La seriedad de la política en broma y con fisga. AÑO X (443-36)
William Hayden Quintero, Economista.
Hay cuatro funcionarios públicos particularmente odiados por el expresidente Rodrigo Chaves, animadversión que, al parecer, heredó la presidenta Laura Fernández. Se trata de Rodrigo Arias, quien dejó recientemente la presidencia de la Asamblea Legislativa al concluir su mandato; Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Marta Acosta, contralora general de la República; y Carlos Díaz, fiscal general de la República.
De ingrato recuerdo son las vallas publicitarias colocadas en marzo de 2025 en distintos puntos de la Gran Área Metropolitana (GAM), exigiendo la renuncia de estos funcionarios. Según trascendió en diversos medios de comunicación, fueron financiadas por el empresario venezolano Boris Marchegisni, residente en Quepos, propietario y administrador de un hotel de visitación exclusiva para la comunidad gay.
Posteriormente, Laura Fernández lo nombró embajador de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York. Ese nombramiento fue ampliamente cuestionado, tanto por su participación en aquella campaña como por una contribución de ₡14,8 millones al partido Pueblo Soberano durante la campaña electoral. Esta semana también trascendió que mantiene una deuda de 8,3 millones de dólares con el Banco Nacional, la cual pretende cancelar mediante un plan de pagos que se extendería hasta el año 2052. Además, su empresa hotelera registra morosidad con la Caja Costarricense de Seguro Social.
Con esos antecedentes, sorprende que la presidenta no considerara necesario someter a Marchegisni a las pruebas de polígrafo que hoy exige a otros funcionarios públicos. Por el contrario, le confirió uno de los cargos diplomáticos más importantes del país, decisión que, para muchos, constituye un desdoro para la carrera diplomática costarricense.
De todos esos funcionarios, uno de los más cuestionados por el binomio Chaves-Fernández ha sido el fiscal general Carlos Díaz.
La confrontación comenzó en junio de 2022, cuando la Fiscalía General, a solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), acogió la denuncia relacionada con el presunto financiamiento paralelo de la campaña de Rodrigo Chaves y del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), mediante fideicomisos utilizados para ocultar recursos de campaña. La Fiscalía actuó dentro de las competencias que le asigna la ley al iniciar la investigación correspondiente; no se trató, como sostuvo el oficialismo, de una persecución política.
La relación se deterioró aún más con el denominado caso Barrenador, relacionado con los contratos de alquiler de EBAIS adjudicados a cinco cooperativas de salud con presuntos sobreprecios. En ese proceso fueron detenidos Marta Esquivel —considerada una de las principales colaboradoras de Chaves— y otros directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social, quienes fueron trasladados a las celdas del OIJ para las diligencias judiciales correspondientes.
Con estos hechos, sumados a cerca de un centenar de denuncias por presuntos delitos que se acumularon contra el entonces mandatario, Carlos Díaz pasó a convertirse en el principal adversario del Gobierno. Rodrigo Chaves comenzó a exigir públicamente su renuncia e incluso realizó gestiones ante la Corte Suprema de Justicia para procurar su destitución.
Al no lograr ninguno de esos objetivos, promovió una marcha nacional realizada el martes 18 de marzo de 2024 para exigir la salida del fiscal general. El Partido Pueblo Soberano movilizó a cientos de simpatizantes desde distintos puntos del país, cubriendo transporte, alimentación y refrigerios.
La manifestación recorrió parte de la Avenida Segunda, pasó frente a la Corte Suprema de Justicia y concluyó frente a la sede del Ministerio Público, en barrio Francisco Peralta. El mandatario llegó en un vehículo oficial, rodeado por un fuerte dispositivo de seguridad integrado por aproximadamente cincuenta policías y miembros de la Unidad Especial de Intervención (UEI), algunos vestidos de civil.
Lo acompañaban ministros, presidentes ejecutivos, miembros del gabinete y diputados oficialistas. Desde una tarima instalada para la ocasión pronunció uno de sus discursos más agresivos contra el Poder Judicial.
Entre otras expresiones manifestó:
«Estas instituciones están heridas de gravedad; las capturaron las ratas. Gentes como Carlos Díaz y sus cómplices, sus proxenetas del Poder Judicial y sus cómplices en la Asamblea que dirige Rodrigo Arias. Ellos, desde las sombras, han construido una maquinaria para proteger a los poderosos. El sistema judicial no les sirve a ustedes; fue capturado para servir a los intereses mezquinos de una élite que quiere seguir ordeñando al pueblo. Yo soy la voz del pueblo para gritarles a los magistrados. Yo soy quien puede darse el lujo de decirles en la cara lo que ustedes quieren expresar. Compatriotas, no soy más que un humilde servidor de ustedes que siente el sufrimiento que sienten ustedes.»
Laura Fernández heredó esa confrontación con el fiscal general. La misma noche del 2 de febrero de 2026, tras conocerse su triunfo electoral, declaró:
«He sido muy crítica del rol del fiscal general, quien ha instrumentado su cargo para fines políticos. Pero bueno, ya lo juzgará Dios, el pueblo de Costa Rica y el Poder Judicial.»
Desde entonces ha mantenido el mismo discurso, solicitando reiteradamente la renuncia del fiscal.
Esta semana Carlos Díaz compareció ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa. Durante la sesión, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y varios diputados oficialistas aprovecharon la audiencia para cuestionarlo. Uno de ellos incluso le preguntó por qué no se sometía a una prueba de polígrafo para demostrar su idoneidad.
La respuesta del fiscal fue inmediata: manifestó estar dispuesto a realizarse la prueba, siempre que también lo hicieran la presidenta de la República, los diputados y los miembros del gabinete, utilizando equipos de la DEA o del FBI, y no los contratados por Casa Presidencial mediante empresas privadas, pues —afirmó— quien paga la prueba puede influir en sus resultados. El reto quedó planteado.
Si la presidenta considera que el polígrafo es un instrumento válido para detectar corrupción o falta de idoneidad, cabe preguntarse por qué no lo utilizó antes de seleccionar a los diez diputados de Pueblo Soberano que, según información pública, acumulan decenas de causas penales en la Fiscalía. También sería pertinente que Rodrigo Chaves aceptara someterse al mismo examen.
Mientras tanto, continúan los ataques contra Carlos Díaz. Antes fue calificado como «rata»; el miércoles pasado pasó a ser el «princesito». Las conferencias de prensa siguen convirtiéndose en escenarios de descalificación personal. Hoy ya no es solo él quien ofende: son ambos.
Al principio de la humanidad, los dioses castigaban a los hombres sin ofrecer explicación alguna; su omnipotencia parecía justificar cualquier decisión. Más adelante fueron los propios hombres quienes asumieron esa facultad de juzgar y castigar sin necesidad de fundamentar sus actos. Esa arbitrariedad terminó dando paso al nacimiento de un principio superior: la Justicia.
Hoy pareciera que nuestra presidenta, con un polígrafo bajo el brazo, pretende convertirse en juez de quienes considera culpables según el resultado de una prueba privada. Ojalá mantenga el mismo entusiasmo cuando le corresponda someterse ella misma a un examen practicado con equipos de la DEA o del FBI. Al fin y al cabo, el ejemplo siempre empieza por casa.
(*) Carlos Castresana. Bajo las togas. Errores judiciales y otras infamias.