Vladimir de la CruzHistoriador y politólogo

En la Asamblea Legislativa hay más de 50 Proyectos de Ley, de posibles reformas al régimen electoral del país, propuestos por diputados. A estas se suman una pequeña propuesta de reformas que también elaboró el Tribunal Supremo de Elecciones, obviamente con más autoridad profesional y técnica, haciendo uso de y su experiencia electoral, en lo que los Magistrados consideran oportuno, posible y pertinente impulsar para las próximas elecciones nacionales, porque no es posible aprobar modificaciones electorales frente al proceso electoral municipal en marcha, que lo afecten positiva o negativamente.

De estas propuestas me referiré a ellas en próximos artículos. Por ahora diré que las Propuestas de los diputados, en cuanto corran en la corriente legislativa, tienen que consultarse obligadamente al Tribunal Supremo de Elecciones para oír su opinión. Estoy casi seguro que de esa inmensa cantidad el Tribunal opinará en oposición a ellas. Es un problema de tiempo para ver que va a suceder.

Mientras tanto, me atrevo a señalar algunas ideas de lo que considero se deben atender como urgentes reformas electorales, que sí pueden atenderse hacia las elecciones del 2026.

Una distribución regional, dentro de una provincia, del número de sus diputados. Esto para que haya una mejor distribución de la población electoral de cada provincia, facilitando que regiones de la provincia puedan elegir efectivamente sus diputados, y haciendo por este medio que los electores estén mejor representados. El Tribunal puede repartir, tomando en cuenta el número de habitantes de una provincia, datos que tiene milimétricamente cuantificados, al total de los diputados que le tocan actualmente, por regiones igualmente comparadas por número de habitantes en relación a los que se representan en cada diputado de esa provincia. Así, por ejemplo, solo para el ejemplo, los 19 diputados de la provincia de San José, pueden distribuirse en un número de diputados por los cantones de Los Santos, otros por la región de Pérez Zeledón y León Cortés, otros diputados por los cantones de Aserrí, Tarrazú, Puriscal, Mora; otros, por los cantones de San José, Montes de Oca, Curridabat, Desamparados, Alajuelita, Escazú, Santa Ana; otra región, por los cantones de Coronado, Goicoechea, Moravia, Tibás.

De esta manera, los 19 diputados de la Provincia de San José se elegirían mejor, más acorde a la representación regional de la población. Se rompería el ciclo perverso de que los partidos, como lo hacen ahora, coloquen a sus candidatos dándole preferencia en la lista a los candidatos de los cantones que más población tienen, dejando por fuera a los candidatos de menor población, con lo cual en la práctica dejan sin representación de diputados a esas regiones. Esto obligaría, igualmente, a una mejor escogencia por parte de los partidos de los diputados de esas microrregiones electorales. En la lista de los 19 diputados que le corresponden a la Provincia de San José se pueden colocar todos los diputados, diciendo cuales pertenecen a tal o cual región. Así, los ciudadanos votan en una plancha de diputados provinciales, pero los votos se van para cada región y salen electos aquellos que tengan el mayor número de votos en cada una de esas regiones siguiendo el mismo criterio que ahora se hace para elegir a los llamados diputados nacionales electos por provincia.

Esta reforma que propongo no requiere reforma constitucional. Tan solo una decisión política del propio Tribunal porque no altera el número de diputados que le corresponden a cada provincia para la próxima elección nacional del 2026. Si por el Censo nacional que no se ha hechos se llegara a alterar el número de diputados, tampoco altera nada porque eso tiene que ver con el número de habitantes de cada provincia y los habitantes de la cada provincia no pierden nada por eso. Siguen teniendo su propia y mejor representación.

Por ahora avanzo con esta propuesta. Los partidos tienen la palabra. Los diputados también.

Sugiero desde ahora, para las elecciones del 2030, pues no creo que pueda hacerse la reforma constitucional a tiempo, de establecer la ciudadanía a los 16 años. De esta manera se le daría una gran responsabilidad política a la juventud reconociéndole el derecho al sufragio, como ya lo tiene otros países establecido para los jóvenes mayores de edad.

Si esto no tuviera el eco ni el apoyo político suficiente, por miedo a la juventud, por ahora, sugiero que se establezca de nuevo la emancipación de los jóvenes a partir de los 16 años, como existía la emancipación antes de 1970 para los jóvenes de 18 años, cuando la votación por la ciudadanía se daba a los 21 años. Esto incluso podría servir de ensayo para reconocer el voto a los 16 años. Digo reconocer porque yo parto de que los jóvenes de la Costa Rica de hoy tienen ganado su derecho a la ciudadanía. Los jóvenes tienen la palabra y esta lucha en sus manos. Los jóvenes al interior de sus partidos y organizaciones políticas y juveniles tienen aquí una lucha en sus manos.

No nos preocupemos por la emancipación de los jóvenes a los 16 años, ni por la ciudadanía a los 16 si la legislación electoral permite que los jóvenes a partir de los 15 años puedan trabajar. Si pueden trabajar y aportar con su trabajo a la riqueza nacional con más razón pueden tomar decisiones políticas a los 16 o gozar de su emancipación, si no se les reconoce el voto a los 16 años, al menos por ahora.


En La República.

 

Por Vladimir de la Cruz

Político, historiador, profesor universitario y ex embajador de Costa Rica en Venezuela. Fue candidato presidencial del partido izquierdista Fuerza Democrática en tres ocasiones.