William Hayden Quintero, Economista.

Tristemente en esta semana siguió el circo legislativo, el enfrentamiento entre la diputada Pilar Cisneros y el empresario Leonel Baruch, accionista principal del Banco BCT y del medio de prensa virtual “CRHoy.com”. Es una pelea irracional, en donde no sabemos quien miente y quien dice la verdad. Baruch acusa a Pilar de querer manipular su medio de prensa para que sea afín al gobierno, que le ofreció entre florituras verbales, una especie de sobornillo de parte del gobierno, y se le uniera en la cruzada de cerrar La Nación. Pilar niega todo, dice que son mentiras descaradas y que Baruch además de mentiroso no es un caballero. Lo reta a que se sometan a la prueba técnica de una máquina detectora de mentiras para ver quién miente, pero fue un decir, para salir del paso, no ha hecho nada para que esta prueba sea una realidad.

Cuál de ellos miente, no lo sabemos, pero lo cierto es que la verdad a medias o la mentira completa se campean alegremente en el seno de la Asamblea legislativa y se ha convertido en algo habitual y el peligro es que estamos desarrollando cada vez más tolerancia hacia la mentira. Si en el Congreso se tolera la falsedad, está envenado, y como el Directorio y los diputados no intervienen seriamente para que la verdad sea siempre esencial en las comparecencias de los imputados y diputados, debemos concluir que en nuestra sociedad actual se está perdiendo la virtud, la dignidad y el sentido de la responsabilidad. Ya la mentira es una moneda de curso legal y en la Asamblea que la permite, es una enfermedad que, como el caso de la iglesia de Pueblo Escondido, no tiene cura.

Algo similar de mentiras y diretes sigue presentándose en el Congreso con el tema del “megacaso” de evasión fiscal. El ministro de Hacienda y el director de Tributación Directa con base en una información anónima, el 19 de enero en conferencia de prensa dieron a entender, sin querer queriendo, que Leonel Baruch, cometió un fraude fiscal de ¢11.000 millones, y para meter el dedo en la herida y hacerla más dolorosa, dijo que esos dineros escamoteos al fisco representan para los costarricense 1.297 soluciones de vivienda que no se hicieron y más de 23.000 becas de Avancemos que no se dieron. Con estos datos demagógicos, ¿qué perseguía?, posiblemente que los “sin-vivienda”, que son miles de familias abandonadas por el Estado, y la juventud y los estudiantes sin becas, lincharan a Baruch. No lo han linchado, pero como dice el refrán: “miente y miente que algo queda”, ya en el imaginario costarricense Baruch quedó y pasará a la posteridad como un evasor fiscal, aunque no lo sea. Se “cagaron en él”.

Pero resulta que todo era falso. El ministro mintió, conocía de previo un informe de su propio despacho que exoneraba a Baruch de ese “megacaso” y se hizo el maje.

Pero lo más “pior”, como decía el finado humorista Gorgojo, el miércoles de esta semana en el plenario de la Asamblea Legislativa que investiga el caso, el ministro rectifica su anterior versión sobre la acusación anónima y dice que la denuncia del megacaso surgió de un video de TicTok. AVE MARIA PURISIMA diría la beata señora del Purral.

El quid de la cuestión. ¿Cómo interpretar esta conducta? Cómo es posible que un ministro de Hacienda que tiene todo el historial de los contribuyentes se base en un video charlatán que cuelgan en TicTok para acusar, perseguir, acosar y denigrar la reputación de las personas, en este caso, a Baruch. Es Nogui Acosta una persona cándida como lo refleja su personalidad, o un astuto Maquiavelo que juega con la candidez de los diputados, y/o un paniaguado que siguiendo órdenes de más arriba se prestó para la ejecución de una venganza, no tanto contra Baruch, sino en contra de un medio como “CRhoy” que en Zapote lo consideran tóxico y prensa canalla.

Pero dejemos atrás estas cochinadas y enfoquemos nos en algo más graves de una de las amenazas de Nogui Acosta, que no me pasó por desapercibida. Me refiero a que tuvo el atrevimiento de amenazar a los diputados con el cierre de la Asamblea Legislativa quitándole los recursos del presupuesto para su operación, si ésta lo obliga a darle los fondos que le corresponden constitucionalmente a las Universidades Públicas (FEES). HUY. OJO. Posiblemente basándose en el artículo 177 de nuestra Constitución Política que le da la facultad al Departamento que elabora el Presupuesto Ordinario de la República, “de reducir o suprimir cualquiera de las partidas que figuren en los anteproyectos formulados por los ministros de Gobierno, Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones”, amenaza con cerrar el Congreso por la vía de reducir o suprimir su presupuesto.

Insólito. Funesto. En la vida democrática de nuestro país es el primer costarricense que insinúa cerrar la Asamblea Legislativa. Definitivamente esta amenaza no se puede tolerar, porque es el asomo de una acción perversa de cerrar instituciones democráticas por la va de no asignarles el presupuesto para su normal funcionamiento.

Con todas estas metidas de patadas este funcionario púbico debería, responsable y dignamente, renunciar voluntariamente a sus funciones, o en mejor de los casos, que la Asamblea Legislativa de conformidad con el artículo 121, numeral 24, considere darle un voto de censura ya que es comprobado que sus acciones tienen roces inconstitucionales o ilegales y que con sus errores ha causado perjuicio evidente a los intereses públicos.

 

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Por William Hayden

El autor es profesional independiente en el sector Banca de inversiones. Hayden & Asociados. Ex Gerente General del Banco Nacional de Costa Rica. Articulista en medios de comunicación.