Walter Coto: Cinco paradojas inquietantes

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Walter Coto Molina, Abogado (Dr.).

Enero 2020

En nuestro país tenemos paradojas inquietantes. Veamos algunos  ejemplos.

  1. El Gobierno le pide a sus ciudadanos que no se endeuden si no pueden pagar, pero el que más se endeuda es el Estado. Actualmente guarda debajo de la almohada el déficit fiscal del 6% del PIB a base de endeudamiento en bonos,  incluso con tasas elevadas,  que es similar a como los costarricenses mantienen sus deudas con las tarjetas de crédito. En el país hay 2.984,769 tarjetas de crédito al 13 de marzo del 2019,  tarjetas que en un  período de 9 años aumentaron un 125%y cuya deuda asociada al uso del plástico representó 1,4 billones de colones. La morosidad también aumentó. Es el mismo mecanismo, deuda para pagar deuda,  y sostener los gastos. El Estado desembolsa 5 veces más que lo que recibe, de ahí el incremento cuasi sostenido de la deuda. Costa Rica es el sétimo país más endeudado de América Latina, con una deuda pública del  53  % del PIB. En septiembre del 2019, la Ex Ministra de Hacienda Rocío Aguilar decía en CR Hoy, que había que destinar 11 mil millones al día para atender los intereses y la amortización de la deuda pública. El presupuesto del país se financia  casi la mitad con deuda,  un 48 %, o sea nos endeudamos para pagar gastos corrientes, entre otras cosas. La deuda per cápita por habitante ha crecido en demasía, estando como en 8.000 mil dólares al año.  En el 2008 era de 1.500 dólares  por habitante. ¿Por qué se sigue endeudando el Estado? Sencillamente porque no puede pagar sus obligaciones con los ingresos corrientes. Al igual que los costarricenses, el Estado gasta más que lo  que ingresa.  La paradoja es muy evidente. El Estado y los socios financieros quieren educar a la gente para que no se endeude más allá de sus posibilidades. La gente mira el endeudamiento abusivo y el crecimiento de la deuda del Estado y entonces no le cree a sus líderes, porque no hay ejemplo,  pues hacen prácticamente lo mismo que dicen que no debe hacerse.  Muchos costarricenses piensan que los primeros que debería recibir educación financiera son los dirigentes políticos y los gobernantes. La deuda que tiene el país es tan preocupante como la que pesa sobre la población.
  2. El Gobierno insta e insiste, lo cual está bien, a los costarricenses y a las empresas que paguen el seguro social y estén al día. Sin embargo el moroso por tradición más grande que tiene el país con la CCSS es siempre el Gobierno. Al 31 de diciembre del 2019, el Estado debía a la CCSS 1.455, 139,534 millones de colones (1,45 billones), de los cuales 1,20 billones es en seguro de salud,  y el resto en seguro de pensiones. Contradicción enorme. Los ciudadanos y empresas tiene que pagar porque lo manda  la ley, y si no le cierran el negocio y se abren procesos judiciales,  y el  Poder Público, es decir el Estado,  no paga aunque exista la ley y los ciudadanos ya no pueden ni protestar para exigir que el Estado esté al día.  La ley no se aplica al Estado de la misma manera que a los habitantes. La Presidencia no se puede cerrar. El Estado abona cuando quiera, y además con papeles y bonos. Su morosidad no implica castigo. Otra vez, pésimo ejemplo, y paradoja de injusticia. La conducta del Estado por medio de sus gobernantes  se resumen en: “Hagan lo que yo digo, no lo que yo hago”.  El Estado de Derecho en este caso,  no aplica para el Poder Público,  del mismo modo que para la ciudadanía,  ni para los que producen riqueza.
  3. El Gobierno ha impulsado en su discurso una política de des carbonización, que se divulga a nivel internacional. Sin duda muy buen propósito, y celebramos con alegría ese compromiso con el planeta, y con el ideario del acuerdo de Paris entre otros. Pero internamente asoma otra paradoja. La evolución del consumo de petróleo que señalan los estudios del Estado de la Nación, en particular el del 2017, y los mismos datos de Recope indican,  que  el consumo de petróleo  ( año 2016)  6,4 % y de sus derivados va en pleno aumento, incluso muy por encima del consumo mundial que para ese año fue de 1.7%. La energía importada crece más rápido que el consumo de electricidad, que a pesar de ser nacional, es más cara que la que se importa. Consumimos más petróleo que antes y somos más dependientes de él, pues por ejemplo en el 2018, el consumo de los derivados de petróleo, incluyendo el LPG representaron un 64,5%  mientras en el 2017 fue un 63,5%. Su consumo crece y  el consumo de las energías renovables disminuyen. Es una realidad, ahí están  las cifras. Estamos petrolizados y seguimos petrolizándonos,  ya que en el conjunto estamos disminuyendo la participación de las energías renovables. Usando más petróleo,  que por cierto se produce, se refina y se importa del exterior,  nos estamos carbonizando porque su consecuencia es conocida;  emitimos más gases  de efecto invernadero. La paradoja es de nuevo evidente, vendemos y publicitamos  des-carbonización, pero por dentro nos estamos carbonizando. Sería importante un gran debate nacional sobre esta contradicción que muestra por un lado,  una aspiración noble en defensa del planeta, pero por otro lado evidencia una realidad presente y cruda, de un país atrapado en la carbonización.
  4. Los Gobiernos llevan años pregonando acciones para reducir la tramitología, pero ésta aumenta constantemente. El país con muy buena intención, hace rato promulgó la ley 8220 que pretendía reducir el exceso de requisitos y trámites administrativos. El 19 de junio del 2019, el Señor Presidente don Carlos Alvarado, con la presencia de representantes de las Cámaras, en especial de la UCAEP, hizo un decreto de moratoria regulatoria de trámites y requisitos hasta mayo del 2022. El objetivo era evitar la creación de nuevos trámites, requisitos y procedimientos para obtener licencias, permisos, autorizaciones, hasta mayo del 2022. Sin embargo la tramitología sigue creciendo, al punto que de nuevo los sectores empresariales y la misma población  siguen lamentándose de ella, porque no se percibe  una mejoría. Importante a pesar de que se ha invertido mucho en tecnología.  Al contrario, para mencionar solo un caso, el  último de los ejemplos; el 12 de febrero próximo entra a regir un nuevo trámite, me refiero a  la reforma aprobada en noviembre del 2019, vía decreto del reglamento del INVU, en el cual se aumentan nuevos requisitos, y costos para visados de planos, fraccionamientos y segregaciones, convirtiendo al INVU en un centro de tramitología y recaudador, , que probablemente va a generar más dificultades a los sectores constructivos.
  5. Por último el Gobierno insiste y ensaya una y otra vez medidas para reactivar la economía, y claro todos queremos reactivación. La paradoja es que las iniciativas chocan contra pared, porque el mismo Estado se dispara en el pie. No puede caminar la reactivación, si nuestra Banca es esencialmente de consumo, si se siguen creando impuestos disfrazados, si las tasas para financiarse  son muy altas, si la carga tributaria  para producir va por un 25 % del PIB, si el exceso de  trámites se mantienen y se aumentan, si después del cementazo los funcionarios y ejecutivos no resuelven nada, si la infraestructura sigue siendo deficitaria,  si falta un verdadero apoyo en especial para la pequeña  y mediana empresa,  si se reducen los márgenes de libertad para producir con alegría.   Las buenas intenciones del  Gobierno y de muchos sectores tienen una paradoja. La  otra cara de la realidad que es muy opuesta al mero discurso.  Hacemos mucho en favor de  la no reactivación. El Estado no está realmente reactivando la economía, porque está manteniendo un saco lleno de obstáculos para que aquella no se reactive. En fin,  somos expertos en negarnos. Queremos ir para adelante, pero siempre trabados.  Nuestros gobiernos predican lo que debe hacerse para que no se haga.

 

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