Walter Coto: Vectores políticos para  la pandemia económica

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Walter Coto Molina, Abogado (Dr.).

El Gobierno y las Instituciones están haciendo el mejor trabajo posible para atender la pandemia sanitaria, que obviamente es prioritaria. Paralelamente y como una de sus consecuencias tenemos ya  la pandemia económica. Si ésta se atiende bien, quizás mitiguemos la pandemia social que se está gestando, y con ella podremos evitar una pandemia política que no se puede descartar al final del camino. Hay un esfuerzo tesonero de la CCSS, del Ministerio de Salud, de la CNE, y de otras instituciones por enfrentar el problema con mucho ímpetu.

Me conmueve además la dedicación y vocación de aquellos médicos, enfermeras y personal de la salud pública que se encuentran en primera fila de batalla. Todos hacen un enorme trabajo solidario. Por otra parte,  y a pesar que es imposible pretender unanimidad en una democracia, poco a poco, el nivel de educación de nuestro pueblo, se va mostrando, y los habitantes están interiorizando y  acatando cada vez más,  las recomendaciones e instrucciones sanitarias. Igualmente el Gobierno de la República y la Asamblea Legislativa con la mejor de las intenciones,   han estado ya  tomado decisiones en el terreno económico y laboral.  Es justamente sobre éstas medidas que con ánimo constructivo,  deseo expresar algunas ideas,  que no son de carácter técnico económico, sino más de objetivos  políticos.

Primero: Las medidas de mitigación o de salvamento económico sin discusión deben prioritariamente atender las  personas y empresas más vulnerables de la sociedad, pymes y mi-pymes y trabajadores independientes que de por sí, representan una porción muy grande en la economía nacional.  Se trata de ayudar  sin duda, a quienes ven reducidos severamente  sus  ingresos,  porque además no cuentan con ahorros bancarios, ni tienen inversiones en bolsa, ni nada que se parezca. Hay otros  sectores empresariales físicos o jurídicos que generalmente mantienen reservas y ahorros. Para ellos  es más fácil  sortear las dificultades con mayor solvencia económica y financiera.  Esta visión de las cosas, no es desigualdad de trato para nadie, es tan solo sentido común, solidaridad,  justicia y responsabilidad política.  Los que más van a sufrir necesitan más ayuda. Así de simple. Esa debe ser la decisión política fundamental.

Segundo: Las medidas económicas no deben sobre-cargar a los potenciales beneficiarios  de arreglos de pago sobre sus espaldas en el corto plazo, porque cuando deban volver a la normalidad no tendrán todos los recursos para esa normalidad, y menos para cumplir con los arreglos  negociados con las instituciones. Si Pedro negocia con el Banco,  y éste le autoriza no pagar por tres meses la deuda,  acumulando la cuota de esos meses, si la municipalidad le permite no cancelar las patentes durante tres meses a condición de que pague después, si no paga la mitad de la electricidad ni el agua de su pequeño negocio bajo el compromiso de pagar luego, si no paga los impuestos ahora a condición de pagar a Hacienda  en diciembre cuando hay que hacer mil pagos, si tampoco paga la CCSS porque logra hacer un arreglo de pago por tres meses,  entonces Pedro queda económicamente aplastado y  con un peso de deudas,   que le impedirá cancelar posteriormente sus obligaciones. Es indudable que después de un evento como éste,  los negocios necesitarán plazos  mayores para volver a la normalidad.

Es importante reconsiderar muchas de las medidas acordadas desde  las curules y  escritorios. Algunas de ellas, cargadas de buenas intenciones, pero que  simplemente   tiran la bola hacia adelante, como es usual en un país proclive  a actuar  de modo reactivo y cortoplacista. Se debe recordar que la vorágine llegó cuando la economía estaba haciendo aguas en los pequeños y medianos empresarios, y en los hogares y trabajadores, muchos de ellos desempleados. O sea que tras de cuernos palos.

Tercero: Sobre las medidas que debe implementar el sector financiero es absolutamente necesario que el Gobierno- no la Sugef –  establezca una comisión de seguimiento  que garantice que se cumpla lo establecido  en las leyes y en las directrices de Gobierno en tiempos oportunos. Veamos dos ejemplos. El 31  de mayo del año pasado el Banco Central acordó reducir la tasa de encaje mínimo legal del 15% al 12%, decisión que se publicitó como histórica, puesto que desde el 2002 no se reducía el encaje. La idea era liberar recursos de los Bancos, estimados en 381,000 millones de colones para que los Bancos prestaran para reactivar economía, y al reducirse los costos de captación de moneda nacional, obtener una caída en tasas de interés que beneficiara a la población. El resultado fue que los Bancos le prestaron a Hacienda prácticamente la totalidad de esos recursos liberados. Por otra parte recientemente el Banco Central bajó la tasa de política monetaria a un mínimo histórico de 1,25%. Lo ha hecho 8 veces en un período corto. Hace un año estaba en 5,25%, Uno de los objetivos de esa decisión es empujar  hacia abajo las tasas de interés que cobran los Bancos por sus créditos.

En USA las decisiones de la Reserva Federal son seguidas de inmediato por los Bancos. Aquí a la autoridad monetaria no le hacen caso, ni tampoco al Gobierno. Las tasas siguen siendo altas y las reducciones muy raquíticas. Si los programas de crédito usando Banca para el desarrollo, van a seguir con tasas del 13% para Pymes y Mypimes, como ocurre en algunos Bancos, entonces la ayuda será un sofisma. Los ciudadanos tienen derecho a que se verifique si los Bancos,   en una emergencia como ésta, de verdad están comprometidos con contribuir a la solución de los problemas de la economía. Es cierto que no se trata  tampoco de comprometer  financieramente su viabilidad,  pero sí,  que éstos tengan conciencia,  del contenido de cooperación y de la urgencia de otorgarla. No creo que el año 2020 sea un año para que los operadores financieros maximicen utilidades.

Cuarto: Parece acertado el anuncio del Gobierno de invertir más recursos en infraestructura pública, muchos de los cuales tienen financiamiento aprobado. Eso sin duda ayuda a reactivar la economía y a la generación de empleo. Pero como siempre ocurre en una economía como la nuestra, es al sector privado al que le corresponderá  levantar la bandera de la reactivación económica. Una idea que podría implementar el Gobierno y la Asamblea Legislativa desde ya,  es desatorar  en virtud de la emergencia,  todos los proyectos que hacen fila en Setena esperando aprobación de viabilidad ambiental para su inicio.

Debe haber decenas de proyectos, y cuando  están ahí,  generalmente es porque  tienen el financiamiento. Podría haber millones de dólares en inversión privada que valdría la pena quitarles el nudo,  como dice don Carlos Alvarado,  para que muy pronto se empiecen a ejecutar, buscando fórmulas que permitan que los requisitos fundamentales los vayan cumpliendo las empresas mediante protocolos de fiscalización. Hay que facilitar a la empresa privada que cumpla el enorme desafío de reconstruir la economía  a  la par del sector público. No solo hay que dar crédito y facilidades de pagos, hay que eliminar los obstáculos que tiene la empresa privada para crear riqueza.

Quinto: No obstante lo anterior,  se debe evitar que ciertos agentes de la economía que tienen mucho músculo, se aprovechen para socializar sus expectativas de  pérdidas, porque ello puede golpear aún más a  quienes con justicia  demandan a gritos colaboración del Estado, porque  realmente lo necesitan y,  porque el Estado tiene que seguir financiándose.    No parece el momento  para el  beneficio  inmoral de la crisis por parte de nadie.  Ese es el espacio fino,  en el que un Gobierno con sabiduría debe moverse,  cuando se trata de una situación tan acongojante como la que vivimos. Es fundamental que las autoridades no se dejen coaptar por intereses de ningún tipo que fortalezcan una sociedad cada vez más desigualitaria, la cual  no  conviene ni a los ricos ni a los pobres. Las ayudas derivadas de la crisis no deben depositarse,  en sectores que tienen por la naturaleza de sus negocios,  capacidades para atenderla con sus propios recursos.

No tener claro eso, puede empezar a gestar otro tipo de pandemia en el tejido social,  que no queremos. Han habido crisis en el mundo, en donde los programas de salvamento, en lugar de proteger a la gente que sufría,  y a los sectores que realmente lo necesitaban, terminaron  entregando amplísimos recursos a los grandes consorcios,  para que éstos siguieran pagando  beneficios inmensos a sus ejecutivos y socios,  que constituyeron  una vergüenza planetaria.  Los argumentos para ese proceder fueron técnicos,  pero la consecuencia fue seguir construyendo una sociedad  cada vez menos equilibrada y más  injusta. Esa fue una construcción  técnica  para la  pequeñez política.

En momentos como los que vive el país,  el objetivo y la  calidad de las decisiones políticas, es más importante que las  filigranas técnicas de la economía, cuya “ neutralidad “ esconden también apuestas políticas.

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