William Hayden Quintero, Economista.

A pesar de la reforma fiscal de diciembre del 2018 con la Ley # 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el país sigue mostrando una precaria situación fiscal y dependemos del endeudamiento externo e interno para financiar los gastos corrientes del Gobierno Central, al no alcanzar los ingresos corrientes para sustentarlos y pagar los enormes intereses de la Deuda Pública. Además del endeudamiento perpetuo y creciente, el país tiene un rezago de varios años en la financiación de la obra pública, el gobierno es moroso con la Caja Costarricense de Seguro Social y no puede cumplir satisfactoriamente con los programas sociales y de bienestar de la ciudadanía, porque cada año tiene que apretarse el cinturón presupuestario. Hay un déficit permanente y estructural de recursos. La cobija no da para más. Si bien producto de esa reforma se obtiene a veces superávits financieros y primarios, estos no son perpetuos, un año si y el otro año no. El mejoramiento de la situación fiscal no es sostenido y sigue pegado con alfileres.

Hay muchas cosas que el Poder Ejecutivo y el Legislativo deberían estar haciendo y no las están haciendo.

Por lo menos estudiarlas, y no lo están estudiando. Ni siquiera las piensan porque los que integran ambos poderes, a como están las cosas, se conforman con un nadadito de perro y están muy contentos en la zona de confort de más de lo mismo todos los días, viven el día a día y no tienen visión de futuro. Veamos que no se ha hecho:
  1. Eliminar las exoneraciones fiscales que representan el 6.5% del PIB, esto es la suma de ¢2.630.0 miles de millones equivalentes a US$4.781.8 millones. En este gobierno se han aprobado 21 leyes de nuevas exoneraciones con lo cual el total de leyes asciende a 1.462 vigentes. Bajo el principio de que toda persona física o jurídica que obtengan ingresos en el país producto de sus actividades debe contribuir con el sostenimiento del Estado pagando los impuestos correspondientes, en especial, el de rentas, IVA e importaciones (que es en donde hay más exoneraciones), eliminarlas en tractos del 25% anuales para permitir su desmantelamiento gradual y darle a los actuales beneficiados un acomodo razonable a la nueva situación tributaria. Una ley en este sentido generaría nuevos ingresos anuales (por 4 años) de US$1.195.5 millones.
  2. Eliminar la evasión y la elusión fiscal. El falso o verdadero “Megacaso Baruch”, los Papers de Panamá y los miles de subterfugios y mañas legales que utilizan las grandes empresas, conglomerados financieros, consorcios, cooperativas, etc. que no pagan el Impuesto sobre la Renta porque no generan, según ellas, utilidades, deben eliminarse. Por estos agujeros legales el tejido empresarial del país deja de pagar 6.0% del PIB, esto es la suma de ¢2.427.7 miles de millones, equivalente a US$ 4.414.0 millones. Una forma para evitar la evasión y la elusión, eliminar los chanchullos contables, los diferentes juegos de estados financieros que preparan las empresas y evitar las tediosas declaraciones de la renta, es poner directamente un impuesto del 0.75% sobre el valor de los activos (*).
  3. Austeridad fiscal. En este gobierno y en los anteriores no ha existido un plan de austeridad fiscal en el sentido de propiciar por lo menos una reducción del 10% en los pagos por remuneraciones y transferencias corrientes que hace el Gobierno Central que a diciembre del 2022 fue por la suma de ¢5.446.5 miles de millones. Una economía del 10% en estos gastos significa ahorros por ¢544.6 miles de millones, equivalentes a US$990.3 millones. En las transferencias por lo menos deben eliminarse las contribuciones del Gobierno a las pensiones de regímenes con cargo al presupuesto, recortar las que se hacen al Fondo Especial para Educación Superior (FEES) y a las Juntas de Educación. Se lograría una mayor economía sobre todo en el rubro de remuneraciones, en especial los salarios que se pagan a los empleados del Gobierno, de tal manera que haya una equiparación con los salarios que se pagan en el sector privado en los mismos puestos y eliminar las alcahueterías que aun persisten en las Convenciones Colectivas. Asimismo, urge una reforma del Estado para meterle el bisturí a las 330 instituciones públicas que existen, para ver cuáles se eliminan, se fusionan, estructuran y cuales se pueden traspasar a la iniciativa privada.
  4. Privatización Parcial de algunas empresas del sector público. El Estado no debe seguir jugando de banquero, vendedor de seguros, productor y distribuidor de electricidad, importación y venta de hidrocarburos, fabricación de guaro y alcohol, financiación de viviendas y debe plantearse la posibilidad de convertir a las empresas que se dedican a estas actividades en sociedades anónimas públicas accionarias y vender el 49% a la iniciativa privada a través de los mecanismos bursátiles del país con reglas estrictas sobre la tenencia de las acciones. Si el patrimonio conjunto de estas entidades (Bancos del Estado, INS, ICE, RECOPE, FANAL, BANHVI) fuese de ¢10.000.0 miles de millones, recaudaría en forma extraordinaria, vendiendo el 49%, la suma de ¢4.900.0 miles de millones, equivalentes a US$ 8.909.0 millones.
A grosso modo, esta ruta fiscal de generar nuevos ingresos, reducir gastos corrientes y venta accionaria de empresas públicas, generarían al Gobierno, con estos ejemplos, nuevos ingresos por ¢10.502.4 miles de millones equivalentes a US$19.134.5 millones.
Esa es una idea de lo que se puede hacer y no se está haciendo, porque nos hemos topado desde muchos años con Ministros de Hacienda calienta sillas, sostenedores de la burra y apaga incendios, pero no creativos, estratégicos y con visión de futuro. Ni que se diga de los presidentes de la República, con excepción de Carlos Alvarado, en cuyo gobierno se aprobó la ley 9635. ¿Aparecerá alguien valiente, independiente, sin compromisos ni lealtades que le ponga el cascabel al gato deficitario y permanente de nuestras finanzas públicas?
Por último, no nos olvidemos de explotar y comercializar el gas natural que tenemos en nuestras costas con un valor aproximado de US$402.000 millones que nos podrían generar millones de dólares anuales para convertirnos en un país árabe, en cuanto a riquezas, en la región centroamericana.
(*) Por ejemplo. En el año 2022 el Sistema Financiero Nacional generó Utilidades Antes de Impuestos y Participaciones por la suma de ¢620.1 miles de millones y pagó impuestos por ¢226.9 miles de millones, equivalentes al 36.5%. Sus activos fueron de ¢40.070.5 miles de millones y con un impuesto directo del 0.75% sobre estos activos el gobierno recaudaría ¢300.5 miles de millones con un incremento del 32.4%.