa Rica en Venezuela. 
Fue candidato presidencial del partido izquierdista Fuerza Democrática en tres ocasiones.

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