Vladimir de la CruzHistoriador y politólogo 

El joven gobierno de Costa Rica, de características autoritarias, de Rodrigo Chaves Robles, con apenas un año de ejercicio político, ha venido atacando a todos los grupos políticos, empresariales, sociales, universitarios, medios de comunicación, periodistas, gestores de opinión, diputados y al poder legislativo mismo, en tanto lo critican; a la Corte Suprema de Justicia presentándola como una rémora obstaculizadora de la institucionalidad, elefantiásica, como una carga social, responsabilizándola de la inseguridad ciudadana que sufre el país y la ciudadanía, pero, sobre todo, desprestigiando los poderes públicos, provocando hacia ellos pérdida de confianza política.

Ha afirmado que todos son filibusteros, que está dispuesto a quemar los mesones de guerra que le surjan, y donde se atrincheren sus opositores, evocando la lucha triunfante del pueblo costarricense contra los filibusteros norteamericanos en 1856 y 1857, especialmente en la Batalla de Rivas.

En un país sin tradición militar desde 1949, cuando fue abolido el Ejército, se presenta como un matón, al estilo de los militares gorilescos de Latinoamérica de la segunda mitad del siglo XX, rodeado de agentes de seguridad, sin uniformes oficiales de la policía nacional, y con armas de asalto, como si fuera un capo mafioso rodeado de sus guardaespaldas. Recientemente, en esta pose de militarote ha manifestado que ha considerado gobernar por la fuerza, estableciendo un estado de excepción, desconociendo en ello que constitucionalmente no puede hacerlo, ni siquiera suspender al Poder Legislativo, como se estila en algunos países latinoamericanos donde el presidente puede suspender los Congresos parlamentarios, como recién ha sucedido en Ecuador. De esa manera, ha advertido que puede considerar un autogolpe de Estado para imponerse en el poder para gobernar, no por las leyes, sino por decretos, como muchas veces manifestó en la campaña electoral que lo llevó a la presidencia en abril del 2022.

El presidente Rodrigo Chaves quien vivió 35 años fuera de Costa Rica, sin visitar prácticamente el país durante esos años, ni siquiera para vacacionar, trabajando para organismos internacionales, como el Banco Mundial, se desconectó totalmente de la cultura costarricense. Constantemente evidencia su ignorancia y desconocimiento de los lineamientos básicos de la historia patria, de las tradiciones históricas culturales, ignora la vida y el desenvolvimiento político nacional que ha modelado y ha hecho surgir el Estado Social de Derecho avanzado del país, y su cultura rica y sólida que, desde mediados del siglo XIX, distinguen a Costa Rica como una de las más robustas democracias y más longevas del continente.

Costa Rica, saliendo de la vida colonial, en 1821, e iniciando la vida independiente había fundado teatros y bandas musicales, en aquella época, de carácter militar. A finales del siglo XIX el Estado y la sociedad costarricense habían hecho surgir un conjunto de importantes instituciones culturales como el Museo Nacional, la Biblioteca Nacional, el Instituto Meteorológico Nacional, el Instituto Físico Geográfico, los Archivos Nacionales, el Gran Teatro Nacional. A mediados del siglo XX, junto con las grandes reformas y garantías sociales en la Constitución Política, y el Código de Trabajo, pilares de la estabilidad social nacional, se fundó la Orquesta Sinfónica Nacional. Algunas de estas instituciones han sido declaradas Beneméritas de la Patria.

A principios de la década de 1970, para fortalecer este ámbito cultural se creó el Ministerio de Cultura, en ese momento también, de Juventud y Deportes, a cuyo cargo se puso la dirección de la cultura costarricense en sus diversas manifestaciones. Con ello adquirió valor institucional y compromiso político nacional el fomento, la difusión, el rescate del patrimonio histórico cultural, su conservación, la difusión de las obras artísticas nacionales, impulsando y rescatando nuevos valores nacionales, regionales y comunales, para contribuir a mejorar las condiciones de vida y de equidad social entre géneros.

El desconocimiento de la vida cultural, de la historia y las tradiciones patrias fundamentales, su alejamiento de elementales conocimientos políticos ha llevado a Chaves a decir que no le importa dinamitar los puentes con los distintos grupos de la sociedad, que no necesita acuerdos, ni pactos, y que él fue nombrado para gobernar y eso es lo que está haciendo. La intimidación pública, el lenguaje de amenazas, de ofensas, de irrespeto hacia personas y los opositores políticos o críticos de su gobierno, es su pan nuestro de cada día, preparando quizá el ambiente para el estado de excepción que estaría dispuesto a implantar.

Sus políticas neoliberales, en el campo económico, financiero y tributario lo han llevado a imponer una guillotina contra todos los presupuestos de las instituciones públicas, lo han llevado a reducir hasta donde pueda estos presupuestos, entre ellos los de las universidades públicas, lo han llevado a imponer restricciones importantes en los ingresos de las personas, congelando salarios prácticamente por los próximos cuatro años. Su accionar se orienta a desmantelar parte de la institucionalidad pública, privatizándola e intentando privatizar importantes instituciones financieras del Estado, privatizando y tercerizando servicios públicos, modificando con ello regímenes de trabajo, afectando salarios y pensiones. Su objetivo es acabar con el Estado Social de Derecho que fue construido en los últimos 80 años.

En el ámbito laboral intenta imponer una ley de trabajo diario de 12 horas por cuatro días a la semana, con tres días de descanso, violando lo establecido en la Constitución Política y el Código de Trabajo. Desde 1920, la jornada de trabajo es de ocho horas diarias. Esta jornada se estableció en el Código de Trabajo de 1943, en el Capítulo de las Garantías Sociales que se introdujo a la Constitución de 1871, ese año de 1943, y que también se impuso en la Constitución vigente aprobada en 1949.

Para aprobar esta ley, de carácter esclavista, al estilo de las jornadas de trabajo del siglo XIX, ha logrado un pacto parlamentario con los grupos socialdemócratas, socialcristianos, cristianos pentecostales, liberales y neoliberales, mayoritario abrumadoramente en el Poder Legislativo nacional, una vía excepcional de discusión y aprobación, que desmejorará las condiciones de vida y de trabajo de los costarricenses.

Costa Rica será de los países que, en la OCDE, tendrán las mayores jornadas laborales, cuando países en Europa, también de la OCDE han aprobado jornadas de 36 y 35 horas semanales. Según el presidente, esas jornadas esclavistas solo afectarán a un 10% de la masa de trabajadores que lo hacen para las empresas extranjeras y de zonas francas, lo que no es cierto, porque la ley misma da el margen para el despido de quienes no la acepten.

El movimiento sindical nacional frente a esta arremetida antitrabajadores está neutralizado por las presiones del presidente y de su gobierno, no hay movilizaciones al estilo de los pensionados franceses o de otras localidades que se organizan en defensa de sus intereses y de que no se les afecte el futuro laboral y el futuro de vida.

La izquierda política nacional, defensora de estos derechos y beneficios sociales, con una escasa representación parlamentaria de 6 diputados, apenas puede respirar en ese remolino atropellado con que se quiere aprobar esta reforma a la ley de la jornada de 8 horas, para imponer la de 12 horas diarias.

El presidente, y sus secuaces gubernativos, empresariales y legislativos, hoy son los representantes de los nuevos esclavistas costarricenses del siglo XXI.

El último golpe en este proceso anti-Estado Social de Derecho, ha sido dado estos días, cuando el ataque presidencial se ha dirigido al cierre y a la reducción drástica del presupuesto de las instituciones culturales, afectando de manera inmediata al Archivo Nacional, a la Orquesta Sinfónica y las instancias que tienen que ver con la educación musical, que las han llevado prácticamente al cierre.

Esta política del gobierno de Rodrigo Chaves contra la cultura es parte de las políticas neoliberales orientadas al debilitamiento y a la desaparición del Estado Social y Democrático de Derecho que hasta ahora ha existido en el país.

En la década de 1960 se trató de imponer, en el contexto centroamericano, al calor del Mercado Común Centroamericano, de aquellos años, el Consejo de Defensa Centroamericano, CONDECA, a modo de bloque militar de los ejércitos, del que Costa Rica forma parte sin tener ejército, como miembro observador, y la política educativa de la ROCAP que procuraba editar libros escolares y colegiales especialmente para zonas rurales y marginales, sin ningún contenido patriótico, nacional ni cívico, desdibujando valores nacionales e históricos.

Hoy se quiere hacer lo mismo con el ataque a las instituciones culturales del país, para provocar una masa de costarricenses sin ninguna consciencia social, en capacidad de ser explotada laboralmente más fácilmente, y de ser sometida a los intereses dominantes e ideológicos de grupos e intereses extranjeros afincados en el país. Con estas medidas se tiende a configurar y procurar que esos sectores extranjeros de la economía, y los esclavistas nacionales actúen como las factorías coloniales, de los grandes imperios, y los enclaves, al estilo de los que existieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que nominaron a los países centroamericanos como Banana Republics o Repúblicas Bananeras, por el peso que tenía la United Fruit Company en la determinación de políticas públicas, en las decisiones legislativas, ejecutivas y judiciales que se dictaban o aprobaban.

El ataque neoliberal a la cultura es el camino a la dictadura institucional, y al desdibujamiento de la identidad y la cultura costarricense, que impulsa el gobierno de Rodrigo Chaves Robles.

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