William Hyden: Leyes injustas. Así no se vale

Nuestra Constitución dice en su artículo 33 que toda persona es igual ante la ley. Lástima que esto no se aplique también a las personas jurídicas para que no existen distorsiones en los mercados,  y  también aplicarlo a todos los contribuyentes para que no haya exoneraciones fiscales, donde unos pagan impuestos y otros no.

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William Hyden Quintero, Economista.

Esta semana me llamó la atención de que la Asamblea Legislativa está impulsando el proyecto de ley  #20.256 para permitirles a las Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito (ACAC) realizar una serie de actividades en el mercado bancario y bursátil; en este, captar recursos mediante la colocación de títulos valores y en el otro administrar fideicomisos, participar en arrendamientos financieros y operativos, emisión de garantías de participación y cumplimiento, entre otras.  Desde un punto de vista positivo esto es bueno porque al ampliar la oferta de servicios en estos mercados, la competitividad puede mejorar la eficiencia y reducir costos. Pero por otro lado, estas ACAC son entes privilegiados que están exentos de todo pago de tributos y cargas parafiscales por lo que nuestro mercado bancario opera en competencia imperfecta ya que las cooperativas con sus muletas fiscales influyen en la demanda de sus certificados al ofrecer mayores precios que sus competidores con lo cual distorsionan el mercado y escoden sus  ineficiencias.

La Ley N° 7391 que las regula en el artículo 4 establece que estas entidades solo pueden efectuar operaciones con sus asociados y se les prohíbe la realización con terceros no asociados, En la práctica esto no es necesariamente cierto porque sus operaciones las hacen con todo el público y no solo con sus asociados porque eluden la ley muy fácilmente a vista y paciencia de todo el mundo. Para hacer operaciones con ellas, exigen como requisito previo a la operación afiliarse como asociado. Por ejemplo, si usted quiere colocar su dinero en un  Certificado de Depósito a Plazo Fijo, atraído por los altos intereses que le pagan, en el mismo acto lo hacen suscribir un Certificado de Aportación como socio. Así con este maquillaje legal, hacen operaciones con todo el público y los que depositaron el dinero no son cooperativistas y no saben nada de esas entidades. Pero como sucede en nuestro país, hecha la ley hecha la trampa.

Las (ACAC) son intermediarios financieros regulados también por la SUGEF y realizan todas las actividades financieras permitidas a los bancos públicos, banca privada, banco popular, empresas financieras no bancarias. A diciembre del 2019 sus activos totales eran de ¢3.615.900.0 millones, equivalentes al 10.8% del total de activos del Sistema Financiero Nacional (SFN). El Pasivo ascendía a ¢2.982.300.0 millones y el Patrimonio a ¢633.600.0 millones, con un apalancamiento de 4.7 veces. Su fuente principal de recursos son las  captaciones con el público en la forma de depósitos de ahorro a la vista por ¢140.103.1 millones (6.5%) y mediante la emisión de certificados de depósitos a plazos fijos, por ¢1.975.476.0 millones (91.0%) y de acuerdo a estas cifras lo que menos promueven son los depósitos de ahorro a la vista  que es parte de su mandato social.

Con la cobija cooperativa que es muy amplia, las ACAC son iguales en cuanto a prebendas impositivas y exoneraciones fiscales a una pequeña cooperativa agrícola de 50 socios. Están exentas del pago del impuesto de la renta y de otras cargas para fiscales. Por ejemplo en el año 2019 se ganaron la suma de ¢41.500.0 millones  (el 9.2% del total de utilidades del SFN) y solo pagaron por excedentes dados a sus asociados la suma de ¢1.900.0 millones, quedándoles una Utilidad Neta de ¢39.600.0 millones (12.5% del SFN),  superando, por ejemplo en un 67% a las utilidades del Banco Nacional.

Los bancos públicos pagan el 30% del Impuesto sobre la Renta. Además por leyes específicas se les quita el 10.0% de las Utilidades Brutas para el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), el 15% para  el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja, el 5% para el Consejo Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE) y el 3.0% para la Comisión Nacional de Emergencia. En total se les quita  el 63% de sus utilidades brutas. En el año 2019 los bancos públicos obtuvieron Utilidades Brutas por la suma de ¢134.200.0 millones y pagaron en esos conceptos la ¢73.400.0 millones, equivalente al 54.7%, mientras que las Cooperativas de Ahorro y Crédito que están exentas de todo tributo y cargas parafiscales solo pagaron ¢1.900.0 millones en excedentes equivalente al 4.6% de sus Utilidades Brutas.  La cancha no es pareja.

Igualmente la cancha no es pareja entre los Bancos públicos y el Banco Popular. Este solo paga el 30% del impuesto sobre la renta y no tiene cargas parafiscales. Asimismo, la competencia no es leal entre la banca pública y la banca privada, porque esta solo paga el impuesto sobre la renta, y no tiene las cargas parafiscales que afectan a la banca estatal. En el año 2019 mientras que la banca pública pagó el 54.7% de sus Utilidades Brutas en impuestos y cargas, la banca privada pago el 30.7% (Renta), el Banco Popular el 28.6% (renta) y las Cooperativas el 4.6% (excedentes). QUE DISTORSION MÁS GRANDE. QUE FALTA DE IGUALDAD LEGAL EN LAS LEYES.

Como eliminar esta distorsión. Muy fácil:
a)  Modificar la ley del impuesto sobre la Renta y derogar las que se le opongan, para que todos los intermediarios financieros regulados por la SUGEF paguen el 30%  de renta sobre las Utilidades Antes de Impuestos y Participaciones;
b) Extender a todas estas entidades las cargas parafiscales deducidas de esta utilidad en la siguiente forma: 20% para el IVA,  5% para INFOCOOP, 5% para CONAPE y 3% para la Comisión Nacional de Emergencia.

Nuestra Constitución dice en su artículo 33 que toda persona es igual ante la ley. Lástima que esto no se aplique también a las personas jurídicas para que no existen distorsiones en los mercados,  y  también aplicarlo a todos los contribuyentes para que no haya exoneraciones fiscales, donde unos pagan impuestos y otros no.

 


William Hyden Quintero.
Economista.
Ex Gerente General del Banco Nacional, Consultor del BID y en el ámbito local.

 

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