Antonio de la Cruz: Chaves 2030 – La reforma que se presenta sin voto

Antonio de la Cruz
Director ejecutivo de Inter American Trends

El martes 27 de octubre, en la Asamblea Legislativa en Cuesta de Moras, los 31 diputados del Partido Pueblo Soberano firmaron un proyecto que saben que no pueden aprobar solos. Es el expediente 25.867, una reforma al artículo 132 de la Constitución para permitir la reelección presidencial consecutiva: dos periodos seguidos, con cuatro años fuera antes de volver a postularse. Hoy la regla es otra: quien deja la Presidencia debe esperar ocho años. El diputado José Miguel Villalobos no dejó dudas sobre su destinatario. «Es para Rodrigo Chaves, sí, porque es el único expresidente de la República que podría ser electo nuevamente», dijo. Y lanzó el desafío: «Yo le pregunto a la oposición si se van a oponer: ¿Tienen miedo?».

Conviene detenerse en la escena antes de discutir la norma, porque la escena es la norma. Para reformar la Constitución hacen falta 38 de los 57 diputados, y el oficialismo tiene 31. Le faltan siete. Liberación, el Frente Amplio y el PUSC ya la rechazaron. Una reforma presentada sabiendo que le faltan siete votos no es, en primer lugar, un proyecto de ley. Es un calendario. Pone 2030 sobre la mesa en 2026 y mantiene en la conversación el futuro de un expresidente, hoy ministro de Fernández, justo cuando el gobierno necesita los mismos 38 votos para el Presupuesto y los eurobonos. La pregunta no es si la reforma pasa. La pregunta es qué compra mientras no pasa.

Lo primero que compra es el significado de la discusión. Aquí no se pelea solo por votos, sino por quién define qué es defender la democracia. El oficialismo dice: dejar que el pueblo vuelva a elegir a quien quiere. La oposición dice: no cambiar las reglas cuando ya se sabe a quién benefician. Las dos frases suenan a democracia y no dicen lo mismo. La misma reforma puede venderse como quitar una prohibición o como quitar una protección, y la pelea es cuál descripción se queda en la cabeza de la gente.

Lo segundo que compra es presencia. Que un tema ocupe la conversación no significa que tenga calle detrás, y que tenga calle detrás no significa que tenga mayoría. La reforma ya logró lo primero: nadie habla de otra cosa. Falta ver organizaciones, apoyos y diputados que cambien de posición. Mientras eso no ocurra, lo que hay es ruido, no fuerza. Y el ruido también sirve: cada jugada obliga una respuesta que mantiene el tema vivo.

Ahí está la trampa de la pregunta de Villalobos. «¿Tienen miedo?» no discute la Constitución: discute el coraje de la oposición. Si responde hablando de miedo, ya perdió: aceptó discutir su valentía en vez de las reglas. Si responde hablando de procedimientos y garantías, mantiene el debate donde le conviene. El truco funciona porque apela a algo más hondo que un artículo: a la imagen del gobernante que continúa, del guardián que protege los límites, del adversario contra el que se define cada bando. La discusión se calienta porque cada bando ve en él a su héroe y a su villano.

Pensemos en rostros concretos. El primero es Villalobos, que admite en voz alta que la reforma tiene nombre. El segundo es Chaves, el beneficiario que no firma: ministro de dos carteras que ve cómo su partido legisla su futuro electoral. El tercero son los diputados de oposición, que deben oponerse sin que su oposición suene a miedo al voto. Y el cuarto es el ciudadano que votó en 2026 por un gobierno de cuatro años y ahora escucha que las reglas podrían reescribirse a mitad del partido. Para él no es una tesis: es saber si el poder que eligió vence algún día.

Cada actor tiene su dilema, aunque el juicio final no sea neutro. El oficialismo presenta lo que no puede aprobar, y eso tiene un costo y un beneficio. El costo: exhibir que 31 no son 38. El beneficio es más duradero: convierte cada negativa en un argumento de campaña. Si vota en contra, dirán que le teme a Chaves; si alguno vota a favor, habrán roto el dique. La oposición debe explicar por qué una regla para todos se presenta con un beneficiario tan evidente, y por qué defender la alternancia aunque el candidato sea popular. Y Fernández carga el dilema más incómodo: su ministro más poderoso es el futuro electoral que legisla su partido, y la reforma le abriría, en principio, la puerta a ella misma.

Hay que separar lo que se sabe de lo que se interpreta. Que el oficialismo tiene 31 diputados es un hecho; que la reforma necesita 38 votos, derecho. Que la oposición «tiene miedo» no se deduce de un voto en contra: es una frase de campaña, no una prueba. Que la reforma «garantiza más democracia» es un juicio, no un dato. Que un dirigente sea popular no lo habilita, y que una regla lo inhabilite no prueba que no tenga apoyo. Tampoco hay evidencia de un trueque de votos: coincidencia en el calendario no es un acuerdo.

Los tiempos corren distinto: noviembre decide el Presupuesto y los eurobonos; el trámite constitucional cruza dos legislaturas; 2030 es el horizonte. Una iniciativa puede correr en la conversación mientras está detenida en el trámite. Por eso el impacto político y el resultado jurídico no siempre coinciden.

La pregunta de fondo, entonces, no es si un proyecto puede sobrevivir sin una persona, sino si un proyecto que depende de una persona puede convertirse en instituciones que funcionen sin ella. Un gobierno puede continuar con organizaciones, políticas y sucesores; una candidatura no es un proyecto. Y la Constitución es el terreno: no se cambia con una ventaja en la conversación, sino con mayorías, procedimientos y controles. De aquí en adelante hay varios caminos posibles, y ninguno admite porcentajes que nadie tiene, ni se recorre con la sola atención pública.

Yo no compro el titular de que la reforma «nació muerta». Es un titular cómodo y engañoso. Una reforma muerta en votos puede estar muy viva en agenda: ordena la conversación y obliga a cada partido a definirse.

Costa Rica tiene un activo que ninguna reforma puede decretar: sus costumbres democráticas. Las leyes se votan; las costumbres se practican todos los días. La alternancia pacífica no está en un solo artículo, sino en la conducta de generaciones. Las leyes ponen el procedimiento: 38 votos, dos legislaturas, control constitucional. Las leyes ponen el procedimiento; las costumbres, el resto. Y la costumbre más importante es esta: las reglas no se cambian a mitad del partido para favorecer al jugador en la cancha. Si Costa Rica quiere la reelección consecutiva, que la discuta como sistema, sin beneficiario visible. Si quiere el regreso de un nombre, que lo diga así y que lo vote así. Lo que no puede hacer una democracia que se respeta es cambiar la Constitución con el nombre en la boca y la generalidad en el papel, porque entonces no reforma una regla: inaugura la costumbre de legislar para una persona, y esa costumbre no se deroga con un voto.