Walter Antillón: La insoportable levedad del Derecho Internacional

Contra la amenaza ‘del Mal’ representada por los países calificados de terroristas, todos los demás Estados de la Tierra deben alinearse en la ‘cruzada' de Bush y su pandilla. No hay término medio: el que no está con ‘América’, está ‘contra la libertad y contra la democracia’; está a favor del Mal, y debe correr con las consecuencias.

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Walter Antillón Montealegre. Jurista.

INSTRUCCIONES PARA SU USO:
Como fue escrito hace 15 años, cambiar:
Bush por Trump,
Tatcher por Johnson,
Sarkoszi por Macron,
Merkel por Merkel,
y listo.

RESUMEN:

Hasta ahora, con raras excepciones, la Historia de la Humanidad ha estado plagada de iniquidades; los intereses de las cúpulas gobernantes han prevalecido sobre las leyes. La empresa de negocios se desarrolló hasta constituir un elemento decisivo en la política de las potencias. Los Estados Unidos representan el ejemplo más claro: su gobierno, portavoz de los grandes intereses transnacionales, ha pasado por encima del Derecho Internacional; la Carta de la ONU, los tratados y los tribunales penales internacionales han funcionado con respecto a los vencidos, pero hoy son impotentes frente a las graves transgresiones del gobierno estadounidense. La esperanza está, más allá de los gobiernos, en la organización de los pueblos por encima de las fronteras y en la formación de una opinión pública internacional que privilegie los valores de la dignidad humana, la solidaridad y la paz.

Palabras clave: Inequidad de las relaciones internacionales, empresa de negocios, las Naciones Unidas, los tratados internacionales, los Estados Unidos, impotencia de los tribunales internacionales, Tribunal Rusell, organización de los pueblos, opinión pública internacional.

 

INTRODUCCIÓN

Lo que sigue es sólo un primer esbozo que me he permitido hacer, para explicar y explicarme los sucesos que estamos viviendo en estos días en el campo de las relaciones internacionales. Como no cultivo especialmente la materia, ignoro si las ideas expuestas sólo repiten malamente cosas archidiscutidas por los estudiosos, y si ya han sido refutadas y olvidadas. Quiero correr esos riesgos porque, como dicen, ‘la ignorancia es atrevida’, y porque estimo que se trata de un tema que todo ciudadano debe afrontar con los recursos, pocos o muchos, de que disponga.

Veo el derecho internacional como una forma de experiencia jurídica que, por debajo de las declaraciones retóricas de los tratados, continúa  dominada por una actitud depredatoria que es básicamente la misma desde el Neolítico hasta la Postmodernidad, desde el caudillo cavernícola hasta los ‘emprendedores’ transnacionales; una perspectiva en la que ‘el otro’, ‘el extraño’ (el samnita o el galo para los romanos; el indio o el negro para los europeos; el subdesarrollado para el G-7) es visto como presa: un objeto, al igual que las tierras y las riquezas que posee. El Derecho Internacional no prospera, ni como doctrina ni como institución, porque sus soluciones han sido pensadas a conveniencia del depredador: la llave de la justicia internacional ha estado siempre en manos del lobo, sin oír nunca el parecer de las ovejas.

Y es por eso que, a mi modesto entender, el ‘Derecho Internacional Público’ ha sido, hasta ahora, una disciplina con la que desde el inicio de la Edad Moderna se ha tratado de regular los precarios equilibrios de las relaciones entre las clases gobernantes de los diferentes Estados. Desde el Tratado de Westfalia de 1648, que fue un convenio entre reyes, hasta los modernos TLC impulsados por los Estados Unidos, (que son a su vez, en el mejor de los casos, convenios entre empresarios avalados por los gobiernos a costa de los recursos humanos y materiales de los pueblos), han prevalecido y todavía prevalecen los intereses privilegiados por las cúpulas gobernantes, y la voluntad y los intereses populares han brillado por su ausencia.

Este déficit constante de democracia en el campo internacional explicaría, según la tesis que adelante expondré, la debilidad crónica de las instituciones jurídicas internacionales (convenios, estatutos, organizaciones de distintos tamaños) fatalmente pisoteadas por las grandes potencias cuando obstaculizan sus intereses.

El flamante Derecho Internacional jusnaturalista y jusracionalista (Vitoria, Grocio) no impidió en su momento (al contrario, lo justificó en algunos casos) el ilícito reparto colonialista del Mundo por parte de las monarquías europeas (primero Espàña y Portugal, luego las otras); ni posteriormente las agresiones anglosajonas, holandesas y francesas a la India, al Imperio Chino, a los reinos de Indochina, al Japón, etc.; ni la ocupación norteamericana de México, Cuba, Puerto Rico y Las Filipinas; ni el despojo de las regiones petroleras del Oriente Medio a través de los ‘protectorados’ de Inglaterra y Francia. Ni la reciente violación de las normas de Naciones Unidas por parte de los gobiernos de Bush, Blair y Aznar. Ayer y hoy, los principios proclamados por el Derecho Internacional han sido sistemáticamente sobrepujados por la fuerza, que dice la última palabra.

¿En qué clase de mundo vivimos, para que las cosas sean así? La explicación que propongo como respuesta no es original, sino que ha sido repetida desde hace años por muchas personas; pero creo que es válida y merece que se la tome en cuenta en un momento particularmente desalentador como el que vivimos. Dicha explicación pasa por el examen de ciertas etapas de la Historia política y económica de la Humanidad, así como por las desafortunadas peripecias de la aplicación del Derecho Internacional a los conflictos que han involucrado a las potencias, todo lo cual intentaré resumir en lo que sigue, para concluir con algunas observaciones que someto a la consideración de los estudiosos.

PARTE I.– LA HISTORIA

1.– Es importante desmitificar la Historia oficial de la Humanidad. Los hechos comprobados y narrados en los libros, observados sin prejuicios, nos muestran en cada página cómo el precio del bienestar y del progreso que a los pueblos ha procurado el éxito fortuito de la egolatría y de la momentánea fortuna de sus gobernantes de turno, lo han tenido que pagar otros pueblos con su sangre y su dolor (el ‘gentleman’ y la flema británica se formaron sobre las pilas de cadáveres de las regiones explotadas y agredidas por su imperio); y nos muestra que los peores males sufridos por las poblaciones no fueron las plagas ni las catástrofes naturales, sino que se han debido a la acción de sus caudillos y reyes, que terminaban castigando con igual dureza a sus enemigos y a sus propios súbditos: la Historia oficial ha exaltado retóricamente la gloria de los grandes caudillos, ocultando las colosales carnicerías humanas que propiciaron. Aunque esa situación se ha repetido durante milenios, nunca es tarde para reflexionar sobre ella; y en este momento particular resulta además inaplazable indagar las razones por las que la gente común ha aceptado pasivamente tanta iniquidad de manos de las élites, los reyes y los caudillos; y cuáles podrían ser los remedios a administrar para el futuro.

Para entender esto, hay que empezar recordando la observación de Hegel, de que en los reinos antiguos (Mesopotamia, Persia, Egipto) solamente el rey gozaba de la condición de persona: todos los demás eran cosas, semovientes. ¿Cómo y por qué se originó esta corrupción de las relaciones entre seres que ahora sabemos igualmente provistos de razón, fungibles y equiparables por su dotación genética, su fisiología, su mente, etc.? Si desde la Antigüedad se sabe que el poder tiende a corromper por igual a quien lo detenta como a quien lo soporta ¿por qué hemos tardado tanto, por qué aún tardamos en tomar conciencia de ello y buscar su remedio? ¿sobre cuáles bases se hizo posible en cada caso que los gobernantes pudieran acumular tanto poder, y lo usaran de manera tan atroz?

  1. La tesis que afirma la natural desigualdad entre los sereshumanos, la cual forma parte de una vieja cultura compartida por gobernantes y gobernados, parece ser la clave. Y esta idea, que constituye una forma de corrupción moral, está en la base de los despotismos antiguos y también del neoliberalismo postmoderno, pasando por el feudalismo medieval, el monarquismo moderno y los elitismos contemporáneos. Según ella existirían diferencias cualitativas (fundadas sobre bases teológicas, biológicas, espirituales) entre los seres humanos, que serían el fundamento de las asimetrías de sus relaciones sociales, políticas y económicas; de donde resulta una justificación moral de aquellas desigualdades que, por consiguiente, deben ser aceptadas por gobernantes y gobernados, llegando a formar parte de una general concepción del Mundo.

Se desarrolla de este modo una degradación moral compartida que destruye ante todo los escrúpulos o reservas morales de los implicados directos; y no estamos hablando de sólo aspectos económicos o de estratificación social: también en el terreno político, repito, el ejercicio abusivo del poder del gobernante corrompe los términos de su relación con el gobernado, degradando también a éste a mero objeto de dominación.

De manera que, en el sentido que aquí nos interesa, los abusos y prepotencias en los que esa corrupción se manifiesta, presuponen o postulan la justicia de una relación asimétrica entre el titular del poder y los sometidos a él; y se fundan, repito, en la actitud pasiva o genuflexiva de los destinatarios ante el referido titular, y en la actitud de arrogancia  y subestimación de éste hacia los demás. Actitudes que podemos observar, por ejemplo, en el origen mismo de la institución monárquica: como todos están convencidos de que yo soy el mejor, por nacimiento o cualidades personales (reales o imaginadas), siento que puedo hacer y tener más que los otros, y obrar por encima de sus leyes: “Princeps legibus solutus” (Ulpiano: Digesta, 1, 3, 31).  Y es, guardando las necesarias distancias, la típica actitud que históricamente suelen observar los que tienen poder social (político, económico, etc.) hacia los destinatarios de dicho poder, en todas las sociedades clasistas que en el Mundo han sido, y particularmente en las sociedades capitalistas de los últimos siglos (sobre el tema: Werner Sombart: “El burgués”, Alianza, Madrid, 1977).

  1. ¿Cómo se justificó el poder vitalicio de un hombre sobre otro?Desde la Antigüedad los reyes acudieron con frecuencia al truco de atribuirse origen divino, o al menos aparentar tener con los dioses un vínculo especial, que ningún otro ser humano poseía. Recordemos a los faraones egipcios, a los emperadores chinos, a los Incas, etc. (hasta el modesto Numa Pompilio se atribuía el favor sobrenatural de una misteriosa ninfa Egeria). Y entonces, la idea de que el titular del poder político está por encima de la ley (princeps legibus solutus), y el estatuto de impunidad que de ello resulta, tienen su origen remoto en esas antiguas creencias populares del origen divino de la persona del rey (Rey-Dios) o del origen divino de su mandato (Rey por la gracia de Dios), y en el correlativo deber de los súbditos de someterse a dicho poder como una forma de acatamiento a la voluntad de los dioses. Ideas ambas que, dentro de la tradición cultural cristiana que nos compete, sostuvo primero el Apóstol San Pablo ( I Corintios, 15, 10 ; Romanos, 13, 1-7) y que, a partir del Siglo V fueron adoptadas y llevadas a sus últimas consecuencias por los emperadores bizantinos (véase un ejemplo en la Constitución ‘Deo auctore’ que precede los ‘Digesta’ del Emperador Justiniano).

Dichas tesis, sostenidas por la ‘intelligenzia’ conservadora hasta los albores de la Revolución Francesa y más allá, se contraponen frontalmente con la doctrina y la práctica republicanas y democráticas de origen greco-latino, anteriores al inicio de la Era Cristiana, según las cuales el poder de todo magistrado procede de la voluntad emanada de las asambleas del pueblo (la ‘ekkleesía’ helénica, los ‘comitia’ romanos).

Para los efectos que nos interesan aquí, podemos anotar que, si bien ambos principios se contraponen y se combaten recíprocamente a través de la historia romana y de la Edad Media, la inseguridad y la inestabilidad imperantes después de la caída del Imperio de Occidente condujeron a resultados ampliamente favorables a la opción autocrática, dando lugar a un milenio caracterizado por pequeños islotes republicanos en medio de un océano de monocracias, en las que, por consiguiente, predominó la idea de la plenipotencia e impunidad de las cabezas reinantes frente a sus propios pueblos.

No es casual que, al iniciarse durante el Renacimiento la crisis del fundamento teológico del derecho de reinar, se le haya dado el nombre de ‘Razón de Estado’ a una serie de actuaciones de los monarcas que, siendo ilícitas a la luz de las normas generales del derecho, pasarán impunes debido a una especial valoración de las circunstancias en que fueron ejecutadas, y a los fines públicos invocados en el momento por aquél. Se trata de la famosa justificación de los actos del ‘Príncipe’, ampliamente ilustrada en la obra de Nicolás Maquiavelo, y que se apoyaba en el aforismo latino ‘salus publica suprema lex esto’: no valen las leyes ordinarias, no valen las garantías normalmente acordadas a favor de las personas, cuando está en peligro el Príncipe, sostén y amparo del cuerpo social. Y entonces la razón de la impunidad del rey no está en que él sea de esencia divina, sino en que existe plausiblemente la presunción de que actúa por la salud de su pueblo.

No es de extrañar entonces que posteriormente, en los siglos XVI y XVII, aquellas tradiciones y doctrinas que colocaron a los reyes por encima del Derecho resurjan con gran fuerza en los escritos de los defensores del absolutismo moderno (por ejemplo Tomas Hobbes, Robert Filmer, Jacques-Benigne Bossuet). A Hobbes se debe, precisamente, la exhumación de la doctrina resumida en la fórmula ‘princeps legibus solutus’ (las leyes no obligan al príncipe), que junto a la ‘Razón de Estado’ va a convertirse en un fuerte apoyo teórico a las pretensiones autocráticas y de impunidad, larvadas o manifiestas, de todos los reyes de la Europa moderna y de los sumos dirigentes del Mundo actual.

Sobra advertir acerca de la importancia que lo anterior reviste para el Derecho Internacional. Tales creencias constituyen un nicho ideológico compartido en el seno de las élites gobernantes, que se trasmite de generación en generación, y que los ‘recién llegados’ al poder deben adoptar, si no quieren verse eliminados: los principios y las normas del derecho vigente deben ceder siempre a la Razón de Estado (es decir, a los intereses superiores de la èlite gobernante); los pactos deben ser observados (pacta sunt servanda) mientras no afecten aquellos intereses superiores.

PARTE II.  LA  ECONOMÍA

1. Evolución de la empresa de negocios: del colonialismo a la globalización: emergencia de los verdaderos sujetos del Derecho Inter-nacional postmoderno

La colonización de regiones lejanas descubiertas por los europeos a partir del Siglo XV, la cual, en el caso de las primeras iniciativas (debidas a las coronas española y portuguesa), fue  acometida por los propios Estados; después, las acciones colonizadoras fueron llevadas a cabo por ciertos entes públicos descentralizados que eran las famosas Compañías de las Indias Orientales y de las Indias Occidentales, en los Siglos XVI y XVII. Pero en el ínterin se va desarrollando más y más la empresa de negocios de capital privado, en la forma de manufacturas y sociedades mercantiles; empresa que va a recibir un impulso definitivo en el Siglo XIX con la revolución industrial y con el Liberalismo surgido después de la Revolución Francesa. Todo lo cual conduce al nuevo colonialismo que busca las materias primas baratas, y cuyos protagonistas van a ser, en el Siglo XIX, principalmente Inglaterra, Francia, Bélgica y Holanda, y posteriormente Estados Unidos, Alemania e Italia.

Aparentemente se trataría de actividades colonizadoras de los Estados, pero lo cierto es que las mismas responden a los intereses de los grandes banqueros, comerciantes e industriales de dichos Estados, en su dura competencia por acceder a las materias primas que se encontraban precisamente en los países colonizados. En esa forma se procede a la ocupación y explotación de gran parte de Asia, Africa, Oceanía y la región del Caribe no dependiente de España, por parte de Inglaterra, Holanda, Francia y Bélgica, dándose entonces un proceso de creciente interpenetración entre política y economía, es decir, entre las cúpulas gobernantes y las cúpulas empresariales; y de manipulación del aparato estatal para la consecución de objetivos económicos.

Por lo demás, se trata de un estilo que muy pronto fue adoptado dentro del mundo capitalista, tanto del centro como de la periferia. Porque, en efecto, la historia del mundo occidental en el último siglo y medio nos muestra cada vez más frecuentemente la concurrencia, en la persona del gobernante, de su titularidad política y su posición en el mundo de los negocios; y la utilización del poder político que como funcionario le compete, en beneficio de los grupos económicos allegados o afines.

Como bien lo expresa el Profesor Lelio Basso: en aquel momento histórico del Estado liberal,

‘…no obstante las doctrinas del ‘laisssez faire, laissez passer’, o de la ‘free enterprise’, el Estado siempre intervino en el desarrollo de la economía nacional, empleando en los primeros tiempos el arma aduanal (…), el arma fiscal, la creación de infraestructuras –ferrocarriles, carreteras, puentes–, los pedidos a las industrias, la política exterior (para imponer a otros países la apertura de sus fronteras), etc.”

(‘El despertar de los pueblos’; Forlì, 1980, pág. 353).

(Sobre ello puede verse también, entre otros, Massimo Severo Giannini: ‘Derecho Público de la Economía’;  Boloña, 1977).

Por otra parte, el desenvolvimiento que ha tenido el sistema capitalista a lo largo del Siglo XX; que ha condicionado un notable aumento de la producción económica y un desarrollo sin precedentes de la tecnología, así como también ha propiciado el crecimiento y la transnacionalización de un centenar de fortunas colosales, y la correlativa marginación de gran parte de la población mundial, a la vez ha fomentado, a la par de la globalización neoliberal, una cultura de exacerbado individualismo; y ha terminado por afectar profundamente la estructura, la función y el peso mismo de los Estados dentro de la comunidad mundial (ver: C. B. Macpherson: “La teoría política del individualismo posesivo”, Fontanella, Barcelona, 1970;  Alvaro Montero Mejía: “La globalización contra los pueblos”, Juricentro, San José, 1998; Helio Gallardo: “Política y transformación social”, Tierra Nueva, Quito, 2000).

2. El caso de los Estados Unidos

Por razones propias de su historia y desarrollo interno y a pesar de su temprana vocación imperialista, los Estados Unidos llegan tarde al reparto colonial de Asia y Africa por parte de las potencias europeas. Su guerra con la decadente España en 1898 les permitió apropiarse de Puerto Rico y de las Islas Filipinas, y ejercer un dominio político temporal en Cuba (la Enmienda Platt, la Base de Guantánamo), pero se trató de hechos que resultan insignificantes si se los compara con las colosales dimensiones de su desarrollo interno, que lo lleva, ya a fines de la Primera Guerra Mundial, al rango de gran potencia; y a fines de la Segunda, a ser la primera economía del Mundo. Y este engrandecimiento se completa cuando, a fines del Siglo XX, se derrumba la Unión Soviética y se desmorona el bloque de los países socialistas.

Por otra parte, su designio de sujetar a los países del Tercer Mundo y, en particular, los de América Latina, bajo su poder e influencia no adoptó, de momento, las formas brutales del viejo colonialismo europeo, sino la de un proceso que mezcla puntuales acciones armadas, una paulatina penetración financiera por parte de sus empresas bancarias y de inversiones, para concluir en la actual situación de dependencia económica de dichos países; lo cual hace visible desde mediados del Siglo XX una creciente hegemonía política por su parte, consolidada principalmente por la vía del control financiero y de las inversiones de sus multinacionales. Se trata de aquella antes mencionada simbiosis entre política (el Gobierno USA) y economía (las grandes transnacionales) que constituye la forma postmoderna de ejercicio del poder: la nueva Razón de Estado.  Sobre ello nos ilustra Lelio Basso:

“…Es en esta perspectiva en la que debe entenderse hoy el papel de las multinacionales. Hasta antes de la (Segunda) Guerra, el gran capital se ocupaba sobre todo de las relaciones con el poder político de su propio Estado. No faltaban, por cierto, formas imperialistas, pero el fenómeno de las sociedades multinacionales todavía no había alcanzado las proporciones macroscópicas de hoy. En el momento actual, es conforme a la lógica del sistema que las sociedades que operan en muchos países deban tratar de asegurarse el máximo de poder y de dominio sobre el gobierno de dichos Estados. En efecto, es obvio que cuando una transnacional invierte en otros países para el disfrute de materia prima, productos agrícolas, etc., sobre todo si invierte las enormes sumas que la tecnología moderna requiere, y construye instalaciones cuya reditualidad empezará después de muchos años, no puede no preocuparse, de acuerdo con la lógica de las ganancias, de contar con un gobierno que le asegure una estabilidad de condiciones en aquel país: mano de obra barata, sindicatos domesticados o inexistentes para impedir las huelgas u otras formas de lucha salarial, supresión o manejo de las elecciones para eliminar toda posibilidad de sorpresa o de cambio, libertad de transferencia de las ganancias y el máximo de tolerancia de los fraudes fiscales…”. (Obra citada, pág. 354)

3. Los hechos recientes

  • Después de conseguir la ruina económica y el desarme de unIrak bombardeado y vencido en la Guerra del Golfo de 1991, el gobierno USA, invocando la destrucción de las Torres Gemelas ocurrida el 11 de Setiembre de 2001, inicia una cruzada contra el terrorismo, que incluye una invasión armada contra los Talibanes que gobiernan Afganistán (para derrocar su gobierno, y capturar a Osama Bin Laden); y guerras preventivas contra una serie de Estados que conformarían lo que Bush llamó ‘el Eje del Mal’.
  • El ejército norteamericano captura en Afganistán a un grannúmero de jóvenes combatientes a quienes les atribuye ser talibanes o miembros de Al Quaeda, y los confina en la base militar de Guantánamo, sometiéndolos a fuertes apremios y vejámenes, y negándoles la condición de prisioneros de guerra y los derechos inherentes a dicha condición.
  • En el 2002 el gobierno USA acusa a Sadam Husein dedesarrollar y poseer armas de destrucción masiva, de tiranizar a su pueblo, de conformar ‘el Eje del Mal’, al lado de otros regímenes, y de complicidad con Al Quaeda en la destrucción de las Torres Gemelas.
  • En 2002 el gobierno Bush inicia una ofensiva diplomática parainducir a los miembros de la ONU a acompañarlo en una guerra

‘preventiva’ contra Sadam, a fin de derrocarlo, eliminar su foco terrorista y restablecer la democracia en Irak. Para conseguir votos, presiona y chantajea a muchos Estados pobres de Europa y el Tercer Mundo.

  • Con excepción de algunos gobiernos, la abrumadora mayoríade los miembros de la ONU desaprueba la propuesta de Bush; Francia, Rusia y China amenazan con el veto en el Consejo de Seguridad; y prácticamente la totalidad de los pueblos de la tierra, incluyendo al norteamericano, se vuelcan en manifestaciones masivas de rechazo a las pretensiones del gobierno USA.
  • La pandilla de Bush (Rundfeld, Condoleeza, Powell, etc., y elpropio Presidente) se mofa de Francia y de Europa en general, satiriza a la ONU, y con el apoyo del Reino Unido y España, declara que invadirán Irak de todas maneras, a fin de derrocar a Husein, tomar su armamento de destrucción masiva y establecer la democracia en el país.
  • En efecto, en ejecución de lo anunciado, los ejércitos norteamericano e inglés bombardean e invaden Irak, ocupando militarmente todo su territorio y estableciendo un gobierno y una administración bajo el mando norteamericano.
  • Bush y su grupo declaran la intención de que su ejércitopermanezca en Irak todo el tiempo que juzguen necesario; y adjudican las más importantes obras de reconstrucción entre una serie de multinacionales afines a su gobierno.
  • Con posterioridad a dicha ocupación, USA obtiene que la ONUapruebe colaborar en las tareas de reconstrucción y normalización. España, Italia, Polonia y otros países (entre los que se cuentan algunos latinoamericanos) envían pequeños contingentes de tropas con ese objetivo.

Estos hechos nos dan testimonio de aquella cruda realidad que venimos afirmando: en las altas esferas del poder, ahora, como en los tiempos de Luis XIV, los poderosos (aunque aduciendo en cada época diferentes argumentos) actúan impunemente por encima del Derecho Internacional.

PARTE III. LOS INSTRUMENTOS JURIDICO-PENALES DEL DERECHO INTERNACIONAL

1. Formación sesgada del moderno Derecho Penal

  1. a) Protohistoria. La doctrina jurídico-penal, escasa y débil en el pensamiento romano y medieval, se desarrolla en Europa durante los Siglos XIV y XV, llevando la marca de aquella tradición de inimputablidad regia a la que nos referimos arriba. La justicia proviene del rey, de modo que directamente, o a través de sus jueces, el rey castiga a cualesquiera habitantes de sus dominios; pero obviamente, por eso mismo, el rey no puede ser castigado. De ahí que los flamantes códigos penales a partir de ese período desarrollen las figuras del regicidio y/o el magnicidio y otras semejantes (atentado contra la vida del rey, o del titular del poder político, respectivamente, etc.), pero no los tipos que describirían los posibles delitos de los reyes, o de los gobernantes en general; y en particular los delitos relacionados con las guerras de agresión y de rapiña: tanto el de conducir a sus propios súbditos a la ‘muerte en combate’, o sumirlos en la miseria derivada de la destrucción bélica, como la de someter a pueblos extranjeros a la agresión, la ocupación militar, la explotación económica, el yugo foráneo y todas las ruinosas y humillantes consecuencias derivadas de dichas situaciones.

En relación con los delitos regios ‘contra los súbditos’ la situación va a cambiar en términos teóricos a partir de la Revolución Francesa, donde, en un contexto republicano, y bajo el principio de igualdad de todos ante la ley, se empieza a sostener que el jefe de Estado responderá, como cualquier otro ciudadano, por los delitos que cometa en el ámbito estatal, siempre que dichos delitos estén tipificados como tales en el Código Penal.

Pero ¿cuál Derecho Penal aplicar, en las relaciones con los otros Estados, o con pueblos de otras culturas, que carecen de organización estatal? ¿cuáles son los delitos tipificados en esos ámbitos?

El ejemplo del Reino Unido es aleccionador: mientras los ciudadanos británicos (incluidos, en ciertos aspectos, los propios obreros británicos) llegan a gozar ya a fines del Siglo XIX, de una impresionante suma de garantías personales, políticas y sociales (derechos civiles, políticos y económicos), en las colonias, y frente a países no occidentales ni cristianos, aquel mismo gobierno que garantiza tales derechos a sus ciudadanos, comete las más crueles injusticias.

En los códigos penales europeos de la época no se contemplan los delitos atroces cometidos contra los pueblos durante el período de las conquistas coloniales. Precisamente en la época del imperialismo europeo de fines del Siglo XVIII y a lo largo de todo el Siglo XIX, los gobernantes de Inglaterra, Francia, Bélgica y Holanda ordenaron o autorizaron actos de agresión, barbarie y exterminio contra pueblos asiáticos y africanos, y tales actos no estaban contemplados como delitos en los códigos penales. Hoy se considera, por ejemplo, que el Rey Leopoldo II de Bélgica fue responsable de actos de genocidio contra los congoleses; pero en su patria pasó a la historia como un rey ejemplar. Y lo mismo ocurre con la venerada Reina Victoria de Inglaterra, quien autorizó la odiosa Guerra del Opio contra China, así como las bárbaras agresiones conocidas como las Guerras Afgana y Zulú.

2. Las represalias contra el vencido

Al terminar la Primera Guerra Mundial, los victoriosos franceses e ingleses se mostraron decididos a acusar y castigar al ex-Emperador de Alemania, el Kaiser Guillermo II, por el crimen internacional de agresión bélica. A ello se opuso, entre otros, el célebre publicista profesor Vittorio Emanuele Orlando, entonces primer ministro de Italia, alegando precisamente que para el caso en cuestión no existía una norma jurídica anterior que previera el delito, ni la pena, ni el tribunal competente. Es decir, el Profesor Orlando invocando para el caso la aplicación de los principios de tipicidad (nullum crimen, nulla poena) y del juez natural, ponía en evidencia el déficit de tipo, de pena y de jurisdicción existente en el Mundo Occidental respecto de los ilícitos regios.

Y aunque los argumentos jurídico-penales de Orlando no prevalecieron, porque las potencias victoriosas se negaron de momento, rotundamente, a aplicar las garantías del derecho penal común al nivel de lo regio (todavía entonces, el único delito que un rey podía cometer era ser derrotado), lo cierto es que poco después, en el Tratado de Versalles, se incorporaron las primeras figuras delictuosas que podrían ser atribuidas a los jefes de Estado con ocasión de la guerra. Y así, el artículo 227 de dicho Tratado describe como delitos los actos que constituyan:

“…ofensa suprema contra la moral internacional y la   santidad de los tratados…”

El Protocolo de Ginebra de 1924 declara que:

“…las guerras de agresión constituyen un delito internacional…”

y en el Pacto Briand-Kellog firmado en Paris en 1928, todos los países europeos (Alemania incluida) condenaron el recurso de la guerra para la solución de los conflictos, y se comprometieron a utilizar para ello los medios pacíficos.

3. El proceso de Nuremberg y la normativa de la ONU

Pero está claro que tales descripciones, con ser tan genéricas, aunque preveían figuras de violación de tratados como las que después cometerían los gobiernos del Eje (Alemania, Italia y Japón), no podían cubrir los actos de salvajismo indescriptible perpetrados contra personas individuales, etnias y grupos políticos, por los nazis y los japoneses antes y en el curso de la Segunda Guerra Mundial.

En cuanto a la agresión bélica de un Estado contra otro, el acuerdo de Londres del 8 de Agosto de 1945, institutivo del Tribunal Internacional de Nuremberg, lo incluyó como un delito internacional entre los crímenes contra la paz, tipificándolo en su Artículo 6, en los siguientes términos:

Inciso a):

“…la planificación, la preparación o el desencadenamiento de una guerra de agresión, o de una guerra en violación de tratados internacionales, acuerdos o entendimientos, o bien la participación en un plan criminal común dirigido a perpetrar uno de los actos arriba mencionados…”.

Inciso b):

“Violaciones de las leyes y de los usos de la guerra. Tales violaciones comprenden, pero no exclusivamente, el asesinato, los malos tratos y la deportación forzosa de trabajadores u otros elementos de la población de los países ocupados; el asesinato y los malos tratos a los prisioneros de guerra o a personas en el mar; el homicidio de rehenes; el saqueo de propiedades públicas y privadas, la destrucción injustificada de ciudades y villas; y las devastaciones no justificadas por necesidades militares…”.

Inciso c):

“…Delitos contra la Humanidad: y precisamente asesinato, exterminio, reducción a esclavitud, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra la población civil antes o durante la guerra; persecuciones por motivos religiosos, raciales o políticos en ejecución o en conexión con alguno de los delitos comprendidos en la jurisdicción del Tribunal, sean o no en violación de las leyes vigentes en el País en el que tales persecuciones tuvieron lugar…”.

Sabemos que el proceso de Nuremberg, realizado por fiscales y jueces nombrados por las potencias victoriosas, se llevó a cabo en la ciudad de ese nombre, entre Setiembre de 1945 y Setiembre de 1946, contra veintidós personas, entre militares y políticos, que habían ocupado cargos importantes en el gobierno de Hitler. Tres de ellos fueron absueltos, cuatro recibieron penas de prisión entre diez y veinte años; otros tres recibieron cadena perpetua; y los restantes fueron condenados a morir en la horca.

La opinión mundial se dividió entre los que, esgrimiendo diferentes argumentos, aceptaban o rechazaban el proceso de Nurenberg. Podemos decir, en general, que los primeros se apoyaban en consideraciones de justicia material, mientras que los segundos invocaban conocidos principios de Derecho Penal liberal vigente en sus propios países, del tipo ‘nullum crimen, nulla pena’, etc., concluyendo que en el fondo se trataba de un acto de venganza, y no de justicia.  A propósito, alguien dijo con toda lógica que si Alemania hubiera ganado la guerra, habría podido juzgar a los políticos y generales norteamericanos por los masivos bombardeos desencadenados sobre sus ciudades, sin ninguna consideración por la vida de los civiles, que murieron por centenares de miles. Trabada la contienda bélica, la crueldad sin límites estaba en ambos lados; la diferencia la puso el incalificable genocidio judío de parte de los nazis, que fue un verdadero exterminio de personas no beligerantes, simplemente por sus caracteres étnicos.

4.    El Derecho Penal de la ONU y la delincuencia de las superpotencias

Como era de esperar, el fin de la Segunda Guerra Mundial y la revelación de sus horrores llevaron al concierto de los países del Mundo a la instauración de la Organización de las Naciones Unidas, en cuyo Estatuto se contienen principios y normas relacionadas con la guerra y la paz.

En efecto, en el Estatuto de la ONU (Preámbulo, artículo 1º, etc.) la paz es considerada el bien jurídico supremo, de manera que los Estados miembros tienen el deber (artículo 2; párrafos 3 y 4) de arreglar sus controversias internacionales por medios pacíficos, y de abstenerse del uso de la fuerza, el cual sería entonces monopolio del Consejo de Seguridad (artículo 24).

Por otra parte hay que tener presente que en el sistema jurídico de la ONU nunca ha predominado completamente un régimen de derecho aplicable a todos por igual. Comparado con el pasado, ciertamente la ONU trajo un visible progreso en la materia, pero la estructura misma de la organización, con el enorme poder acordado institucionalmente a las grandes potencias, presentaba un cuadro donde campeaban notorias asimetrías, anticipo seguro de los grandes abusos e injusticias que hemos presenciado en estos casi 60 años de historia del organismo.

Ya decíamos arriba que el derecho penal, desde sus orígenes, ha supuesto la existencia de una autoridad incontrastable, capaz de dar efectividad a las decisiones de los jueces acerca del delito, el delincuente y la pena. En el seno de la ONU se ha comprendido, cada vez con mayor claridad, que no puede haber verdadera justicia entre las naciones ni entre las personas, mientras no exista un derecho penal de aplicación general, constante y segura, frente a las conductas de los gobernantes, sea cual fuere el Estado o la organización que representen. La Corte Penal Internacional es precisamente el fruto del esfuerzo de la gran mayoría de los Estados miembros en esa dirección.

El Estatuto de la CPI contiene un conjunto de normas y principios jurídicos dirigidos a la instauración de tribunales y procesos jurisdiccionales competentes para conocer de determinados delitos, especialmente graves, contra los pueblos, a saber, los artículos 5, 6, 7 y 8, en los que se incluyen y tipifican los delitos de:

Genocidio, Lesa humanidad, Criminalidad bélica y Agresión;

aunque (y es un síntoma ominoso) la definición de este último ilícito, así como las condiciones en que se produzca, se reserva para ser aprobada posteriormente, de conformidad con los artículos 121 y 123 del Estatuto de la Corte.

5.      Los delitos imperiales y el espectro del Derecho Penal Internacional

Con ocasión del atentado a las Torres Gemelas y lo que vino a producirse después en Afganistán, en Irak y en seno de la ONU, hemos sido testigos de una deplorable regresión en las relaciones internacionales, por la cual el gobierno del Presidente Bush ha conseguido sin mayor esfuerzo ponerse por encima del Derecho Internacional y se ha postulado prácticamente como  el árbitro de los destinos de todos los pueblos de la Tierra, descalificando a la ONU como un mecanismo anticuado e inservible.

En efecto, con sus actuaciones en Afganistán y en Irak, Bush y su equipo han incurrido claramente en conductas que significan recurrir al uso de la fuerza en forma injusta y unilateral contra Irak, que también es miembro de la ONU, violando lo dispuesto en los artículos 1º y 2º, inciso 4) de la Carta de dicha Organización; y en conductas que, si les fuera aplicable la normativa de los artículos 5, 6, 7 y 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, constituirían modalidades de genocidio, crímenes de lesa Humanidad y crímenes de guerra. Pero ¿alguien ha planteado la denuncia de tales delitos? ¿Dónde estaban los baluartes de la justicia y la legalidad internacionales?

En cambio, en el caso de los aliados de los Estados Unidos en esa guerra de agresión contra Irak, los gobiernos de España y el Reino Unido, dicha normativa se les aplica plenamente, puesto que ambos han ratificado el Estatuto de la Corte. Sin embargo, no ha prosperado, en el seno de la ONU ni de la CPI, ni en ningún otro foro internacional, una iniciativa para que los titulares de los órganos responsables de aquellas decisiones sean juzgados por los ilícitos cometidos.

Además, los tres Estados mencionados, siendo miembros de la ONU, han desaplicado con manifiesta arrogancia las normas del artículo 25 de la Carta, así como lo dispuesto en los Capítulos VI y VII de la misma, que establecen la competencia exclusiva del Consejo de Seguridad en el manejo y solución de los conflictos surgidos entre sus miembros.  Sin embargo, ni siquiera han recibido una condena simbólica de parte del Consejo o de la Asamblea General.

Limitándome al caso de los Estados Unidos, que es de lejos el inspirador y el principal ejecutor de los atropellos, creo que las claves para una explicación puede estar en la combinación de dos factores: uno estructural y el otro coyuntural.

  1. Es archisabido que el factor estructural en el caso de los Estados Unidos es el designio de las poderosas transnacionales del petróleo y los armamentos, estrechamente relacionadas con Bush, su familia y el grupo que lo rodea en el gobierno, de avanzar hacia el control y manejo de la economía del Planeta: el control militar de Afganistán por parte de USA y sus aliados les permite afianzar sus intereses en los países productores del petróleo del Mar Caspio, antiguas repúblicas Soviéticas; y el control del poder y del petróleo iraquí les permite culminar prácticamente su señorío en el corazón del Cercano y Medio Oriente, logrando así ventajas definitivas sobre las economías de la Unión Europea, Rusia, Japón y China.
  2. Es igualmente plausible la hipótesis de que el factor coyuntural es el Mesianismo y el Providencialismo Cristiano que han abrazado muchos de los miembros del grupo que rodea a Bush, y él mismo, en lo personal. Según estas doctrinas, que vienen a reforzar la vieja ideología del llamado ‘Destino Manifiesto’, sustentada por grupos de la élite derechista norteamericana, el Siglo XXI será “el Siglo de America”(ellos se autodenominan ‘América’); es decir, se trataría de la era del dominio mundial por parte de la potencia estadunidense: una variante fascistoide de aquella mixtificación del protestantismo capitalista estudiada por Max Weber (en su clásico libro “La ética protestante y el espíritu del Capitalismo”; Península, Barcelona, 1969) según la cual es un deber cristiano trabajar duramente en la profesión de cada uno; y la riqueza y el poder alcanzados en la Tierra por ese camino constituyen una señal divina de salvación. En consecuencia, el éxito económico y político transnacional de la poderosa comu-

nidad presbiteriana a la que pertenecen el Presidente y sus halcones tiene un firme respaldo religioso y aporta una justificación completa a la misión de construir “el Siglo de América”, no en beneficio de las personas; ni siquiera del norteamericano común, sino de las poderosas transnacionales

6. Bush y la ‘Razón de Estado’ como coartada

En consecuencia, la necesidad de defender ‘América’ (es decir, los Estados Unidos), país considerado como la más alta realización de la democracia y la libertad, constituyen la ‘razón de Estado’ invocada por el gobierno Bush. La identificación entre ‘América’ y el binomio ‘libertaddemocracia’ le permite postular los intereses de los Estados Unidos como si fueran los intereses del ‘Bien’, en términos absolutos, contra el ‘Mal’; le permite postular la ‘razón de Estado’ como ‘razón universal’.

Contra la amenaza ‘del Mal’ representada por los países calificados de terroristas, todos los demás Estados de la Tierra deben alinearse en la ‘cruzada’ de Bush y su pandilla. No hay término medio: el que no está con ‘América’, está ‘contra la libertad y contra la democracia’; está a favor del Mal, y debe correr con las consecuencias.

De esta manera trata Bush de allanar toda resistencia a su ‘guerra contra el terrorismo’, que es una mera pantalla para disimular el progreso de los intereses de las grandes transnacionales, de capital predominantemente norteamericano (pero esto no es esencial), al que su familia y su grupo de gobierno están ligados. Se trata de la más acabada forma de la arrogancia del poder de los últimos tiempos (más grave, incluso, que la de Hitler), que nos pone de nuevo, a la vuelta de los siglos, ante una versión moderna, disfrazada en un discurso pseudodemocrático, de la ‘Ley de la Selva’.

El derecho internacional ha logrado a veces algunos buenos resultados en los casos que afectan exclusivamente los intereses de países pequeños, pero ha fallado constante y repetidamente en los asuntos en que están involucrados los intereses de los poderosos de la Tierra. Muchos internacionalistas suelen reconocerlo así, pero no logran ofrecer explicaciones plausibles ni soluciones aceptables, y con frecuencia se encierran en un silencio resignado. Recordemos que esa lamentable situación ha llevado por ejemplo a Kelsen a afirmar, a guisa de explicación-justificación, que el derecho internacional es un ‘derecho primitivo’, para no tener que decir en voz alta que, de acuerdo con los postulados de su doctrina, el derecho internacional no llega ni siquiera a ser ‘derecho’ en sentido estricto  (Principios de Derecho Internacional Público; Buenos Aires, 1965; pág. 19).

Pero esta última crisis del Derecho Internacional a que nos estamos refiriendo no es de naturaleza jurídica, sino que, al igual que muchas otras anteriores, es de naturaleza política: el postulado clásico, que nunca pasó de ser una ficción, de la igualdad jurídica de los Estados (es decir, la igualdad efectiva de los sujetos por excelencia del derecho internacional) ya no se puede sostener. Está a la vista que lo que resuelve las disputas internacionales es el poder efectivo, no el derecho. Y entonces la clave de solución de los conflictos de competencia del derecho internacional está en determinar quién tiene mayor poder. El Protocolo de Kyoto es un ejemplo muy claro. No se trata de un problema jurídico, sino de una confrontación entre el poder de la Unión Europea, de Rusia y de otros grupos regionales y el poder de los Estados Unidos.

7. La impotencia de las potencias

Frente a lo cual no se tiene una respuesta ni medianamente vigorosa en los sectores más significativos de la comunidad internacional. Porque, siendo cierto que Francia, Rusia y China anunciaron la posibilidad de ejercer el veto si el Consejo de Seguridad aprobaba la guerra contra Irak; y que Alemania negó su apoyo a la iniciativa de Estados Unidos en esa dirección, también lo es que, después de concluida la invasión estadunidense de dicho país, en cuyo transcurso se escarneció a la ONU y se socavó gravemente la confianza general en su papel mediador y pacificador, todos aquellos dignos países aceptaron los hechos consumados e iniciaron el camino a una colaboración con los Estados Unidos y los demás conculcadores del Derecho Internacional. ¿Quién defendió a la ONU, aunque solo fuera en el terreno moral?

En cuanto a los gobiernos de Francia y Alemania, es conocido que su oposición a la invasión de Irak por los Estados Unidos estuvo motivada por sus fuertes intereses económicos en dicho país, y, en general, en el Oriente medio: no se trataba, lamentablemente, de la defensa de los fundamentos morales de la cultura occidental y cristiana, ni mucho menos de los principios del Derecho Internacional.

Aún en el momento actual, en que son palpables las violaciones de los derechos fundamentales de los prisioneros en Guantánamo y en las cárceles iraquíes ¿quién intentó el enjuiciamiento de los transgresores? ¿Qué han hecho al respecto el Secretario General y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU? ¿en qué quedó el Derecho Penal Internacional? Seguimos, en pleno Siglo XXI, sometidos a la corrupción del poder desnudo: los políticos se inclinan por cálculo o complicidad (son, ya lo dijimos, aves del mismo plumaje); la ONU calla avergonzada, impotente.

En este nuevo siglo que nace sin dignidad ¿Quién será el que –según el luminoso pensamiento de Martí– asumirá la dignidad de todos?  ¿Quién será el que diga “la injusticia me hiere, no importa dónde o contra quién se cometa”?  Si los políticos y los magnates del resto del Mundo callan por conveniencia, o se limitan a formular inocuas protestas, parece llegada la hora de apelar a los pueblos.

PARTE IV.  MÁS ALLÁ DEL DERECHO INTERNACIONAL

1. El Tribunal Russell

En la década de los sesenta del Siglo XX, la intervención bélica cada vez mayor de los Estados Unidos en Vietnam, el incremento de los bombardeos a la población civil, la destrucción de los cultivos de los vietnamitas, etc., no encontraban freno por la vía diplomática. En el seno de la ONU se planteaban iniciativas que al final eran vetadas por el representante de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. En esas circunstancias, el portador de la dignidad del Mundo fue el llamado Tribunal Russell, nacido por iniciativa del filósofo inglés Bertrand Russell, quien convocó a un grupo de intelectuales y políticos conscientes para que examinaran y juzgaran, en el plano moral, los actos del ejército de los Estados Unidos en Vietnam. Y así fue como se formó el llamado ‘Tribunal Internacional contra los crímenes de guerra’, que empezó a funcionar en Londres el 15 de Noviembre de 1966, y realizó sus sesiones de trabajo en Estocolmo y en Roskjilde, Suecia, durante el año 1967. El Tribunal volvió a sesionar en Bruselas y Roma en 1973 y 1974, bajo la presidencia del senador italiano Lelio Basso, para conocer de los crímenes cometidos por las dictaduras latinoamericanas; y posteriormente ha continuado operando bajo el nombre de ‘Tribunal de los Pueblos’ con la participación de Leo Matarasso, Luigi Ferrajoli, François Rigaud y otros.

A la formación de esos tribunales no concurrieron los delegados de las llamadas ‘Naciones Civilizadas’: no estuvo allí el General De Gaulle, ni el Canciller Konrad Adenauer, ni la Reina Isabel de Inglaterra, ni Mitterrand, ni Giulio Andreotti. Sus integrantes fueron algunas personas de buena voluntad, como el escritor francés Jean Paul Sartre, el senador italiano Lelio Basso ya mencionado, y el propio Bertrand Russell. A sus debates se negaron a asistir los representantes de los gobiernos cuestionados; sus sentencias fueron oficialmente ignoradas. En definitiva, en opinión de los juristas convencionales (entre ellos muchos internacionalistas), aquello no fue nada; pero creo que todo hombre de buena voluntad sintió en aquel momento que esos simples ciudadanos: Russell, Sartre y los otros del Tribunal, asumieron la dignidad de todos.

Estoy además convencido de que, de la bofetada moral que le propinaron el Tribunal Russell y el Tribunal de los Pueblos a las instituciones oficiales, nacieron, al cabo de los años, la iniciativa de la Corte Penal Internacional y, más importante aún: el actual movimiento popular mundial antibelicista, ambientalista y antiglobalizador.

2. La opinión de los pueblos del Mundo como ‘tribunal’

No tengo, talvez para mi desgracia, aquella fe jacobina en una especie de “infalibilidad moral de los pueblos” porque, entre otras cosas, para empezar, no creo que exista en el Mundo algo muy nítido e inmediatamente comprensible que se llama “el bien” y algo muy concreto e igualmente comprensible que se llama “el mal”. Es decir, que no creo aquello de que ‘la voz del pueblo’ sea ‘la voz de Dios’; sino que los pueblos, al tomar decisiones (importantes o no) pueden equivocarse de medio a medio, y tener luego que sufrir las consecuencias (es lo que, a mi juicio, le ocurrió a la mayoría de los votantes norteamericanos que acaban de reelegir a Bush). Pero por otra parte sí creo que el Mundo necesita más democracia; que en la medida en que la profundización de la democracia vaya haciendo posible que prevalezcan en la comunidad los intereses de cada vez mayor número de ciudadanos, en esa medida perderán terreno los viejos mecanismos de corrupción de las relaciones sociales. Es vital que los pueblos reemplacen a las camarillas corruptas que nos tienen al borde del abismo, y tomen la palabra en la conducción de las relaciones internacionales.

Nos advierte Norberto Bobbio que entre el gobierno de los hombres y el gobierno de las leyes, es prudente que optemos por el gobierno de las leyes. Eso está bien, pero con la condición de tener muy claro que también el gobierno de las leyes es siempre, en realidad, en el plano interno y en el plano internacional, un gobierno de los hombres en el que éstos han decidido gobernar (o se han visto obligados a gobernar) dentro del marco, los límites y las condiciones establecidos por las leyes y los tratados. Lo cual nos está señalando el carácter irremediablemente precario del afamado ‘gobierno de las leyes’. Si logramos que empiece a funcionar ¿Cuánto durará? ¿Hasta cuándo querrá seguir respetando las reglas el llamado a observarlas y hacerlas observar? ¿Hasta dónde llegarán los gobernados en sus esfuerzos por exigirle ese respeto? Es un equilibrio inestable, precario, que no puede nunca considerarse alcanzado para siempre, y debe ser vigilado constantemente. Pero ¿quién vigilará al vigilante?

Porque, en efecto, la Historia ha demostrado que los síntomas de la corrupción no tardan en presentarse y tienden a expandirse cuando el poder se concentra en pocas manos y aumenta, correlativamente, la distancia entre sus detentadores y la comunidad gobernada. Y viceversa, los síntomas de la corrupción tienden a disminuir cuando el poder es compartido por todos, pues en su verdadero sentido la democracia significa precisamente que el poder está, de manera sustancial (sufragio, referéndum, revocación, etc.) en manos de todos.

Karl Marx creía que cuando todos los hombres llegaran a ser libres e iguales, el Estado, es decir, la organización del poder político del mundo moderno, desaparecería. Porque, en efecto ¿puede el poder estar en manos de todos y continuar existiendo como tal? ¿Hasta qué punto podemos llamar ‘poder’ a la situación en que todos somos, a la vez, gobernantes y gobernados? Y entonces, en la medida en que, efectivamente, las iniciativas sean tomadas y las actividades sean ejercitadas de modo creciente por todos los ciudadanos, en esa medida el poder se transforma en autorregulación, deja de ser distancia y asimetría y, por ende, la posibilidad de la corrupción, el abuso y la prepotencia en las relaciones humanas se aproximaría al grado cero (aunque sin alcanzarlo nunca).

Cierto que estamos muy lejos de alcanzar ese estado de cosas. Pero, de todos modos, me parece que el ejemplo del Tribunal Russell y su influencia en el largo plazo, es útil para mostrar la posibilidad de inducir a grupos cada vez mayores de ciudadanos a examinar las actuaciones de los gobernantes y expresar su criterio. De hecho la actual opinión pública mediatizada, que se expresó vigorosamente en relación con la guerra de Irak, es un verdadero tribunal donde se conocen dia a dia los hechos, se los valora y juzga con las pautas culturales vigentes. En palabras de Luigi Ferrajoli, la agresión norteamericana a Irak

“…ha hecho nacer el embrión de una sociedad civil mundial. De Melbourne a San Francisco, pasando por Roma, París, Berlín, Londres, Madrid o Barcelona, hemos visto materializarse en las calles y plazas de todo el mundo a un pueblo global concorde en la defensa de los mismos valores: la paz, los derechos humanos y la legalidad internacional…”

(Ferrajoli: La guerra contra Iraq y el futuro del orden internacional, que es el Epílogo al libro colectivo ‘No en mi nombre’; Trotta, Madrid, 2003; pág. 226).

Cuando nos encontramos ante la triste aunque previsible situación en la que ni la ONU, ni la UE, ni las potencias de Rusia y China, ni la Corte Penal Internacional son capaces de detener las acciones delictuosas del gobierno USA, ni de aplicarle las sanciones correspondientes, debemos ponerle atención al despertar de una conciencia de los pueblos, que ha mostrado capacidad de expresarse y comunicar su rechazo de la política usana de manera cada vez más perceptible y consistente.

Es evidente, en efecto, la existencia de un creciente desafío popular mundial contra aquella política, y un rechazo generalizado con respecto de los actos de su gobierno, y de la ideología que los sustenta. Los pueblos superaron las distancias de las lenguas y las fronteras, y marcharon al unísono para repudiar aquella guerra inicua. ¿Tendrán éxito, al final, esos movimientos? Ahora lo veo como posible; aunque, en el mejor de los casos, me parece que no bastará con frenar o moderar, por ejemplo a los halcones republicanos, o en general al presente y a los futuros gobiernos de los Estados Unidos, del partido que sean.

Porque me temo que los Estados Unidos sólo son, también ellos, un síntoma más de aquel fenómeno de la desigualdad y la inequidad de las relaciones humanas que nos tiene abatidos desde hace milenios, porque vive también dentro de cada uno de nosotros: no habrá paz entre las naciones ni entre las personas mientras predomine en el Mundo una mentalidad clasista y discriminadora, mientras se propicie la justificación de la desigualdad y se estimule el espíritu depredatorio frente a los demás; y mientras exista un sistema institucional como el Capitalismo, que no sólo permite sino que acepta, presupone, requiere la explotación de un Estado por otro, de un ser humano por otro.

CONCLUSIÓN

En suma, tenemos que admitir que, mientras estemos dominados por ideologías desigualitarias, como es la que subyace y sustenta al sistema capitalista, continuaremos construyendo relaciones sociales asimétricas, corrompidas y corruptoras, y el poder desnudo seguirá humillando el texto de la ley tanto en el plano interno como en el plano internacional.

Por el contrario, si un día logramos colectivamente aprender a liberarnos de semejantes ideologías, y nos atrevemos a intentar relaciones humanas igualitarias y, por ende, solidarias, hasta sus últimas consecuencias, podremos extirpar de la sociedad humana la semilla de la corrupción y de la prepotencia.

Y termino entonces adoptando a nuestro discurso la célebre fórmula de Radbruch:

No se trata de lograr un individualismo y un capitalismo mejores, sino algo éticamente y científicamente mejor que el Individualismo y el Capitalismo. En consecuencia, no se trata de seguir buscando un

Derecho Internacional mejor, sino algo mejor que el Derecho Internacional: la construcción de un Derecho de los Pueblos y de la Democracia universal. 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

  • Lelio Basso. El despertar de los pueblos. Forlì, 1980.
  • Jean Bodin. Los seis libros de la República. Caracas, 1966.
  • Francesco Calasso. Los glosadores y la teoría de la Soberanía. Milán, 1957.
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  • Luigi Ferrajoli. La guerra y el futuro del derecho Internacional; en ‘No en mi nombre’ cit.
  • Otto Gierke.  Johannes Althusius; Turín, 1974.
  • Hugo Grocio. Los tres libros del derecho de la guerra y de la paz. Oxford, 1925.
  • Tomas Hobbes. Leviatán; México, 1940.
  • Hans Kelsen. Principios de Derecho Internacional Público. Buenos Aires, 1965.
  • Otto Kirschheimer.  Justicia política; Granada, 2001.
  • Nicolas Maquiavelo.  El Príncipe; Madrid, 1955.
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  • François Rigaux. La doctrina de la guerra justa, en ‘No en mi nombre’, cit.
  • Werner Sombart. El burgués; Madrid, 1977.
  • Walter Ullmann. Historia del pensamiento político en la Edad Media; Barcelona, 1983.
  • Varios autores. Tribunal Russell. Sesiones de Estocolmo y Roskilde; Madrid, 1969. Tribunal Russell. Sesiones de Bruselas y Roma; Madrid, 1975.
  • Francisco de Vitoria. De los indios o del derecho de guerra de los españoles en los bárbaros; en ‘Derecho Natural y de Gentes; Buenos Aires, 1946.
  • Max Weber. La ética protestante y el espíritu del Capitalismo; Barcelona, 1969.

 


Walter Antillón Montealegre.

El autor es Abogado, Cofundador de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, de la cual es Catedrático Emérito. En el Poder Judicial ha sido juez y magistrado suplente. Fue director del Proyecto de Transformación de la Justicia para la Corte Suprema de Nicaragua. Académico de amplia trayectoria y autor de numerosas obras y artículos de opinión. Ha sido candidato a la Vicepresidencia de la República por el Frente amplio.

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