Walter Antillón:  Líneas ilegibles en el libro de la historia costarricense

Nuestros gobernantes y exgobernantes, diligentes arquitectos de la brecha económica, suspiran aliviados: ¡afortunadamente en Costa Rica no existe una norma semejante!

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Walter Antillón Montealegre. Jurista.

A.- La Guerra Fría fue una pugna entre dos Fuerzas mundiales que durante cincuenta años utilizaron todos sus recursos para irrogarse recíprocamente el mayor daño posible, sin enfrentarse en el terreno militar. El gobierno de los Estados Unidos alineó de su lado a todos los países de América Latina y de Europa Occidental y les impuso una política funcional a sus objetivos, dirigida, entre otros propósitos, a rastrear y eliminar toda manifestación de comunismo que se presentara en la zona, lo cual se acentuó dramáticamente en los países más dependientes del centro hegemónico. Iniciada la Guerra Fría resultaba ya intolerable el co-gobierno de cualquier partido tradicional con los comunistas, como había ocurrido antes en Chile con Aguirre Cerda y el Frente Popular (años 30). La diferencia se vio claramente en el 48 costarricense y más en el 54 guatemalteco (derrocamiento de Jacobo Arbenz).

La Guerra Fría y el predecible triunfo de Figueres en la llamada Revolución del 48 tuvieron consecuencias de enorme importancia en el devenir de Costa Rica, que sin embargo pronto perdieron sus contornos sin haber sido suficientemente valoradas. Fue algo así como si las líneas que llenaron centenares de páginas de la historia costarricense de más de medio siglo hubieran sido escritas con tinta invisible, como la correspondencia de los servicios secretos. Se trata de una vasta e importante porción de realidad escondida en el tiempo, que está a punto de perderse a falta de los historiadores, los sociólogos, los antropólogos, los economistas y los psicólogos que pudieran ahora ocuparse de ella: exhumar su existencia, investigar, identificar, ordenar y valorar los hechos desde las diferentes posiciones adecuadas, para ofrecer un cuadro completo y comprensible de lo que realmente pasó en este País, y de las múltiples consecuencias que de allí se han derivado.

B.- La Junta Fundadora de la Segunda República y los gobiernos que la siguieron, mantuvieron las Garantías Sociales de la Constitución y el Código de Trabajo, pero obedecieron la consigna de aplastar el Comunismo en todas sus manifestaciones. Por eso, en los años que siguieron al 48 vimos asesinar en frío líderes comunistas por el mero hecho de serlo; vimos proscribir los movimientos y los partidos de izquierda en la Constitución y en las leyes; vimos reprimir con la cárcel, el exilio, el desempleo y la segregación a los dirigentes comunistas de todos los niveles, así como a sus familias; vimos a los Ministros de trabajo cancelando, suprimiendo e ilegalizando decenas de sindicatos de trabajadores, en razón de imputarles ideas comunistas; vimos funcionar la censura, el índex y la confiscación de libros prohibidos en razón de sus contenidos (como  en los  mejores tiempos de la Inquisición); vimos la prohibición dirigida a todo ciudadano, de visitar países comunistas; vimos la práctica patronal de despedir a todo trabajador que intentara sindicalizarse o formar sindicato en la empresa; presenciamos la práctica corriente de levantar listas con los nombres de esos trabajadores, para que ningún patrono los empleara; presenciamos así mismo la connivencia de los Ministerios llamados “de trabajo” y la inacción de los propios Jueces de trabajo ante conductas abiertamente persecutorias de parte de los patronos, aunque en las leyes y los convenios la persecución sindical estuviera prohibida y castigada.

 C.- La situación descrita, que se perpetuó por más de cincuenta años, imprimió a los acontecimientos sucesivos en el país un sesgo perceptible a nivel macro y micro social, algunas de cuyas facetas ilustro a continuación:

  1. Del año 1950 en adelante, la eliminación masiva de los sindicatos comunistas, numerosos en el sector privado, la persecución de los líderes sindicales y el despido sistemático, generalizado de los trabajadores que intentaran sindicalizarse, produjo una especie de trauma psicosocial en gran parte de los trabajadores costarricenses y sus familias, que los llevó finalmente a apartarse de todo contacto o cercanía con materias relacionadas con el sindicalismo de izquierda, así como con el pensamiento político de izquierda en general: el miedo a la represalia, la vivencia del rechazo sistemático, del despido y del dolor de las carencias, del hambre de los hijos; la incertidumbre y la humillación del desempleo prolongado (desgracias todas experimentadas durante aquellos años por muchas personas, en cabeza propia, o en la de otros) terminaron por volcarse en una reacción de descalificación y de resentimiento contra el sindicalismo y la izquierda, supuestos causantes de los males padecidos. Desde la inermidad en que se encontraban, el miedo fue racionalizado: si no me afilio al sindicato, no es porque tema ‘contrariar al patrón’ (en realidad: ‘afrontar sus injustas e ilegales represalias’) sino porque sindicalismo significa comunismo y es, por lo tanto, despreciable.
  2. La situación descrita, reforzada por una campaña permanente de las agencias estatales y de los medios masivos de comunicación patrocinada por el Departamento de Estado, repitiendo por más de medio siglo la Legenda Negra del Comunismo, ha terminado por producir en la mayoría de los costarricenses un tan poderoso cuanto irracional prejuicio anti-izquierda y anti-sindical, que llegó a afectar negativamente incluso a los sindicatos cristianos, a pesar de sus notorios y permanentes esfuerzos por desmarcarse.
  3. Para una mayoría de los trabajadores costarricenses portadores del prejuicio, sobre todo los pertenecientes al sector privado de la Meseta Central y a las familias marginadas en las Provincias más lejanas, el Socialismo ha terminado por ser una marca infamante, aunque no sepan explicar ni remotamente por qué, y la proximidad del pensamiento político o sindical de izquierda equivale para ellos al contacto con una especie de enfermedad vergonzosa.

D.- En los hechos, lo ocurrido fue que durante todo ese tiempo, un grupo mayoritario de la clase trabajadora del sector privado se encontró en estado de indefensión frente a los patrones. La Constitución y el Código de Trabajo vigentes en Costa Rica le brindaban los mismos mecanismos racionales de defensa y de lucha con que cuentan los obreros en todos los países civilizados, es decir: el sindicato, la convención colectiva, la huelga.  Pero precisamente en Costa Rica sucedió que ni el Código ni la Constitución (sospechosamente inaplicados) impidieron la persecución sindical que, por decenios, se practicó con total impunidad; y la persecución sindical impidió la agremiación; y el aislamiento y la debilidad del obrero, del campesino y del empleado les impidieron hacer una defensa sistemática y progresiva de su derecho a una justa participación en las ganancias de las empresas, en el contexto de relaciones laborales estables; y esa falta de defensa se tradujo en un constante e injusto enriquecimiento del grande y mediano empresariado, y en la acentuación progresiva de una amplia brecha económica que convierte a Costa Rica en uno de los países más desiguales del Mundo; porque en el lado opuesto de la brecha, amontona a cientos de miles de hogares del campo y la ciudad padeciendo una insuficiencia crónica y progresiva de ingresos económicos que no ha dejado por un momento de deteriorar sus condiciones de vida, afectando negativamente la salud, la tranquilidad, la seguridad, el bienestar, las posibilidades de educación, de empleo y de futuro de millones de personas. Varias generaciones de trabajadores costarricenses han vegetado muy por debajo de las posibilidades que les brindaba el sistema laboral de derechos y garantías, viviendo estrecheces y sinsabores que malograron su futuro y que, de proceder al contrario, se habrían evitado. Deben saber que la riqueza acumulada al otro lado de la brecha es el fruto de la inactuación de sus derechos laborales.

E.- Pero supongamos que las cosas no hubieran ocurrido de ese modo: supongamos que no hubo persecución sindical ni eliminación masiva de sindicatos en el sector empresarial; y entonces supongamos que los trabajadores de dicho sector (que son el 80% de la fuerza laboral del País), respaldados por sus sindicatos, plantearon sus reclamaciones por la vía de la huelga o negociaron con sus patronos sendas convenciones colectivas que, a la postre, les garantizaron a través del tiempo un incremento gradual razonable de sus salarios, bonificaciones y otras prestaciones inherentes a su condición laboral; de modo que, en el arco de esos mismos cincuenta años la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas hubiera sido considerablemente mayor, con el consiguiente incremento de bienestar, estabilidad, etc.; y el Coeficiente de Gini hubiera situado a Costa Rica entre los Países más equitativos del Planeta.

F.- Fue sólo una suposición. La herida abierta que significa la brecha económica de un país, es la prueba más contundente de la crónica iniquidad, perpetrada sistemáticamente en el reparto del ingreso nacional;  y es, a la vez, la confesión del más rotundo fracaso de todos los gobiernos que han contribuído a ensancharla.

Cuenta la Leyenda que la Constitución Política de un Estado lejano tiene un artículo número 50 que dice:

“El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza…”

Nuestros gobernantes y exgobernantes, diligentes arquitectos de la brecha económica, suspiran aliviados: ¡afortunadamente en Costa Rica no existe una norma semejante!

 

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Walter Antillón Montealegre.

El autor es Abogado, Cofundador de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, de la cual es Catedrático Emérito. En el Poder Judicial ha sido juez y magistrado suplente. Fue director del Proyecto de Transformación de la Justicia para la Corte Suprema de Nicaragua. Académico de amplia trayectoria y autor de numerosas obras y artículos de opinión. Ha sido candidato a la Vicepresidencia de la República por el Frente amplio.

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