Walter Coto: Una contribución para el debate

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Walter Coto Molina, Abogado (Dr.).

Este artículo forma parte del libro «Organizar el país de manera diferente, hacia una nueva Constitución Política«, de mi autoría, el cual quiero compartir con ustedes mediante la publicación de capítulos de forma independiente.

La tarea hay que tenerla clara. No se trata de una mera reforma del Estado, ni de agregar parches a la Constitución actual. Ni de hacer paquetes de impuestos en vez de una reforma fiscal estructural. No se trata solo de resolver lo urgente, sino lo realmente importante. Se requiere mucho más que eso, es algo más integral. Hay que establecer un nuevo marco de pensamiento, una sintonía con los nuevos tiempos, un replanteamiento de la organización de la Administración y del Poder que funcione eficientemente y que sirva para entender y atender los nuevos problemas que presenta la sociedad. Hay que pensar holísticamente en la solución de los problemas del país. Es muy difícil construir el país con la maraña y el fraccionamiento institucional que tenemos, la cual alegre e irresponsablemente seguimos incrementando. Es muy complicado retomar la grandeza del país con visiones de pulpería. Las dirigencias políticas tienen una carencia de creatividad asombrosa. En nuestro país solo se está fabricando más de lo mismo, y cuando aparece en el horizonte alguna innovación, muchos la desprecian por temores y egoísmos. El desafío es muy grande pero muy hermoso. Se trata de ver el país del tamaño del mundo. Es el reto de generar en cabeza propia una visión de sociedad mejor organizada y que sea buena para todos. Se trata de construir una arquitectura para un mundo que ha roto paradigmas.

La propuesta que presento es una mera contribución para el debate. Eso debe quedar bien claro, pues no soy nada más que un costarricense como muchos otros, preocupado por su país. Este proyecto no tiene la intención que sea la Constitución que el país debe aprobar. Dios me libre de semejante pretensión y prepotencia intelectual. Nada de mesianismos, que por lo demás detesto. Es tan solo humildemente un trabajo con contenidos para debatir. Incluso hay aspectos de la organización del Estado que deben ser profundamente analizados. Aún no veo claro cómo solucionar, por ejemplo, el tema de los controles. Este documento es tan solo un borrador que pudiera servir, entre otros insumos de otros ciudadanos, para la discusión y hasta para el debate en una Asamblea Constituyente. Está escrito no solo con el cerebro, sino también con el corazón, porque me duele el desorden que vive el país y hasta el espíritu de crítica mayormente destructiva que anima a muchos costarricenses. Las palabras también se escriben y se pronuncian con el corazón.

Es importante decir que esta propuesta no es para cambiar el sistema democrático. Es para profundizarlo. Yo creo profundamente en la democracia organizada y no en la democracia desorganizada. Todos debemos participar, y los mecanismos de esa participación tienen que estar al alcance del ciudadano, canalizados y estar bien regulados. Se trata de diseñar una nueva herramienta para que funcione mejor el país, y para que las políticas públicas se ejecuten en beneficio de toda la población. La propuesta de crear una Nueva Constitución solo tiene sentido si sirve para promover y facilitar el desarrollo, y no para que sea un obstáculo. Tiene sentido si es para mejorar. La tecnología, por ejemplo, ha cambiado la lógica de la toma de las decisiones políticas, y quienes lean este trabajo deben reflexionar sobre cómo tratar este aspecto si hubiese una Constituyente. Es asombrosa la capacidad de encuadramiento flexible que habremos de prever para todas las innovaciones científicas y tecnológicas que tendremos en el porvenir. Igual para las nuevas realidades y necesidades que vendrán en el futuro cercano. Es preciso restablecer la eficacia y eficiencia del sistema político y administrativo para satisfacer las demandas del pueblo, y para que las cosas se hagan; pero al mismo tiempo, es indispensable recuperar la legitimidad que se encuentra seriamente disminuida. Ambas cosas están entrelazadas. Para lograrlo el Estado tiene que estar más cerca de la gente y la gente más cerca de lo público, y la sociedad más cerca de la tecnología y de la ciencia, y ésta más cerca de la humanidad. La sociedad tiene que estar más cerca de lo público, para que lo corruptos que se sirven de lo público, no hipotequen el destino de los habitantes. Hay que fomentar una cultura seria de control ciudadano.

Nuestras instituciones tienen que profundizar la democracia por medio del Estado de Derecho de modo ordenado, manteniendo y vigorizando los derechos individuales, sociales y ambientales que contiene la Constitución actual, complementándolos con otros que surgen de las nuevas necesidades sociales y humanas. Tan importantes son los cambios que hay que hacer, como las normas que debemos preservar. Los cambios deben ser de forma equilibrada, para no terminar en el caos. En ese orden de ideas, una nueva Constitución debe servir para preservar todas las conquistas y ensancharlas con nuevos derechos y tendencias, acordes con la evolución de la sociedad y la búsqueda del bienestar de las personas. Nunca debe olvidarse que la teleología de los cambios sociales y políticos debe ser para agregar espacios, al ideal de propiciar condiciones para que la gente vida feliz en una sociedad verdaderamente humanizada.

La democracia seguirá siendo la mejor fórmula de gobierno existente solo si es capaz de demostrar eficiencia en la satisfacción de las necesidades de la gente.

En el mundo nunca habíamos tenido tantas naciones democráticas; sin embargo, hay mucha desafección y desconfianza frente a la democracia representativa, fenómeno que también salpica nuestro país.

El malestar incubado en la ciudadanía costarricense deriva de las grandes desigualdades sociales, de la crisis del Estado y de lo Público, de la desnaturalización del poder, de la corrupción nefasta de algunos políticos, del tráfico de influencias que crea categorías de ciudadanos, de las dificultades de relación entre los partidos y la sociedad, del sometimiento de la actividad política a los poderes fácticos, sean estos mediáticos, económicos o financieros, de la sumisión de los gobiernos a las decisiones de organizaciones supra-nacionales no muy democráticas, de la confrontación estéril entre las dirigencias políticas, de la falta de comprensión de la época que vivimos, de la falta de responsabilidad política de las dirigencias, y de la ausencia de mecanismos efectivos para sacar del poder y de la función pública, a quienes traicionan los intereses de la comunidad .

Así podrían agregarse muchas otras causas. Actualmente, la democracia se ha distanciado de los modelos que la auspiciaron, como la revolución británica, la estadounidense y la francesa. Sabemos que en la globalización se toman cada vez menos decisiones importantes dentro del ámbito de los Estados nacionales; esa es una realidad. Un tema de abordaje fundamental es el de los Tratados de Libre Comercio en el nuevo diseño Constitucional. Esos tratados deben servir para abrir el país hacia el comercio internacional, pero no para que desde el exterior nos impongan las instituciones y el país que no queremos. Los únicos que tenemos el derecho y la obligación de darnos las instituciones que queremos y de construir las normas que nos regulen como sociedad somos nosotros mismos.

Es cierto que el elector está pasando de ser un ciudadano que hay que convencer, a un consumidor que hay que seducir y que la transformación cultural ha empujado la vida política a la tele-video-política, a las meras imágenes, y a las redes sociales, entre otras cosas. Pero los tratados comerciales, la tecnología, la ciencia, la video-política, las redes sociales, son nada más que herramientas, que inteligentemente debemos aprovechar para construir la casa que queremos. Hay que abrirse al mundo y mantener una apertura flexible y constante, pero jamás hay que entregar el diseño de nuestras instituciones y normas a fuerzas económicas y políticas –del signo que sean- que estén alejadas de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestros valores. Evidentemente, en nuestro país hay también un desencuentro entre ciertas instituciones políticas y los ciudadanos que conviene atender oportunamente.

La ciudadanía se ha resentido porque no se siente representada ni participante, y mucho menos gobernante, porque las instituciones no cumplen las expectativas con resultados concretos -insisto, concretos-. A menudo se siente estafada por la sustitución que se hace, ya en el ejercicio del poder de los compromisos adquiridos en campaña y de las promesas vacías e irresponsables. Hay estudios en Costa Rica que indican que los partidos, los dirigentes y el mismo sistema democrático han perdido legitimidad y que al menos un 70% de la ciudadanía quiere cambios en la democracia por la vía pacífica. (Encuesta del CIEP, Universidad de Costa Rica, 5 de marzo del 2017) Hay que construir una democracia de ciudadanos que funcione. El nuevo andamiaje político debe estar en razón de ello. Hay que democratizar la democracia en el marco de una nueva organización del Estado. Es necesario trascender la democracia representativa y migrar hacia una más participativa y parlamentaria pero ordenada, en la que la eficacia y la eficiencia se expresen como regla en el quehacer de las instituciones.

En la sociedad contemporánea, si las cosas no funcionan no sirven y se desechan. En la democracia las cosas funcionan cuando el ciudadano goza de libertad para crear riqueza, para controlar el Poder, para superar su condición física, material y espiritual, y para que las instituciones le brinden con oportunidad y calidad y al menor costo posible los servicios que requiere. Hay que hacer un esfuerzo para dar identidad al país y recuperar todas las costumbres, hábitos y conductas que en el pasado nos hicieron una nación ejemplar. Hay que tener visión nuevamente, porque está probado que cuando tuvimos visión, tomamos decisiones maravillosas y las aportamos incluso al destino de la humanidad.

Eliminar el ejército, electrificar el país, crear las reservas y parques naturales, aportar a la paz en Centroamérica, nuestras conquistas sociales, son solo algunos ejemplos del potencial que tenemos para abrir nuevos horizontes.

Para cambiar la situación expuesta no hay que tener miedo de transformar la estructura organizativa del Estado, aunque se trate de algo delicado. Nadie ha demostrado en la realidad, cuándo será el momento apropiado para hacer las reformas integrales de fondo. Las transformaciones hay que hacerlas cuando se necesitan, y creo que ésta es la hora. Es cierto que la mediocridad campea en las dirigencias políticas, salvo honrosas excepciones, pero ese problema va para rato.

Ahora cualquiera puede ser Presidente del país, incluso sin haber administrado antes una pulpería. Ante tal verdad, los grandes talentos de mujeres y hombres visionarios deben unirse sin mezquindades para trabajar una propuesta de fondo para dar a Costa Rica un nuevo Estado que funcione, en vez de seguir en confrontaciones de campanario. O nos reconstruimos o nos hundimos. O nos unimos o perecemos. Participar con dedicación en el diseño de la nueva arquitectura de la nación, es un papel mucho más importante que ser Presidente de la República, pues la verdad es que hace rato nuestros gobernantes entran y salen sin pena ni gloria, y con índices de desaprobación que entristecen.

Hay muchos aspectos en los cuales los ciudadanos podemos contribuir. En mi opinión es necesario empezar por lo local, por cuanto es un espacio en el que podemos construir con más libertad, legitimidad y eficacia nuestra convivencia. En Costa Rica tenemos un andamiaje legislativo e institucional cargado y pesado, muy centralizado, verticalizado y mesetero. Por ejemplo, la población de Francia es de 66 millones de habitantes y se administra con 16 Ministerios; en Costa Rica, donde contamos con 4, 5 millones tenemos entre 18 y 23 ministerios según los gobiernos de turno. A estos hay que agregar 335 entidades públicas y unos 45 programas de lucha contra la pobreza. Es una carga muy pesada para la población y para el Estado aún en el supuesto, que se aumente mucho más la carga tributaria. Mantener ese aparato tan voluminoso, por ejemplo, de juntas directivas, de burocracia, de órganos, de jefaturas y demás es muy complicado. Eso es un desorden estúpidamente organizado. Por supuesto que los problemas que vive el país no son solo un asunto constitucional. Si eso fuese así sería relativamente fácil solucionarlo. No soy tan inocente para creer que una Nueva Constitución sea la panacea. No obstante, una nueva organización del poder y de la administración puede contribuir notablemente a atender el difícil problema político administrativo que vive la Nación.

Una nueva Constitución para la nueva realidad puede servir también para la formación de una nueva cultura política, una manera distinta de hacer las cosas en el Estado y en el país en general. Hace falta un nuevo espíritu colectivo, una nueva visión política, que extirpe la desconfianza, la modorra y la anemia nacional, y dé cabida a la esperanza y a la fe de todo el pueblo. El intangible cultural y emocional que puede generarse a partir de una nueva Constitución es un valor agregado sobre el que muy pocos reflexionan. Podría ser el inicio de una nueva etapa nacional, el origen de una nueva esperanza. Desde hace muchos años como dije antes, diferentes políticos vienen hablando de la conveniencia de convocar una nueva Asamblea Nacional Constituyente. No solo lo han dicho, sino que incluso se han atrevido a presentar más de diez iniciativas. Todos esos proyectos de ley de convocatoria han fracasado por diversas razones. La principal ha sido que siempre hay temores. Se ha optado más bien por reformas parciales, para ir “mejorando”, pero el resultado parece ser que en muchos campos hemos desmejorado.

Nos hemos habituado a los remiendos, como en muchas cosas. Remendamos las calles, remendamos el Estado. Tenemos también una gran presa mental, y así como hacemos fila en todos lados, en la CCSS y en las carreteras, hacemos fila cerebral de querer ir a poquitos por aquí y por allá con reformas parciales que viene desarticulando la integralidad y la unidad de la Constitución. Los técnicos quizás pueden formular cambios parciales, pero una reforma general de la Constitución es un asunto político, pues se requiere visión política, integralidad, unicidad. Desde 1949 hasta el 2016, la Constitución vigente se ha reformado casi en un tercio, es decir en 62 artículos, enmiendas que han impactado 93 artículos. Actualmente hay más de 59 proyectos de reforma constitucional, todo lo cual nos indica que por la vía parcial se está reformando la Constitución de manera general, pero sin ninguna visión política integral. Las mismas filas de carros en las calles, es la fila de 59 proyectos de reformas parciales a la Constitución vigente. Pareciera, cuando uno ve tantas reformas y proyectos de reformas en curso, que hay insatisfacción con el marco constitucional que tenemos, de ahí el número de reformas, sin embargo, como es usual en el país, hacemos que el tiempo y los problemas sigan su curso sin procurar una reforma realmente estructural del Estado.

Por muchos años diversas personas han manifestado que no existe ninguna propuesta base para la discusión y que ir a una Constituyente sin un texto base es dar un cheque en blanco. En respuesta a ello fue que en el año 2000 me permití preparar esta propuesta que más adelante actualicé. Este texto fue el primero, después de 1949, tendiente a ofrecer un traje político nuevo para Costa Rica. No obstante, hay otros, el más reciente escrito por el Dr. Alex Solís Fallas en el 2016, acompañado de un libro sobre el tema de la Constituyente.

El tema es entonces esencialmente político. Por tanto, es en primer lugar una responsabilidad de los políticos y de la ciudadanía. Eso es fundamental que se entienda así. No es exclusivamente un tema técnico del campo del derecho constitucional. Ni tampoco exclusivo de los partidos políticos. La asesoría de los expertos en Derecho Público y Constitucional, entre otros, es muy importante, pero la arquitectura y el diseño de una Constitución es un asunto absolutamente político, que requiere además una participación de la ciudadanía activa. Es finalmente como debe ser, una norma generada por la sociedad y aprobada por el pueblo. Una nueva Constitución debe ser el resultado de la apropiación por la ciudadanía de un proceso constructivo destinado a parir la nueva norma fundamental.

La participación activa y valiente de la ciudadanía en todas las etapas del proceso es fundamental. De esa manera se evita que la Constitución que se haga sea hecha como traje a la medida para la clase política. Hay quienes tienen temor a una Constituyente porque en el marco jurídico electoral que tenemos, serán los partidos políticos los que propondrán los diputados constituyentes. Esa misma inquietud es la que tendríamos cada cuatro años frente a los diputados que se eligen por medio de los partidos para la Asamblea Legislativa. El argumento implicaría que entonces el temor de que los partidos no propongan a los mejores, debería llevarnos a que tampoco elijamos e integremos el Congreso de la República. Debemos entender que la democracia representativa garantiza que salgan representantes, pero nunca puede garantizar la calidad de los mismos. En la prensa también hay periodistas muy buenos y muy malos, y en las empresas hay trabajadores excelentes y otros no tanto. En la política igualmente. Así las cosas, la ciudadanía activa debería vigilar y exigir mediante diversos métodos, que a una Constituyente vayan los mejores hombres y mujeres del país. Quizás sea en la Constituyente donde se rompa el monopolio existente de los partidos políticos para llegar al poder.

Muchos costarricenses preparados y honestos no pueden ser diputados, ni Presidente, ni Alcaldes porque no forman parte de los partidos y solo por medio de los partidos se pueden postular. Ese monopolio yo lo cuestioné en un recurso de inconstitucionalidad que presenté a la Sala IV hace varios años, porque a mi juicio viola el derecho humano de elegir y ser electo, pero la Sala declaró sin lugar por mayoría el recurso. En países como México ya ese monopolio se rompió, y para las elecciones del 2018 ya se habían postulado más de trescientos ciudadanos independientes para diferentes cargos federales y estatales, incluso una mujer para Presidenta de la República. Finalmente hay quienes tienen el temor que una Constituyente que es poder originario, pueda acabar con garantías sociales y derechos fundamentales conquistados por nuestra sociedad y que están inscritos en la Constitución vigente. Hay incluso algunos que les da temor que se consulte al pueblo directamente acerca de la decisión de convocar o no a una Asamblea Constituyente. Dicen que el entorno es autocrático. Esa preocupación desconoce el ADN de equilibrios que tiene la sociedad costarricense. Un constituyente que quiera acabar con nuestras conquistas sociales, o con los derechos y libertades individuales difícilmente tendrá aprobación, porque los costarricenses se distancian de los extremos sean de derecha o de izquierda. Pero aquel constituyente que levante su voz y proponga acabar con abusos indebidos y conocidos, por ejemplo, en materia de pensiones, sí creo que tendría el apoyo de la sociedad. Igualmente tendría apoyo las normas que sean ejemplarizantes para sancionar el tráfico de influencias, el cual crea ciudadanos de primera, de segunda y hasta de quinta categoría. En fin, temores siempre habrá, y la vida en democracia exige que quienes los expresen sean respetados, y eventualmente combatidos con argumentaciones serias.

Entrego esta idea de Constitución a los costarricenses de todas las vertientes políticas y sociales y en especial a los independientes que solo defienden el país. Es una propuesta actualizada muy cercana a la que presenté a la Presidenta de la Asamblea Legislativa, doña Rina Contreras, hace más de 17 años, cuando ya veía los nubarrones de la pérdida de eficiencia y legitimidad de nuestra institucionalidad. Es una propuesta que asegura la garantía de derechos, que garantiza la separación de poderes en un régimen de colaboración, que resguarda las libertades económicas, de empresa y comercio con responsabilidad, como debe ser en nuestra sociedad, que procura socializar los poderes públicos, que pone énfasis en un parlamentarismo racionalizado, con el objetivo de superar problemas que ha mostrado el presidencialismo, que cambia el centralismo por la distribución del poder, pues estoy convencido que es en las comunidades locales donde debemos potenciar el desarrollo nacional. Es una propuesta que exige responsabilidad política de las dirigencias y que por tanto combate el flagelo de la corrupción.

Los municipios y las organizaciones comunales son fundamentales en esta nueva visión de organización del poder. Insisto que es simplemente una propuesta: estoy seguro que de todos modos, mañana o después de mañana, la discusión y formulación de una nueva Constitución será insoslayable. A esta iniciativa le llegará su hora. Me atrevo a decir que muchos de los que se oponen hoy a convocar una Constituyente estarán a favor mañana. He leído a intelectuales que antes se oponían, mostrando luego toda una argumentación en favor de cambiar el presidencialismo por el parlamentarismo, lo cual requiere Constituyente conforme a los votos de la Sala IV, que indican que, los cambios sustanciales de la organización política, no los puede hacer el Congreso de la República, sino el constituyente originario. La razón es muy sencilla: es impresionante el nivel de frustración que presenta la ciudadanía, y la disfuncionalidad que tiene nuestro aparato público; los cambios no se materializan, las promesas no se cumplen, la pobreza no se reduce, la desigualdad se ensancha, el hacinamiento, las presas y la inseguridad crecen, la corrupción campea, las cosas no caminan.

Todo está atorado. El modelo actual hizo aguas. En Costa Rica construir un paso a desnivel de 400 metros lleva tres años y arreglar un puente como el “de la platina” consume tres gobiernos seguidos y más de 10 millones de dólares. La mediocridad campea por los poderes del Estado y la ciudadanía se desalienta y hasta cuestiona la viabilidad del sistema político, como se demuestra todos los años en el Informe del Estado de la Nación. Mi tesis es que ante esta problemática no basta con cambiar de presidentes de la República, hay que organizarse de modo distinto. Hay que hacer reformas estructurales, proponer y no solo criticar, construir y no solo dividir y, por supuesto, superar los temores y en especial los egos políticos. Estos últimos son definitivamente culpables de que en muchos casos fracasen las asociaciones productivas de diverso tipo para mejorar el país.

Confieso que en el horizonte veo grandes complicaciones si no logramos edificar una estructura político- administrativa apropiada para la nueva época, la cual genere un nuevo pensamiento, que sirva para los desafíos tecnológicos, económicos, sociales, ambientales, comerciales, culturales y de seguridad que ya se están presentando.

La Constitución actual acusa serias deficiencias en el aparato estatal, particularmente en la organización, integración y funcionamiento de los poderes, y de sus relaciones entre sí y con la sociedad. El paradigma de la organización del poder con que se edificó la Constitución vigente está ya superado. Por tanto, debemos construir un nuevo Estado. Una nueva legalidad para una nueva realidad. Esto es más profundo que los meros entendimientos partidarios para resolver ciertos problemas apremiantes.

Este proyecto evidencia mi concepción sobre la organización del poder y sus contrapesos. Se trata de una visión política. Seguro que hay muchos buenos costarricenses que tienen otra. La idea es que sirva para compartir y debatir. La propuesta es que el Estado costarricense debe organizarse de modo distinto para ser eficiente y más democrático.

Fundamentalmente se debe revertir el centralismo a favor de un empoderamiento de lo local, y por otra parte dar lugar al parlamentarismo. El contenido del proyecto se expresa sin cálculos de ninguna especie. Es tan solo lo que pienso sobre la realidad nacional, sobre las instituciones y las fórmulas que en mi opinión se requieren para avanzar. Soy consciente que este texto puede y debe generar polémica entre los diversos sectores nacionales. Ojalá así sea. No está construido para complacer a nadie; es tan solo un insumo que técnica y políticamente puede y debe ser mejorado o sustituido en parte o todo. Como ya se indicó, se trata de una contribución para romper la monotonía de seguir oteando una nueva Constitución sin ofrecer un texto concreto. Fue escrita en el año 2000 para tratar de construir juntos un nuevo punto de partida constitucional integral, como parte de la reconstrucción que requiere el país. Es importante por eso, solicitar la vía de referéndum para que el país se pronuncie sobre asunto tan medular. Algunos creen que las reformas parciales son suficientes, y hasta le dan poderes cuasi-mágicos a la reforma del reglamento parlamentario para superar los problemas que padecemos.

Hay ideas establecidas en el articulado de esta propuesta que coinciden, por ejemplo, con proyectos recientes como la reducción de Ministerios y muchas otras sugeridas en el 2013 por la Comisión de Notables. Pero el país requiere una reconstrucción integral no parcial. Esa actitud de remendones es insuficiente.


Walter Coto Molina
Es Abogado, catedrático, ha sido Secretario General del PLN así como Diputado y Presidente de la Asamblea Legislativa y aspirante a la Presidencia de la República.

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