¿Y la reactivación?

Todo parece indicar que el celo reformista del gobierno murió con la subida de impuestos, y que el mensaje enviado por las tres calificadoras de riesgo soberano, al rebajarnos la calificación dos niveles DESPUÉS de la aprobación de la reforma fiscal, cayó en oídos sordos.

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Eli Feinzaig, Economista.

El periódico La Nación informa hoy que la economía lleva siete meses continuos en desaceleración, dato que arroja el Índice Mensual de Actividad Económica. Esto quiere decir que con cada mes que pasa, el crecimiento anualizado es menor que el mes anterior. Pero cuando uno analiza los datos descubre algo más grave aún: el IMAE alcanzó su última cima en julio del 2015, cuando llegó a 5,01%. Hoy estamos en 1,81% (datos a diciembre 2018).

A brincos y saltos, el ritmo de crecimiento interanual ha venido cayendo desde mediados del 2015. La desaceleración, entonces, no es cosa de 7 meses, sino que lleva con nosotros tres años y medio.

El PIB creció apenas 2,7% en el 2018, muy por debajo del promedio de los últimos 35 años, y un nivel insuficiente para disminuir la pobreza y el desempleo. Este último, de hecho, llegó a 12% de la fuerza laboral en diciembre, un aumento de 2,3 puntos porcentuales en un año. Que nadie se sorprenda cuando las cifras de pobreza sean actualizadas y revelen un salto significativo.

La pregunta, entonces, es qué estamos haciendo al respecto. ¿Cuál es la agenda nacional de reactivación económica? ¿Dónde está la agenda de reactivación del gobierno?

Lamentablemente, no parece existir tal agenda. En materia económica, el gobierno -que arrancó muy bien adoptando medidas administrativas de contención del gasto que después incluyó en la reforma fiscal- parece haber entrado en una zona de confort. El cálculo parece ser que con la eventual entrada de los eurobonos, este gobierno podrá patear el tarro y dejarle el chicharrón a quien lo suceda en el 2022.

Aparte de algunas medidas anunciadas -tan necesarias como insuficientes- tales como la intervención de SETENA y algún esfuerzo de simplificación regulatoria, parece que la imaginación de las autoridades económicas del gobierno se agotó con la subida de impuestos, la regla fiscal y las letras del Tesoro.

Mucho se ha hablado de la muy necesaria reforma del empleo público, que el gobierno prometió para marzo. A dos semanas, sin embargo, aún no se conoce la propuesta del gobierno y las señales que percibimos son negativas.

En una entrevista reciente con el Semanario Universidad (https://bit.ly/2SKTLna), la ministra Pilar Garrido, de Planificación, dijo entre otras cosas que el gobierno desea “dignificar la remuneración de los servidores públicos de tal manera que se puedan equiparar con el sector privado”, y que hay que alinearlas “un poco más con las remuneraciones del sector privado para que no haya tanta inequidad, aunque siempre hacia el alza”.

No sabemos dónde pasó metida la ministra Garrido los últimos 3 ó 4 años mientras la sociedad costarricense descubría, horrorizada, que las remuneraciones del sector público se habían disparado en la última década muy por encima de las equivalentes del sector privado, y se estaban convirtiendo en una importante fuente de desigualdad.

Todo parece indicar que el celo reformista del gobierno murió con la subida de impuestos, y que el mensaje enviado por las tres calificadoras de riesgo soberano, al rebajarnos la calificación dos niveles DESPUÉS de la aprobación de la reforma fiscal, cayó en oídos sordos.

Por otro lado, el gobierno se ha dedicado en las últimas semanas a impulsar disparates estatistas e intervencionistas como la pretendida alianza entre los elefantes blancos llamados CNP y RECOPE, para producir etanol para mezclar con la gasolina, o el proyecto de ley dizque para regular Uber, que no pretende otra cosa que provocar su salida del país. Arrivederci esos 22.000 puestos de trabajo ahora que “de por sí sobran”.

La discusión del proyecto de ley de educación dual, que se percibe como una herramienta para mejorar la empleabilidad de los jóvenes -uno de los segmentos poblacionales más golpeado por el flagelo del desempleo-, fue devuelta por el gobierno varios años para atrás, al sustituir un texto que contaba con un amplio consenso legislativo, por otro que establece que existe una relación laboral entre el estudiante y la empresa que le abre sus puertas para que aplique en la práctica la teoría aprendida en las aulas. En esas condiciones, la aprobación del proyecto sería una victoria pírrica: prácticamente ninguna empresa prestaría sus instalaciones y funcionarios para capacitar a los jóvenes estudiantes.

Lo que el país necesita para impulsar una verdadera reactivación es derribar los múltiples obstáculos que impiden tener una economía más competitiva. Hablo de los elevados aranceles de importación que encarecen innecesariamente una gran cantidad de bienes, pero en particular los de la canasta básica y los materiales de construcción, restando recursos que la población más vulnerable podría destinar a mejorar su calidad de vida.

Hablo también de los monopolios u oligopolios, públicos y privados, que encarecen los procesos productivos en sectores clave de la economía y elevan el costo de la vida para las personas. Entre ellos, muchos de la canasta básica, los mercados de energía y los mercados financieros, siendo que los costos de la electricidad, transporte y financiamiento son tres de los que más afectan a los productores.

Tenemos también un Código de Trabajo que data de 1941, que no contempla ninguna de las modalidades de contratación modernas, es excesivamente rígido en materia de despido y definición de horarios y jornadas, e introduce costosas distorsiones que hacen que las empresas contraten menos personal o busquen mecanismos para contratarlo en la informalidad.

Hay muchos otros campos en los que podríamos derribar barreras, mitos y prejuicios. Dar mayor impulso a la concesión de obra pública redundaría no solo en mayor inversión y empleo, sino también en una modernización y ampliación de la infraestructura productiva del país.

Modernizar el transporte público priorizando el transporte colectivo -con el beneficio de la población como guía fundamental de las políticas públicas y no los intereses de los concesionarios-, redundaría en menores tiempos de desplazamiento, mayor eficiencia y mejor calidad de vida.

Simplificar el esquema tributario, reduciendo la cantidad de tributos y las tasas impositivas a la vez que se amplía la base impositiva eliminando exoneraciones, desestimularía la evasión, fomentaría la inversión y el crecimiento económico, y redundaría en mayor recaudación.

Hay mucho por hacer. Por algún lado tenemos que empezar.

Comentario editorial de hoy en el programa A Las Cinco Con Alberto Padilla, que se transmite de lunes a viernes a las 5:00 p.m. en CRC 89.1 Radio.

 

Eli Feinzaig.
Economista, consultor y empresario. Liberal, demócrata y librepensador.
Presidente del Partido Liberal Progresista.  
#SoyLiberal

 

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