Walter Gutiérrez: La preocupante pasividad ante la pérdida de libertad

La pasividad con la que transitamos por el camino del estatismo debe combatirse con una mayor participación ciudadana, una reflexión seria sobre el perfil de gobernantes que necesitamos y un cambio de mentalidad respecto a la elección de estos.

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Walter Gutiérrez Picado.
La libertad es un principio tan abstracto que algunos de los más ilustres pensadores dedicaron toda su vida a intentar definirla y explicarla. Es curioso que algo así esté tan normalizado, al punto de que sea incuestionable que la libertad sea un derecho básico para cualquier ser humano. Y que, a raíz de ello, la normalización de la libertad haya dado pie para lo que hoy conocemos como las democracias liberales que caracterizan a buena parte de “occidente”.

Sin embargo, pese a que todos damos por sentado que la libertad de las personas es buena, necesaria y que violentarla es dañino, nos cuesta comprender los límites a las concesiones que los ciudadanos damos sobre ella para facilitar ciertos aspectos de la convivencia en sociedad.  En nuestro país, el límite de esas concesiones se ensancha cada vez más a vista y paciencia de la mayoría de ciudadanos.

¿Cómo se pierde la libertad frente al Estado?

Desde la tesis liberal del Estado, según Locke, este debe funcionar como un ente que asegure una serie de derechos esenciales, mediante un cuerpo normativo que le brinde facultades para hacer respetar dichos principios. Para ello, toda persona debe ser igual en derechos y obligaciones, es decir, ser tratados como iguales entre ciudadanos y ante la ley. Ese cuerpo normativo protege al individuo de la subjetividad humana del funcionario que ejerce el poder coercitivo del Estado. Estos principios rigen la mayoría de los Estados de Derecho del mundo, en sus respectivos matices.

Cuando el Estado excede las funciones que se le otorgaron con la idea de que este fuese un ente facilitador de la vida en sociedad, estamos a las puertas de perder nuestra libertad como ciudadanos. Y esto se materializa cuando no comprendemos que cada función que se le otorga al Estado es una concesión de nuestra libertad y no le damos la debida importancia al estudio de esas concesiones y sus repercusiones.

En ese sentido, en Costa Rica hemos acelerado el ritmo al que le damos poder al Estado en detrimento de la libertad del ciudadano. Durante el periodo de la segunda república el poder coercitivo de este, ejercido de forma arbitraria, se ha intensificado. Esto se refleja en el aumento de instituciones, regulaciones, prohibiciones y políticas sin sustento técnico que aducen buenas intenciones, pero terminan en desastres cuantiosos que asume el contribuyente.

El camino al autoritarismo se inicia en el estatismo.

A esa tendencia de otorgarle facultades al Estado y ampliar su margen de maniobra sobre las decisiones que deberían corresponderle al ciudadano, se le llama estatismo. En Costa Rica, este ha iniciado sobre lo económico y se ha extendido hacia otras vertientes más cercanas a las bases de la democracia liberal de nuestro país, como la libertad de prensa y la justicia.

La nacionalización de actividades económicas, las regulaciones sobre el uso de la propiedad, el clientelismo empresarial y la voracidad fiscal, son ejemplos de las prácticas estatistas más denunciadas y, paradójicamente, más ignoradas, debido a que se perciben como sesgos ideológicos. Sin embargo, no se tiene en cuenta que estas prácticas son el principio del camino hacia el autoritarismo.

Nuestro país avanza en esa dirección. Muestra de ello es que la magistrada de la sala I, Iris Rojas, propone intervenir teléfonos de periodistas para identificar fugas de información judicial el mismo día en que el ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, anuncia las intenciones del gobierno de introducir legislación que levante el secreto bancario para mejorar los sistemas de recaudación del ministerio. En pocas palabras, dos altos funcionarios públicos, en dos poderes de la república diferentes, proponen ampliar el margen de acción del poder coercitivo del Estado ante la incapacidad de la administración de resolver los problemas.

Si a esto le sumamos los intentos de varios gobiernos por introducir leyes de extinción de dominio que pretenden traerse abajo principios tan elementales para la justicia, la democracia y para el principio liberal de igualdad ante la ley, como son la presunción de inocencia y el debido proceso, es claro que nos dirigimos a un segundo tramo en el camino hacia el autoritarismo, con los ingredientes necesarios para consolidarlo. Hemos descuidado la libertad y se nota en la forma en la que nuestros gobernantes buscan solucionar los problemas.

Y a todo esto, los populistas se frotan las manos.

Cualquier populista de los que ya hemos ido viendo recientemente en la región latinoamericana y fuera de ella, se frotaría las manos con los poderes que, pareciera, estamos dispuestos a entregarle al Estado. Es necesario recordar que en el ambiente político nacional existe más de un populista con fuertes aspiraciones presidenciales que, sin disimulo, expresan sus intenciones de gobernar aspectos de la vida privada de los ciudadanos. Y otros hambrientos de poder para ejercerlo desde la fuerza.

Toda concesión de libertad hecha al Estado se pone a disposición de cualquier político, indistintamente de sus intenciones. La discrecionalidad que se le imprime a las políticas públicas y al poder estatal es un riesgo que va en contra de la libertad y el Estado de derecho. Y esta, a su vez, genera incertidumbre legal para los gobernados, quienes pierden confianza en el sistema democrático cuando son incapaces de ejercer sus derechos y son tratados de forma distinta, según el criterio de cada gobernante.

Costa Rica está urgida de que frenemos esta pérdida de libertad. Es falso que para lograr el progreso social debamos renunciar a ella. Urge dejar de lado la ceguera ideológica que nos impide ver el peligroso destino al que nos dirigimos. La pasividad con la que transitamos por el camino del estatismo debe combatirse con una mayor participación ciudadana, una reflexión seria sobre el perfil de gobernantes que necesitamos y un cambio de mentalidad respecto a la elección de estos.


Walter Gutiérrez es Bachiller en Administración Aduanera y Comercio Exterior y estudiante de Ciencias Políticas de la UCR. 

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