William Hayden: El chavismo profundiza la crisis institucional nacional

Cada día es más frecuente escuchar, entre mi círculo de amistades, la queja de que nuestra política se está volviendo aburrida, rutinaria y cansada durante esta época del binomio presidencial Chaves-Fernández. Sin embargo, no comparto esa apreciación. Recordemos a Cicerón: «¿Aburrida la política? La política es la historia de la vida. ¿Qué otra esfera de la actividad humana saca lo más noble que hay en el alma de los hombres y, al mismo tiempo, lo más bajo? ¿Qué otra procura tantas emociones y expone con mayor vileza nuestras fuerzas y debilidades? ¿Aburrida? ¿Acaso la vida es aburrida?» Estas palabras fueron recogidas por Marco Tulio Tirón, su secretario, al escribir sus memorias.

Analicemos entonces la situación.

Lo verdaderamente cansado y preocupante es el bloqueo —o chantaje, como lo denomina el autor— que mantienen los diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano al negarse a aprobar las listas enviadas por la Corte Suprema de Justicia para la elección de los dieciocho magistrados suplentes. La única explicación que ofrecen es que «no los conocen». Esa actitud constituye una obstinación sin sentido que mantiene paralizado un proceso constitucional de enorme importancia.

Ese bloqueo, que el autor considera una forma de extorsión y coacción política, dibuja —como si hubiese salido del pincel de Francisco de Goya en Los Caprichos— un retrato de la condición humana de la presidenta Laura Fernández. Para el autor, emerge la imagen de una dirigente obstinada, acomplejada y ávida de poder, dotada de una gran capacidad demagógica, pero también de una preocupante ausencia de humanidad y de un marcado radicalismo. Confía en que esas características no le sean propias, sino heredadas de quien considera su mentor político, Rodrigo Chaves, en una etapa en la que, según afirma, aún no se ha producido el destete político.

La actitud de la presidenta, sostiene el autor, no tiene nada de noble. En su enfrentamiento con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre; con la magistrada y presidenta de la Sala Penal, Patricia Solano; con el director del OIJ, Michael Soto, y con el fiscal general, Carlos Díaz, los ha calificado de berrinchudos, dictadores y funcionarios que «ni pican leña ni prestan el hacha». Con anterioridad ya los había tratado de vagos e irresponsables, mientras que Rodrigo Chaves llegó incluso a calificar al presidente de la Corte como un criminal.

A ese enfrentamiento político se suma, según el autor, el recorte de recursos presupuestarios al Poder Judicial, con el propósito de inducir una quiebra técnica que termine afectando gravemente su funcionamiento. La confrontación pública entre Patricia Solano —a quien describe como educada, docta, valiente y respetuosa— y Laura Fernández —a quien califica de malcriada, altanera e irrespetuosa— ha llegado, en su criterio, a un punto de agotamiento para la opinión pública.

También considera que el Poder Judicial tiene razón al negarse a asistir a reuniones convocadas en Casa Presidencial. Laura Fernández, afirma, no es la jefa del Poder Judicial, aunque actúe como si lo fuera. A su juicio, el binomio presidencial continúa irrespetando el principio constitucional de la división de poderes.

Existen tres propuestas para superar este bloqueo institucional: una del constitucionalista Rubén Hernández, otra del exfiscal general Francisco Dall’Anese y una tercera del jurista Manrique Jiménez, que el autor considera debería ser adoptada de inmediato por la Corte Suprema de Justicia.

De no prosperar ninguna de ellas, plantea como reflexión una alternativa extrema. Se pregunta qué ocurriría si el Bloque Democrático de Oposición, con sus 26 diputados, decidiera paralizar el funcionamiento de la Asamblea Legislativa impidiendo alcanzar el quórum de 38 diputados necesario para sesionar. Reconoce que sería una medida drástica, pero estima que podría convertirse en un mecanismo para romper el bloqueo oficialista y obligar a negociar en beneficio del país.

Solo mediante el diálogo, la concordia, la negociación, el consenso y el respeto mutuo —afirma— será posible construir un buen gobierno. Lo contrario es seguir alimentando el escarnio, la descalificación, los insultos, las burlas y el pachuquismo político que, según sostiene, Costa Rica arrastra desde el 8 de mayo de 2022 y que hoy pone en riesgo la democracia.

Nuestra indiferencia política también nos está pasando factura. Encerrados en nuestras propias burbujas, absorbidos por los problemas cotidianos, practicamos el «porta mí». Conviene recordar las palabras de Paloma Sánchez-Garnica en Los últimos días en Berlín (2023): «Todos estamos en política; no podemos eludirla. Las leyes que ordenan nuestras vidas, las normas que organizan la convivencia y la justicia que nos espera, cada paso que damos viene auspiciado por la política».

Nos acercamos a los tres meses de gobierno. Esta semana concluye el período extraordinario de sesiones legislativas sin que, según el autor, se hayan impulsado iniciativas capaces de enfrentar los problemas fundamentales del país: el costo de la vida, la inseguridad ciudadana, la violencia criminal, la crisis educativa, el desempleo, el deterioro de la salud pública con el debilitamiento de la Caja Costarricense de Seguro Social, el estancamiento económico, el avance del narcotráfico y la crisis fiscal heredada del gobierno de Rodrigo Chaves y de su ministro de Hacienda, Nogui Acosta, caracterizada —según el autor— por una fuerte caída en los ingresos, un crecimiento de las exoneraciones por razones políticas, rigidez del gasto, un endeudamiento equivalente al 60,5 % del PIB y un persistente interés por ampliar el endeudamiento mediante eurobonos por 13.500 millones de dólares.

Debemos salir de nuestras burbujas y mantenernos vigilantes. El autor advierte que se preparan nuevas medidas fiscales que, a su juicio, afectan derechos ciudadanos y algunas podrían ser incluso inconstitucionales. Sostiene que, para hacerlas viables, se pretende controlar la Sala Constitucional mediante el bloqueo en la elección de magistrados y el nombramiento de personas afines al oficialismo.

Finalmente, expresa su preocupación por los acercamientos del oficialismo hacia siete diputados del Partido Liberación Nacional, a quienes se les ha llamado «patriotas» para que reconsideren su posición. Como recordó recientemente la presidenta: «Aunque no tenemos los 38 votos en la Asamblea Legislativa, yo todavía creo que hay gente en Liberación Nacional que puede recapacitar» (La Nación, 23 de julio).