¿Y el nombramiento de la Defensoría?

Revisando la agenda legislativa y las prioridades de la misma, no vemos siquiera intenciones de retomar el tema, lo cual sin duda lesiona los derechos de todos los habitantes, en corresponsalía con quien abandonó prematuramente su cargo, no lo olvidemos.

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Melissa Vargas Camacho, Politóloga.

Montserrat Solano Carboni, trás haber dejado intespetivamente el cargo de Defensora de los Habitantes, creó un vacío que hasta la fecha no ha sido resuelto, aunque Juan Manuel Cordero se haya venido desempeñando como Defensor Adjunto.

La salida de un alto funcionario público encierra una suerte de inconvenientes para el Estado y la ciudadanía. Tal vez el principal es el vacío de poder en la continuidad de proyectos e iniciativas que pierden fuerza y por otro lado el nivel de reconocimiento y prestigio institucional.

En este caso es de lamentar que una persona se hubiera postulado, aceptado la selección y nombramiento sin tener el compromiso ético ni moral de cumplir a cabalidad con sus obligaciones, dejando el cargo para dedicarse o otras actividades sin más.

La renuncia de la Defensora llevó a la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa a una convocatoria pública para la inscripción de candidatos para ocupar este cargo. Tras recibir la solicitud de 21 personas, la Comisión eligió una terna sobre la cual el Plenario se deberá manifestar.

Tras la publicación de la misma en los diferentes medios de comunicación, hemos sido testigos de cómo se han presentado apelaciones y recursos contra la terna elegida por la Comisión. Una de ellas porque la terna está compuesta en su totalidad por mujeres, dejando por fuera a los candidatos y violentando los criterios de paridad de género.

La terna definida por la Comisión selecciono a:

  • Catalina Crespo,
  • Tatiana Mora y
  • Cinthya Zapata

A raíz de estos últimos acontecimientos e innumerables críticas a la Defensoría de los Habitantes y de cara a la pendiente elección de la nueva autoridad, es importante retomar algunos antecedentes sobre el papel de esta Institución pública, que ha pasado de ser un faro que brindaba luz y buscaba soluciones a convertirse en un foco. Es decir, reducirla a una una ventanilla de reclamos burocráticos.

La figura del Ombudsman -conocida por nosotros como Defensor de los Habitantes-, nació en Suecia, hace unos 200 años, como un funcionario independiente, capaz de recibir quejas en relación a actos de las demás autoridades, es decir, de los administradores. Por lo que el Ombudsman hace alusión al funcionario que media e intercede entre el ciudadano que siente que sus derechos han sido violados por una autoridad, y esta autoridad, con el fin de que esa situación se arregle y se mantenga de acuerdo a la defensa de los derechos de los ciudadanos.

Es decir, refiere a un intermediario que, para realizar su labor, debe ser una autoridad totalmente independiente de la estructura administrativa en general.

Esta figura, que viene a América Latina en los años ´80, llega a Costa Rica en 1994 bajo el nombre de la Defensoría de los Habitantes de la República, como órgano contralor que forma parte del Poder Legislativo; y tiene la finalidad de velar porque la actividad del sector público se ajuste al ordenamiento jurídico y la moral, de forma tal que los derechos e intereses de los habitantes siempre estén protegidos.

Por la experiencia vivida, indudablemente que el peso político y efecto de las acciones de la Defensoría -como Institución- dependen en mucho del reconocimiento público de quién esté a la cabeza. Es decir, se ha visto que por más méritos académicos, personales y morales que posea una persona, no son suficientes para obtener los logros de impacto y eficacia esperados. Ello, con el grave deterioro de la imagen institucional, que paulatinamente comienza a ser invisibilizada. Y todo esto, producto de la “satanización” que se ha hecho de nombres y personas que en algún momento detentaron cargos gubernamentales o sobresalieron en el ambiente público. Error fatal al considerarlo ello como un handicap y no como valor agregado como lo es la experiencia en el manejo de lo publico.

Revisando la agenda legislativa y las prioridades de la misma, no vemos siquiera intenciones de retomar el tema, lo cual sin duda lesiona los derechos de todos los habitantes, en corresponsalía con quien abandonó prematuramente su cargo, no lo olvidemos.

No cabe más que esperar que la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica -venida a menos-, cuente nuevamente con su titular y sea quien sea en quien recaiga tan alta responsabilidad, la asuma en todos sus extremos, evitando causarle más daño a nuestra institucionalidad.

La Asamblea Legislativa tendrá que enmendar esta situación y poner a derecho en una nueva página los destinos de nuestro «Ombudsman».

 

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