Willem H. Buiter, Anne Sibert: ¿Por qué castigar a las corporaciones por los delitos de sus empleados?

Castigar a las empresas por los delitos cometidos por sus empleados no es diferente al sacrificio ritual de objetos inanimados según el antiguo derecho consuetudinario inglés. Uno pensaría que después de tantos siglos, habríamos avanzado más en la administración racional de justicia.

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Willem H. Buiter y Anne Sibert

LONDRES – Según el derecho común inglés desde el siglo XI hasta 1846, un objeto inanimado o un animal que causara la muerte de una persona sería castigado, convirtiéndose en una suerte de “ofrenda de sacrificio” (“deodand”). Así, cuando William Swan cayó en un pozo y se ahogó en Wigston, Inglaterra, en 1397, el forense ordenó la destrucción del pozo. De la misma manera, los enseres que causaban la muerte de una persona eran ofrendados a Dios o a su representante en la Tierra, el monarca.
Esas ofrendas también se entregaban a las autoridades relevantes en la América colonial. Cuando George Bollington murió por caerse de un caballo en Virginia en 1664, el caballo fue sacrificado para el gobernador. Y como cuenta William Bradford en Of Plymouth Plantation, cuando el colono Thomas Granger fue ejecutado por bestialidad en 1642, los animales de la granja de los que había abusado fueron sacrificados junto con él.
Desde la perspectiva actual, parece absurdo castigar a objetos inanimados y animales por actos criminales sobre los cuales no tienen control. Sin embargo, ¿cómo se califica el reciente acuerdo de Goldman Sachs con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por el cual pagará una multa de 2.800 millones de dólares por su trabajo –incluida una colaboración en la malversación de miles de millones de dólares- con el corrupto fondo gubernamental malayo 1Malaysia Development Bhd (1MDB)? Si uno analiza la culpabilidad criminal como una cuestión que involucra a seres humanos individuales, parece extraño que una construcción legal inanimada –una corporación- pueda ser la culpable de cometer un delito.
A fines del siglo XVIII, el jurista británico Sir William Blackstone observó que “una corporación no puede cometer traición, o felonía, o cualquier otro crimen”. Sin embargo, a comienzos del siglo XX, se había llegado a responsabilizar a las empresas por fechorías criminales y civiles de sus empleados. Como esto no cambiaba el hecho de que una corporación no puede tener intención criminal ni asumir la carga de un castigo, implicaba que la pena recaería principalmente en los accionistas y los empleados. Este sufrimiento infligido a partes inocentes fue a propósito y no por accidente, como en casos donde la familia de un criminal sufre como resultado de su castigo.
Además de reconocer que las corporaciones modernas se han convertido en un objeto de sacrificio para castigar delitos, Albert Alschuler de la Facultad de Leyes de la Universidad de Chicago sostiene que las corporaciones también pueden ser vistas como un tipo de “compromiso franco” (“frankpledge”). En la Inglaterra anglosajona, un compromiso franco consistía en un conjunto de hombres que “en conjunto asumían la responsabilidad de encontrar a alguien en cualquiera de sus diez hogares que hubiera cometido un delito. Si el criminal escapaba, los diez miembros del grupo eran multados”.
Castigar a las corporaciones por el mal comportamiento de sus empleados podría ser visto como una variante de este mecanismo, en tanto que crea un incentivo para que empleados y accionistas monitoreen el comportamiento de los empleados. Pero un compromiso franco implica una compensación entre eficiencia y justicia. ¿Deberíamos verdaderamente castigar a grupos enteros por acciones criminales perpetradas por individuos? ¿Y deberíamos en verdad esperar que un régimen de esas características derive en un mayor control y responsabilidad, y no en una especie de peligro moral por el cual los miembros concluyen que bien podrían comportarse mal si de todas maneras podrían ser castigados? Si un empleado cree que puede ser citado a declarar, tal vez sea menos apto para registrar llamadas telefónicas y guardar correos electrónicos.
Es verdad, castigar indirectamente a los empleados que cometieron un delito multando a la corporación podría tener sentido en casos donde se dicta justicia de inmediato. Pero muchas veces, los individuos culpables ya desaparecieron hace rato cuando finalmente se impone un castigo. De la misma manera, exigir a empleados y accionistas que compensen por el daño causado por un delito que no cometieron, pero del que se beneficiaron, también podría tener sentido, pero sólo si la penalidad está relacionada de manera transparente con el beneficio percibido.
Algunos dirían que es razonable multar a una corporación porque un empleado individual que es responsable de un acto indebido es incapaz de hacer una restitución o no se lo puede obligar a hacerlo. Pero el hecho de que la parte culpable no pueda pagar no justifica obligar a otros a hacerlo en su lugar.
Al final de la crisis financiera que comenzó en 2008, las autoridades estadounidenses multaron a los bancos por un total de 243.000 millones de dólares, todos ellos castigos por delitos cometidos por empleados. Entre 2008 y 2018, sólo un alto banquero fue sentenciado en Estados Unidos por su participación en la crisis financiera. El hecho de que dos banqueros de Goldman Sachs hayan sido acusados en el caso de 1MDB es una excepción que confirma la regla. (Uno de ellos se ha declarado culpable y está aguardando una sentencia; el otro se ha declarado no culpable y está a la espera del juicio).
¿Por qué los responsables de las políticas y el sistema judicial prefieren imponer sanciones penales a construcciones legales abstractas en lugar de ir tras aquellos que en verdad cometieron los delitos? Una respuesta podría ser que esta estrategia les da a los reguladores más poder sobre las entidades que regulan. Otra es que los fiscales sólo inician causas que pueden ganar y claramente es más fácil ir tras toda la corporación que demostrar quién carga con la responsabilidad de qué fechoría. Probablemente, a los jueces también les resulte más fácil declarar culpables a entidades abstractas que condenar a una persona a prisión o a la pérdida de un sustento. Obviamente, se necesitan empleados corporativos para cometer delitos corporativos. Pero mientras ellos se confabulen, nadie va a parar a la cárcel.

 


Willem H. Buiter

Willem H. Buiter es profesor invitado de Asuntos Públicos e Internacionales en la Universidad de Columbia.

Anne Sibert

Anne Sibert es profesora de economía en Birkbeck, Universidad de Londres.

Copyright: Project Syndicate, 2019.
www.project-syndicate.org
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