Walter Herrera, Economista.

Mediante la ley N°9635 de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas, se pretendía ayudar a las finanzas del gobierno costarricense con su déficit fiscal, que se genera porque los impuestos que cobra no le alcanzan para cubrir sus gastos por lo que recurre al endeudamiento.

Esta ley establece la regla fiscal, que es la limitación del crecimiento del gasto corriente, sujeto a una proporción del promedio del crecimiento del PIB nominal y a la relación de deuda del Gobierno central al PIB, como se puede notar los parámetros para la determinación de la limitación están relacionados únicamente con el presupuesto nacional, porque es a este al que se le debe regular el crecimiento por el alto déficit.

La ley establece que el ámbito de aplicación de la regla fiscal son los presupuestos de los entes y los órganos del sector público no financiero, deja de lado la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), únicamente a lo referente a los recursos del régimen de invalidez, vejez y muerte (IVM) y el régimen no contributivo que administra dicha institución, toda empresa pública que participe de forma directa en cualquier actividad al régimen de competencia, pero solo en lo relativo a dicha actividad. Además, a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) únicamente en lo que corresponde a la factura petrolera; lo que incluye a las municipalidades.

Como se ha indicado el déficit fiscal se debe únicamente al gobierno central que depende del presupuesto nacional donde sus ingresos provienen de los impuestos que pagamos todos y todas. Es importante resaltar que no es así en el resto del sector público donde sus ingresos dependen de la actividad que realizan, como es el caso de los gobiernos locales.

Para el desarrollo de nuestros cantones y de nuestro país, no se les debe aplicar la regla fiscal a los presupuestos municipales, porque estos no puedan disponer de sus recursos para atender las necesidades de sus comunidades atándoles las manos para brindarles calidad de vida a sus pobladores, además el limitar los presupuestos municipales no ayuda en nada al déficit del gobierno central ni a su problema de endeudamiento.

Cuando tenemos tasas de desempleo en el 4º trimestre del año 2019 de 12.4%, y estamos dentro de una pandemia donde según nos indica el Banco Central para el cierre del año 2020 tendremos un decrecimiento del PIB en un -3.6%, no parece lógico que se limite el gasto de las instituciones que no dependen el presupuesto nacional como son las municipalidades, cuando lo que se requiere es que el dinero llegue a las familias para que estas por medio del consumo reactiven la economía, porque hoy más que nunca se necesita el apoyo de las municipalidades para reactivar la economía en cada uno de sus cantones.

Me parece que debemos ser analíticos de la situación en la que estamos, la cual ya era mala y con el Covid-19 se empeoró. Debemos tomar decisiones fuertes y de trascendencia para el país, para incentivar el crecimiento económico que nos corresponde a todos y todas. No aplicar la regla fiscal a los gobiernos locales es de suma importancia para luchar contra el desempleo, el hambre, y la crisis económica en la que nos encontramos.

 


Walter Herrera.
Economista (Msc) y egresado del programa de Doctorado de Políticas Públicas de la UCR

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Por Walter Herrera

Economista (Msc) y egresado del programa de Doctorado de Políticas Públicas de la UCR. Maestría en Administración de Negocios y Licenciatura en Ingeniería Eléctrica. Temas: Economía, situación nacional e internacional, Costa Rica.